Un tribunal federal de Estados Unidos invalidó la suspensión de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 paísesimpuesta por la Administración del presidente Donald Trump, al concluir que el secretario de Estado, Marco Rubio, excedió sus facultades legales al implementar la medida.
La jueza del Distrito Sur de Nueva York, Jeannette Vargas, determinó en una sentencia de 61 páginas que la prohibición es «manifiestamente ilegal» y cuestionó el argumento del Gobierno estadounidense de que los solicitantes procedentes de esas naciones representaban un elevado riesgo de convertirse en una «carga económica» para Estados Unidos.
La magistrada señaló que la política ordenaba a funcionarios estadounidenses rechazar visas incluso a inmigrantes que cumplían los requisitos y probablemente podrían mantenerse económicamente por sí mismos. Según el fallo, este procedimiento contravenía una norma que exige realizar evaluaciones individualizadas de cada solicitante.
Consultado sobre la resolución judicial, un portavoz del Departamento de Estado indicó este sábado que la institución no suele pronunciarse sobre litigios pendientes o en curso. Sin embargo, defendió la política migratoria del Gobierno al asegurar que «la Administración Trump protege al pueblo estadounidense al mantener los estándares más rigurosos de evaluación y verificación de los solicitantes de visas».
La suspensión, vigente desde enero, afectaba a ciudadanos de países latinoamericanos y caribeños como Brasil, Colombia, Cuba, Guatemala, Haití, Nicaragua y Uruguay. La lista también comprendía a Afganistán, Egipto, Irak, Irán, Marruecos, Nigeria, Rusia, Somalia, Tailandia y Yemen, entre otras naciones.
Entre los demandantes figuran cinco profesionales colombianos cuyas solicitudes fueron rechazadas citando la nueva política. También participaron seis ciudadanos estadounidenses que sostuvieron que la suspensión perjudicó los trámites migratorios de familiares procedentes de Ghana, Jamaica, Guatemala y Etiopía.
La resolución judicial también revoca las negativas de visas fundamentadas exclusivamente en esta directiva, una decisión que podría provocar la revisión de miles de solicitudes previamente procesadas. «Esta decisión representa una victoria significativa para los cientos de miles de familias en todo el país y el mundo cuyas vidas se vieron sumidas en el caos debido a la prohibición de visas, ilegal y discriminatoria, impuesta por esta Administración», afirmó Joanna Cuevas Ingram, abogada principal del National Immigration Law Center.
Por su parte, la presidenta y directora ejecutiva de Democracy Forward, Skye Perryman, calificó la sentencia como un «contundente rechazo a una política ilegal y discriminatoria que causó un daño enorme a familias y comunidades de todo el país».
«La Administración Trump-Vance no puede instrumentalizar la ley de inmigración para vetar a países enteros, separar familias y negar derechos garantizados por la Constitución sin rendir cuentas por ello», sostuvo.
