Nueve personas acusadas de ser integrantes de la clica Gánster Locos Salvatruchos, de la MS-13, fueran condenados a penas de 12, 42 y 45 años de prisión por el delito de financiación de actos de terrorismo y organizaciones terroristas, informó la Fiscalía salvadoreña.
La condena fue impuesta por el Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado, Juez 2 de San Miguel, pero los delitos fueron cometidos según el comunicado de prensa de la Fiscalía en La Unión, Morazán y San Salvador.
La Fiscalía sostuvo que la clica fue identificada entre el 18 de septiembre y el 1 de octubre de 2020, ya que «recibía remesas de pandilleros radicados en Maryland, Virginia y Washington, D. C., Estados Unidos» y el dinero era utilizado para cometer actividades ilícitas en los departamentos de La Unión, Morazán y San Salvador.
Miguel Ángel Rivera Cruz, alias Abandonado, condenado a 45 años de prisión.
Walter Moisés Umaña Canales, alias El Player, condenado a 45 años de prisión.
Nelson Jehovanny Orellana Flores, quien reside en El Salvador según la Fiscalía, fue condenado a 42 años por el delito de financiación de actos de terrorismo.
Stefany Vanesa Calderón Ramos fue condenada a 42 años de cárcel por el delito de financiación de actos de terrorismo y por captar el dinero a través de remesas de grupos delictivos en los Estados Unidos.
Francisca Concepción Quintanilla Chávez fue condenada a 42 años de cárcel por captar dinero de remesas desde Estados Unidos proveniente de pandillas.
Herbert David Rosales Lara, alias Pepe, a 42 años de prisión, por financiar desde los Estados Unidos a la estructura criminal, indicó la Fiscalía.
Naún Josué Galo Umanzor, alias Callado, quien era «homeboy», ausente en el proceso, fue condenado a 42 años de cárcel por organizaciones terroristas y financiación de actos de terrorismo.
Pedro Ángel Rosales, alias Goofy, ausente, a 12 años de prisión por organizaciones terroristas.
Alexis Márquez Meléndez, alias Atado, a 12 años de prisión por organizaciones terroristas.
El luminoso rótulo del Cine Libertad fue reinstalado la noche del sábado aunque la infraestructura continúa en proceso de recuperación en el centro histórico de San Salvador.
Henry García, segundo a nivel nacional de Juventud de Nuevas Ideas, afirmó que, «aunque el nuevo Cine Libertad aún está en construcción, esta noche sus letras se iluminaron por primera vez y ya se han convertido en una atracción para turistas nacionales e internacionales que no pierden la oportunidad de tomarse una fotografía».
La Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República informó que el rótulo lucirá en lo alto de la estructura que se está construyendo en el mismo lugar donde funcionó el antiguo cine del mismo nombre.
El rótulo tiene 7 metros de largo y 3 metros de alto, letras blancas sobre un fondo azul, visibles a la distancia.
El cine Libertad está ubicado en una zona histórica incluye la plaza Libertad, la iglesia El Rosario y los portales La Dalia y Sagrera.
Según la Secretaría, antes de iniciarse este proyecto, «el cine había quedado en el abandono y se caía a pedazos, mientras el rótulo se deterioraba por falta de mantenimiento».
Los fondos para la reconstrucción provienen de un préstamo aprobado en marzo de 2024 de $68 millones de la Corporación Andina de Fomento (CAF). Parte de los fondos del crédito se destinarían a la compra de terrenos cerca del Cine Libertad para construir un edificio de dos niveles para la formación en cinematografía, estudios de grabación y producción de contenido audiovisual.
En julio de 2024 se incorporaron $13,557,170 ($13.5 millones) para compra de terrenos, diseño, reconstrucción de edificio y construcción de edificio de dos niveles para Cine Libertad y sus alrededores, y la reconstrucción del cine Libertad para la proyección de cine. En ese entonces, la diputada Elisa Rosales, de Nuevas Ideas, detalló que la inversión será «para la Escuela Nacional de Cine».
La instalación del rótulo del cine Libertad, el viernes en la noche. / Prensa de Presidencia de la República.
El Gobierno de Bolivia comenzó este sábado el despliegue de efectivos militares y policiales en distintos puntos del país, luego de que el presidente Rodrigo Paz decretara el estado de excepción para restablecer la circulación en las carreteras bloqueadas por organizaciones sociales y sectores opositores.
Las operaciones se concentran principalmente en los accesos a Cochabamba, considerada uno de los principales bastiones de las protestas, así como en La Paz y otras regiones afectadas por las medidas de presión que se mantienen desde hace más de siete semanas.
En la ciudad de La Paz, unidades policiales fueron movilizadas desde instalaciones de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) y otros centros operativos, donde también se preparó maquinaria pesada destinada a retirar obstáculos instalados en las vías.
De acuerdo con datos de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), hasta las primeras horas de este sábado permanecían activos alrededor de 40 bloqueos en diferentes puntos del país. La mayor concentración se encuentra en el departamento de La Paz, con 18 puntos de cierre, seguido por Cochabamba con 15. Oruro registra cuatro bloqueos y Santa Cruz dos más.
La decisión de Paz se produjo después de alcanzar un acuerdo con la Central Obrera Boliviana (COB), organización que anunció el levantamiento de sus medidas de presión tras firmar compromisos con el Ejecutivo relacionados con demandas laborales y sociales.
Sin embargo, otros sectores continúan movilizados. La Federación de Campesinos Túpac Katari y agrupaciones vinculadas al expresidente Evo Morales rechazaron el acuerdo alcanzado con la COB y mantienen los bloqueos, insistiendo en la renuncia del mandatario.
Las protestas comenzaron hace 51 días con una huelga general indefinida impulsada por organizaciones sindicales y campesinas. Con el paso de las semanas, las movilizaciones derivaron en una crisis nacional marcada por el desabastecimiento de productos, problemas en el transporte y pérdidas económicas millonarias.
El Gobierno sostiene que la aplicación del estado de excepción busca garantizar la libre circulación, proteger el abastecimiento de alimentos y combustibles y restablecer la normalidad en las regiones más afectadas por los cortes de carretera.
Mientras tanto, los sectores movilizados aseguran que mantendrán sus acciones hasta obtener respuestas a sus demandas políticas y económicas, lo que anticipa una nueva fase de tensión en el conflicto que atraviesa Bolivia.
Un juez español acordó abrir juicio oral contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios entre particulares, apropiación indebida y malversación de caudales públicos.
La decisión fue adoptada por el magistrado Juan Carlos Peinado, quien además ordenó una serie de medidas cautelares contra Gómez, entre ellas la retirada de su pasaporte, la prohibición de abandonar el territorio español y la obligación de comparecer cada quince días ante el juzgado.
El auto judicial fue divulgado este sábado y se produce después de la audiencia preliminar celebrada el pasado lunes, en la que las acusaciones populares, encabezadas por la organización Hazte Oír, solicitaron restricciones al considerar que existía riesgo de fuga.
La Fiscalía y los abogados defensores se opusieron a la imposición de medidas cautelares y reiteraron que no existen fundamentos suficientes para sostener la causa. Sin embargo, el magistrado sostuvo que las diligencias practicadas permiten apreciar “indicios racionales de criminalidad” que justifican la continuidad del proceso.
Peinado argumentó que la gravedad de las penas asociadas a los delitos investigados podría aumentar el riesgo de que la acusada intente eludir la acción de la justicia. Incluso señaló en su resolución que los agentes encargados de la seguridad de Gómez podrían eventualmente facilitar una hipotética fuga, una afirmación que generó una inmediata reacción política.
Desde el Palacio de La Moncloa, sede del Gobierno español, fuentes oficiales calificaron la decisión judicial como una muestra de “persecución”, “obsesión” y “desproporción” por parte del magistrado. Asimismo, sostuvieron que la investigación carece de sustento jurídico y responde a motivaciones políticas.
La causa se inició en abril de 2024 tras una denuncia presentada por el colectivo Manos Limpias, que cuestionó la participación de Gómez en actividades relacionadas con una cátedra de la Universidad Complutense de Madrid que codirigía. Desde entonces, el caso ha generado un intenso debate político y jurídico en España.
Además de Gómez, el juez también envió a juicio a su asesora Cristina Álvarez, a quien atribuye los mismos delitos. Igualmente, procesó al empresario Juan Carlos Barrabés por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios en el sector privado.
En la resolución, el magistrado sostiene que Gómez se habría beneficiado de su condición de esposa del presidente del Gobierno para obtener ventajas personales. La defensa rechaza estas acusaciones y mantiene que no existen pruebas que acrediten la comisión de delitos. El proceso continuará ahora con la conformación de un jurado popular que deberá determinar las responsabilidades correspondientes.
La Policía Nacional Civil informó la noche del viernes de la detención de Nelson Alejandro Ruiz Cruz, de 17 años, a quien se le decomisaron dos porciones de marihuana, dinero en efectivo, tres pipas y un celular.
Entre los mensajes que encontró la Policía en su celular, indicó que había «mensajes donde alertaba sobre la presencia policial en el sector».
La detención fue realizada en la colonia Coto del cantón Ateos, en el distrito de Sacacoyo, municipio de La Libertad Oeste.
El joven será remitido por el delito de tráfico ilícito de drogas.
Hechos inesperados, curiosos y algunos insólitos se han registrado al cabo de 10 días frenéticos del Mundial 2026.
Un árbitro que necesita auxilio de los jugadores por causa de un calambre, una selección premiada con joyas, no por ganar, pero sí tras empatar, y los curiosos galones en forma de parches que el astro Lionel Messi lleva en su camiseta, destacan entre los detalles que muestran ‘la otra cara’ del Mundial.
Jugadores auxilian al árbitro
Un hecho inesperado ocurrió en Seattle durante el juego Estados Unidos-Australia. El árbitro alemán Felix Zwayer sufrió un fuerte calambre en la pierna izquierda en los minutos finales del partido y cayó al césped visiblemente dolorido.
De inmediato se detuvo el compromiso y los primeros en ayudarlo fueron el delantero estadounidense Folarin Balogun y el mediocampista australiano Aiden O’Neill. Ambos le estiraron la pierna izquierda afectada para tratar de aliviar las molestias.
Los sudafricanos, premiados por empatar
Después del empate 1-1 con República Checa en la segunda fecha del Grupo A del Mundial 2026, los 26 jugadores y miembros del cuerpo técnico de Sudáfrica recibieron joyas y relojes de lujo personalizados, valuados en más de 50.000 dólares cada uno.
Este reconocimiento se dio gracias a un acuerdo comercial entre la Asociación Sudáfrica de Fútbol (SAFA) y la joyería estadounidense Icebox, con sede en Atlanta.
El conjunto africano logró igualar al minuto 83, tras un gol de penalti convertido por Teboho Mokoena que le permitió a los Bafana Bafana sumar su primer punto y mantener vivas sus esperanzas de avanzar a los dieciseisavos de final. Para ello deberá vencer a Corea del Sur el próximo 24 de junio.
La fuerte burla de Lula a Neymar
Neymar, que sigue recuperándose de una lesión muscular en el gemelo que arrastra desde mayo, fue objeto de burla del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula Da Silva, con una declaración que sacudió el mundillo del fútbol y de las redes sociales.
«Ni siquiera está jugando. He leído que es el primer convocado en un Mundial que hace teletrabajo. Es un jugador ‘home office’».
Claro que estas declaraciones no son ajenas a la política, ya que Neymar mostró su apoyo a Jair Bolsonaro, principal opositor de Lula, en las últimas elecciones de Brasil.
«Algún día habrá que hacer una selección de Inteligencia Artificial con once Pelés», añadió Lula Da Silva en su dardo envenenado a una de las figuras de la Canarinha.
Messi, el de más parches del Mundial 2026
Lionel Messi hizo historia al debutar en el Mundial 2026 con un triplete que lo puso junto con el alemán Miroslav Klose como los máximos goleadores en la historia del torneo, con 16 dianas. Pero también tiene otra marca en esta Copa del Mundo.
Aparte del indudable talento del argentino en el campo de juego, su camiseta, la 10 albiceleste, es la de más parches reconocidos por la FIFA: luce cuatro distintos.
El primero de ellos se encuentra en la parte frontal como campeón mundial en Catar 2022, luego tiene uno en la manga derecha con el logo del Mundial 2026.
En esa misma parte de la camiseta tiene un parche Legacy Badge (insignia heredada) al haber disputado cinco copas del mundo seguidas. Y, por último, en la izquierda una condecoración como Balón de Oro en la pasada edición.
Sed de fútbol y de cerveza
Los aficionados que asistieron al estadio AT&T en Arlington al partido entre las selecciones de Inglaterra y Croacia bebieron 45.349 cervezas en un bar cercano al estadio, según informó el medio Texas Live.
Añadió que se vendieron más cervezas que en un partido de ‘playoffs’ de los Dallas Cowboys en un día con altas temperaturas.
La presencia de los hinchas ingleses también se notó en Dallas y más concretamente en el Londoner Pub, local de inspiración británica, que se vio desbordado por los seguidores, que bebieron 5.000 cervezas la noche del sábado. Difícil fue desalojarlos.
El fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP), Gabriel García Luna, destituyó a siete fiscales del cuerpo que ocuparon cargos durante la administración de Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá por «socavar la democracia» y «participar en actos ilícitos».
Entre las destituciones está la de Cinthia Edelmira Monterroso Gómez, quien era fiscal regional. Durante la gestión de Porras, Monterroso estuvo a cargo de investigaciones relacionadas con casos que generaron polémica y por los cuales fue sancionada por Estados Unidos bajo señalamientos de socavar la democracia y corrupción.
Así, dirigió las diligencias relacionadas con la detención del periodista José Rubén Zamora Marroquín, presidente de ‘El Periódico’, quien fue acusado de lavado de dinero. Ese proceso generó críticas nacionales e internacionales por considerar que constituía una acción contra la libertad de prensa.
También participó en investigaciones contra abogados de Zamora Marroquín y contra fiscales anticorrupción que integraron la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Asimismo, solicitó que se investigara a periodistas y columnistas de ‘El Periódico’.
Monterroso también estuvo a cargo de operativos vinculados al proceso judicial contra el Movimiento Semilla, partido del presidente Bernardo Arévalo. El mandatario la señaló por participar en un supuesto «golpe de Estado», en «contubernio» con el juez Fredy Orellana, la fiscal general Porras y el exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), Rafael Curruchiche. Todos ellos, al igual que Monterroso, han sido sancionados por Estados Unidos.
Asimismo presentó su dimisión Óscar Sagastume Álvarez, director de Investigaciones Criminales de la Fiscalía.
El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, reveló este viernes que El Salvador ya incautó más de $300 millones de droga en todo el año 2026, equivalentes a más de 13 toneladas de estupefacientes.
«Con este nuevo golpe al narcotráfico internacional, El Salvador acumula ya 13.286 toneladas de cocaína incautadas en lo que va de 2026, valoradas en más de $332.15 millones de dólares», escribió el mandatario en sus redes sociales donde describió el operativo.
Bukele relató el jueves, la Marina Nacional incautó el alijo de más de seis toneladas y capturó a cuatro colombianos y dos ecuatorianos, tres viajaban en cada embarcación LPV, (Low Profile Vessel), que son unos tipo submarinos artesanales.
En febrero reciente, la marina Nacional también hizo una incautación de 6.6 toneladas de droga, en un operativo que en ese entonces fue catalogado como «la más grande» hecha en el país.
Tras el arribo del cargamento a tierra salvadoreña, en la base naval de La Unión, el ministro de Seguridad Pública y Justicia, Gustavo Villatoro, indicó que durante el año se habían incautado más de siete toneladas de droga, valoradas en $184.5 millones, que equivalían a 22 millones de porciones o dosis.
El Corredor Interoceánico de Guatemala aseguró que su plataforma logística y portuaria permitirá reducir hasta un 30 % los costos de transporte de mercancías para empresas de la región, incluido El Salvador, al ofrecer una nueva conexión entre los océanos Atlántico y Pacífico.
Representantes del consorcio desarrollador presentaron este viernes en San Salvador los avances del proyecto, que contempla la construcción de una ciudad portuaria en Puerto Barrios y una red de infraestructura logística e industrial valorada en $15,000 millones.
Guillermo Catalán, presidente del Consorcio Interoceánico de Guatemala, afirmó que la iniciativa busca convertirse en una alternativa para agilizar el comercio regional y atender la creciente demanda logística en Centroamérica.
“El impacto de tener una mercancía alrededor de cinco, seis o siete horas en una ruta tiene costos agregados importantes para la competitividad de un país”, sostuvo.
Según los representantes del proyecto, la reducción de costos se lograría al sustituir parte de los recorridos terrestres por transporte marítimo, aprovechando la ubicación geográfica de Guatemala y disminuyendo tiempos de traslado para la carga internacional.
El consorcio también sostuvo reuniones con cámaras empresariales y gremiales salvadoreñas para presentar los alcances de la iniciativa. Según sus representantes, la propuesta ha sido bien recibida por el sector privado debido a su potencial para reducir costos logísticos y facilitar nuevas actividades industriales, comerciales y de servicios vinculadas al comercio internacional.
Rolando Melgar, CEO del Consorcio, adelantó que el 17 de julio comenzará la primera etapa del proyecto, que contempla poner a disposición el territorio para desarrolladores, operadores portuarios e inversionistas interesados en participar en la iniciativa.
Esta etapa se desarrollará en un terreno de 21 kilómetros cuadrados con cinco kilómetros de costa en Puerto Barrios y formará parte del Centro Logístico Internacional San Jorge.
De acuerdo con las proyecciones del consorcio, la primera fase de infraestructura portuaria requerirá aproximadamente cinco años para completarse.
Presentación del Corredor Interoceánico de Guatemala, un esfuerzo privado para agilizar el tránsito de mercancías. /DEM
Ruta utilizada por carga salvadoreña
Hugo René Sarceño, alcalde de Puerto Barrios, aseguró que actualmente unos 450,000 TEU (contenedores de 20 pies) vinculados al comercio salvadoreño se movilizan por esa zona.
El funcionario señaló que la ruta actual presenta frecuentes congestionamientos y accidentes debido a que gran parte del recorrido se realiza por una carretera de dos carriles.
“Todos los días hay un accidente en esa ruta”, afirmó el alcalde, quien aseguró que la nueva infraestructura contribuiría a descongestionar el tránsito de carga y mejorar las condiciones de transporte para la región.
La aspiración es que los países del norte de Centroamérica puedan consolidar una ruta de comercio mundial que responda a los intereses de la región, sostuvo Catalán durante la presentación con periodistas salvadoreños.
Inversión privada
Los promotores explicaron que el proyecto será desarrollado bajo un esquema de inversión privada y que contempla la participación de desarrolladores especializados en puertos, zonas industriales, energía y servicios logísticos.
Según el consorcio, la inversión se desarrollará de forma gradual, durante 25 años. En la primer etapa se prevé un mercado potencial de 10 millones de TEU que el corredor aspira a captar.
El modelo de negocio consiste en poner a disposición un territorio adquirido por el consorcio, cuyos propietarios originales participaron en el proyecto mediante esquemas de compensación y reubicación, para que desarrolladores ejecuten sus inversiones dentro de la plataforma logística.
El consorcio también informó que trabaja en mecanismos de financiamiento mediante activos digitales y otros instrumentos financieros para complementar la captación de capital. Además, sostuvo que el proyecto cuenta con condiciones de certeza jurídica derivadas de la autonomía municipal y de los acuerdos aprobados por las autoridades locales de Puerto Barrios.
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró improcedente un demanda de inconstitucionalidad contra disposiciones legales que permiten juicios masivos y que extendieron los plazos de instrucción de los procesos penales abiertos bajo el régimen de excepción que inició el 27 de marzo de 2022.
Las disposiciones impugnadas son el artículo 21-A de la Ley contra el crimen organizado y varios artículos las “Disposiciones transitorias especiales para ordenar el procesamiento de imputados detenidos en el marco del régimen de excepción”.
El artículo 21-A de la Ley contra el crimen organizado prolongó el plazo de instrucción para los procesos penales de régimen de excepción.
“Los procesos penales tramitados con base en esta ley iniciados antes de la entrada en vigencia de este decreto y que se encontraren en la fase de instrucción, esta se ampliará por un plazo de 12 meses contados a partir de este decreto luego del cual se podrá solicitar prórroga hasta 12 meses más, cumpliendo los requisitos dispuestos en el artículo 17 de esta ley”, indica la disposición.
De las disposiciones, la abogada demandante, Roxana Cardona, impugnó la disposición que permite el sometimiento de los imputados “a un solo proceso penal por la pertenencia a una misma estructura terrorista o agrupación ilícita” y que hayan sido capturados dentro de la vigencia del régimen de excepción.
Estas disposiciones permitieron que la Fiscalía agrupen por estructura a los acusados de ser pandilleros en una sola causa, teniendo en cuenta criterios como estructura, denominación, funcionamiento, territorio u otros, para lo cual establece un plazo de no más de dos años, en el cual, de no pronunciarse el fiscal, se dictaría sobreseimiento definitivo.
La abogada argumentó que el artículo 17 de la Ley del crimen organizado viola los principios de legalidad, defensa, seguridad jurídica y retroactividad de la ley, concretamente los artículos 2, 11, 12, 15 y 21 de la Constitución de la República, referidos al derecho a la vida, integridad física moral, libertad, presunción de inocencia, derecho a no ser juzgado con base en leyes anteriores al hecho imputado y la irretroactividad de ley.
La Sala declaró improcedente la demanda e hizo algunas valoraciones sobre los argumentos de la demandante, sobre todo sobre la irretroactividad de las leyes. Consideró que en torno a la retroactividad de las leyes, la Sala ha sostenido que “las normas de carácter procesal poseen eficacia inmediata, es decir, rigen todos los procesos que se encuentren en curso a la fecha de su entrada en vigor”, “por lo cual aplicar enseguida una nueva ley procesal no conlleva retroactividad”.
Según la Sala, si un proceso penal está en etapa de instrucción “este proceso se encuentra pendiente, por lo que una nueva norma procesal, como la impugnada o con otro contenido, le es inmediatamente aplicable”.
“Distinto sería un caso en el que ya existiera resolución judicial que expresamente hubiera finalizado la fase de instrucción o que hubiera declarado iniciada la siguiente etapa del proceso”, indicó.
La instancia judicial consideró que, en relación al artículo 21 de la Constitución, “la confrontación se basó en un contenido erróneo del objeto de control” y sobre el inciso segundo de la Ley contra el crimen organizado, la demandante “no precisó el parámetro de control ni argumentó algún contraste normativo”.
Por ello, la Sala aseguró que la demandante atribuye la disposición impugnada a “un contenido erróneo”, pues “esta no supone el uso retroactivo de la ley sino solo aplicación inmediata de la norma procesal nueva a los hechos jurídicos procesales que se están desarrollando dentro de su vigencia”.
La Sala también rechazó el argumento de la demandante sobre los juicios masivos y aseguró que la afirmación de la supuesta violación a las normas de identificación del delincuente no se refiere a un vicio de la norma sino a un “supuesto relativo a su aplicación”.
