El empresario mexicano Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de la presentadora de televisión Inés Gómez Mont, fue detenido esta semana por autoridades migratorias en Miami, Estados Unidos, tras permanecer prófugo desde 2021 por acusaciones de crimen organizado y lavado de dinero en México.
Álvarez Puga permanece bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en el centro de detención Krome, ubicado al oeste de Miami. La detención se encuentra registrada en el sistema de búsqueda de detenidos del ICE.
Aunque la agencia federal no ha divulgado públicamente los motivos exactos del arresto, su confinamiento en un centro migratorio sugiere que enfrenta un proceso de deportación hacia México, donde la Fiscalía General de la República (FGR) emitió una orden de captura en su contra y la de Gómez Mont desde septiembre de 2021.
A esta orden se sumó una ficha roja de Interpol girada en octubre del mismo año, solicitando la localización y aprehensión de la pareja.
Ambos están señalados por los presuntos delitos de peculado, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita que, según las autoridades mexicanas, superan los 3,000 millones de pesos —más de $160 millones—. También se les acusa de utilizar empresas fantasma para facilitar la evasión fiscal, el desvío de fondos públicos y el lavado de dinero.
Además del matrimonio, Alejandro Álvarez Puga, hermano del empresario, figura entre los implicados. La conductora de televisión, sin embargo, ha sostenido públicamente que es “inocente” de todos los cargos.
El caso ha generado amplio interés mediático en México, debido a la popularidad de Gómez Mont en programas como Ventaneando, y en Estados Unidos, donde fue noticia internacional tras pedirle matrimonio al atleta Tom Brady en una conferencia de prensa en 2008, mientras vestía un traje de novia.
Los antecedentes judiciales de la pareja se remontan a 2010, cuando la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) inspeccionaron las oficinas del despacho Álvarez Puga y Asociados. Según las autoridades fiscales, la firma habría instruido a empresas para registrar a sus empleados como socios, con el objetivo de evadir pagos de reparto de utilidades y contribuciones al seguro social.
En 2012, el diario The New York Times expuso que una empresa del empresario servía como matriz para una red de compañías fantasma.
En 2016, la propia Inés Gómez Mont enfrentó señalamientos por no declarar ingresos completos y fue obligada a pagar más de 2.6 millones de pesos —alrededor de $130,000— en impuestos omitidos.
