La Organización de las Naciones Unidas (ONU) cumple este viernes 80 años en un contexto de creciente desconfianza hacia el multilateralismo y en medio de una profunda crisis de financiación.
Este 24 de octubre se conmemora la entrada en vigor de la Carta de las Naciones Unidas, firmada en 1945 por 50 países con el objetivo de mantener la paz y la seguridad internacionales tras la Segunda Guerra Mundial.
En la actualidad, la ONU está integrada por 193 Estados miembros, que se han ido incorporando a lo largo de estas décadas, además de dos Estados observadores: la Santa Sede y Palestina.
El multilateralismo, en crisis
A ello se suma una creciente desconfianza hacia el multilateralismo y el propio papel de la ONU, discurso alimentado por líderes como el presidente estadounidense Donald Trump.
Trump reiteró su oposición a la ONU durante su discurso en la Semana de Alto Nivel el pasado septiembre, cuando afirmó que el «enorme potencial» de la organización se ha quedado simplemente en «palabras vacías».
Este recelo hacia la organización también se ha visto avivado por otros factores como el aumento de las tensiones geopolíticas o el cuestionado papel del Consejo de Seguridad, cuyos cinco miembros permanentes (China, Francia, Rusia, Reino Unido y EE.UU.) cuentan con poder de veto.
Varios países han pedido en los últimos años ampliar y reformar ese órgano para hacerlo más representativo, pero hasta ahora los intentos no han prosperado.
Además, destaca el escaso papel de mediación que está asumiendo la ONU en la resolución de conflictos, en contraste con el Gobierno de Trump, que en el último año ha promovido de forma unilateral sus propios acuerdos de paz, el más reciente entre Israel y Hamás.
Crisis de financiación
En este contexto y con motivo de su octogésimo aniversario, la ONU expone hasta diciembre en su sede de Nueva York una colección de fotografías en la que ciudadanos de diversas partes del mundo defienden la utilidad del organismo.
Durante la inauguración de la muestra, el secretario general, António Guterres, subrayó que la exposición invita al público a preguntarse: «¿Qué se podría lograr si el mundo se esforzara más por forjar soluciones compartidas?».
Pero lo cierto es que la ONU atraviesa también una profunda crisis de financiación derivada de las deudas que múltiples países mantienen con el organismo.
A fecha de 30 de septiembre, 57 naciones adeudaban 1.870 millones de dólares en contribuciones obligatorias, incluidos 1.500 millones correspondientes a Estados Unidos, según cifras de la propia institución.
Estados Unidos ha sido históricamente su mayor donante, y en 2024 aportaba el 22 % de su presupuesto ordinario y alrededor del 26 % de la financiación de sus operaciones de paz.
China, el segundo mayor donante, con cerca del 15 % del presupuesto ordinario, busca desde hace años aumentar su influencia dentro del organismo y presentarse como defensora del multilateralismo frente a EE.UU., si bien sus críticos advierten de que detrás de ese discurso está la intención de reforzar su poder político y diplomático desde dentro de las instituciones globales.
Además, el país norteamericano ha reducido bajo el mandato de Trump su participación en programas de paz y agencias como Unicef o el PNUD, y también se ha retirado de organismos como el Consejo de Derechos Humanos o la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Guterres ha propuesto un plan de reforma integral llamado ONU80 para hacer frente a los problemas económicos, una iniciativa que reduciría en un 15 % el presupuesto de la Secretaría de la ONU para 2026 y eliminaría más de 2,000 puestos de trabajo en esta área.
Nuevo secretario general
El futuro de la ONU es incierto, y tras el mandato de Guterres, que finaliza el próximo año, será un nuevo secretario general el que deba tomar las riendas y hacer frente a todos estos retos.
Tras la presentación de candidaturas por parte de los Estados miembros, el Consejo de Seguridad votará de manera interna y recomendará a la Asamblea General un candidato, que será ratificado por este último órgano mediante una resolución.
Entre los nombres que ya resuenan para ocupar este cargo, que arrancará el 1 de enero de 2027 y durará cinco años, se encuentra el de la expresidenta chilena Michelle Bachelet; el del argentino Rafael Grossi, director de la Agencia Internacional de Energía Atómica, o el de Rebeca Grynspan, exvicepresidenta de Costa Rica.
