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La Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión de la Asamblea Legislativa acordó este martes citar al director del Centro Nacional de Registros (CNR), Camilo Trigueros, para conversar sobre el proyecto de nueva Ley de Alianzas Público Privadas (APP) que aún estudia.

La llegada del director del CNR fue votada por mayoría de los presentes, sin el voto de Claudia Ortiz, de Vamos, quien ha solicitado otros invitados rechazados por Nuevas Ideas, como la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), Universidad de El Salvador, Universidad Don Bosco, Universidad Dr. José Matías Delgado; a las organizaciones Acción Ciudadana, Foro del Agua, Unidad Ecológica Salvadoreña (Unes), entre otras.

Hasta este martes, la Comisión ha citado al presidente de la Agencia de Promoción de Inversión y Exportaciones de El Salvador (Invest), Rodrigo Ayala, y al ministro de Hacienda, Jerson Posada, ambos han defendido el proyecto de nueva ley, han rechazado que sea privatización y han dicho que desconocen si hay proyectos de APP para prestar servicios públicos de salud, educación y recursos hídricos, o que por el momento no los hay.

El nuevo proyecto de Ley de alianzas público privadas, propuesto por el Ministerio de Economía, derogaría la «Ley especial de asocios público privados» y eliminaría la exclusión de asocios público privados (APP) en la prestación de servicios de salud, educación pública y de recursos hídricos, y eliminaría las facultades del Invest que serían asumidas por una nueva Dirección Nacional de Alianzas Público Privadas (DAPP) dentro del Ministerio de Hacienda.

Con la nueva ley, la DAPP aprobaría o desaprobaría los estudios de factibilidad de los proyectos para APP y dictará los lineamientos de los contratos de APP.

Los diputados de Nuevas Ideas han rechazado que se vayan a privatizar servicios de salud, educación y salud; sin embargo, no han descartado totalmente que se vaya a aplicar el modelo de APP para dar estos servicios públicos.

La Coordinadora Nacional para la Defensa de la Salud del Pueblo Salvadoreño (Conadesa) ha solicitado a la Asamblea Legislativa desistir de aprobar el proyecto de ley porque considera que es «abrir el camino a la privatización de servicios públicos esenciales».

«Si este modelo avanza, el que no pueda pagar simplemente quedará fuera del sistema… Esta normativa podría abrir la puerta a procesos de privatización en la Universidad de El Salvador”, dijo el secretario general del Sindicato de Médicos Trabajadores del Seguro Social (Simetriss), Rafael Aguirre, en una conferencia de prensa el 13 de abril pasado. Simetriss es uno de los invitados que ha propuesto la diputada Ortiz.

El proyecto fue recibido por la Asamblea Legislativa en pleno el 9 de abril.

El ministro de Hacienda insistió en que no existen planes de Alianzas Público Privadas (APP) para dar servicios de salud, educación y recursos hídricos en El Salvador, ante la habilitación de estos sectores en APP en una nueva ley que podría ser aprobada en los próximos días y está bajo análisis de la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión de la Asamblea Legislativa.

El ministro de Hacienda, Jerson Posada, aseguró que “por el momento” no hay planes de desarrollar Asocios Público Privados para dar servicios hospitalarios, de salud, agua o educación, en lugar de financiarlos únicamente con fondos estatales.

“Dejar claro que no existen planes de los sectores que usted ha mencionado en temas APP, no le puedo dar ejemplos porque no hay planes en esos sectores, entrar a dar un ejemplo es entrar en polémica, hay muchas experiencias internacionales que puede ir a revisar”, afirmó, ante preguntas de la diputada Claudia Ortiz, del partido de oposición Vamos.

La diputada Ortiz partió de que la ley permitirá APP en estos sectores y le preguntó cómo se decidirá si dar servicio con APP para los servicios de salud, educación o de recursos hídricos.

“¿Cómo decide una entidad estatal dar un hospital, por ejemplo, en asocio público privado o financiar ese proyecto con fondos proyectos?, ¿cuáles son los criterios que se utilizan para tomar esta decisión”, preguntó.

“No existen planes, diputada. Decir algún ejemplo sería básicamente especular, no voy a entrar en eso, no conozco planes, no sé de planes en esos sectores. Y no se están considerando por el momento proyectos APP en dichos sectores”, respondió Posada.

La diputada Ortiz dijo que su pregunta no es si hay planes o no hay planes de APP en esos sectores de salud, educación y agua; sino que, como es jurídicamente posible, cómo se haría un análisis del “valor por el dinero” que justifique que dichos servicios públicos se presten a través de un APP y no con recursos propios del Estado.

Posada insistió en que no existen planes.

“No hay excepciones en la ley, pero hay regulaciones que establecen la protección de estos sectores y que cualquier proyecto de APP pasará por los controles rigurosos de beneficios para la población y de protección de las finanzas públicas en el mediano y largo plazo”, respondió el ministro.

La diputada preguntó cómo se realizaría la evaluación de “valor por el dinero” en proyectos de infraestructura para decidir si se hará un APP o se financiará con recursos públicos. El funcionario explicó que es un análisis estadístico que considera variables financieras de los proyectos.

La legisladora preguntó si se harían estos estudios en sectores de educación, salud y agua, teniendo en cuenta en alto endeudamiento de El Salvador. “¿Podría ser una opción para mitigar un poco la carga fiscal que implican estos sectores, que sabemos que son los que tienen mayor carga en el Estado?”, preguntó.

El funcionario no quiso responder y se centró en que “no existen planes” y que por ello no podía ejemplificar los casos en los sectores de salud, educación y agua.

El proyecto de ley aún no es aprobado. Luego de recibir la exposición del ministro de Hacienda, la Comisión decidió citar al director del Centro Nacional de Registros (CNR), Camilo Trigueros.

El 9 de abril, la Asamblea Legislativa recibió un proyecto de nueva «Ley de alianzas público privadas» que derogaría la actual «Ley especial de asocios público privados» y elimina la prohibición de que las instituciones del Estado suscriban contratos con empresas privadas para la infraestructura o prestación de servicios de salud, educación pública y de recursos hídricos. La ley permite APP hasta por 50 años que serían aprobados por la Asamblea Legislativa y crea una nueva Dirección Nacional de Alianzas Público Privadas (DAPP) que estará dentro del Ministerio de Hacienda.