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La reciente directriz del gobierno del presidente Nayib Bukele de erradicar y prohibir el llamado «lenguaje inclusivo» en todos los centros educativos públicos y dependencias gubernamentales es una medida que, desde la óptica de la Criminología y la Victimología, merece un análisis que trascienda la mera disputa lingüística. Esta acción, enmarcada en la protección de la primera infancia, niñez y adolescencia contra «injerencias ideológicas,» toca fibras sensibles del control social formal y la construcción de la realidad social.

El argumento oficial se centra en garantizar el buen uso del idioma y proteger el «desarrollo integral» de los menores de edad. Se percibe una clara aversión hacia lo que se engloba bajo el paraguas de la «ideología de género.» siendo una medida categórica y contundente.

La prohibición se convierte en un acto de control social formal estudiado por la criminología, ejercido directamente por la institución gubernamental. El lenguaje es mucho más que un conjunto de reglas gramaticales; es un vehículo de cultura, pensamiento e identidad. Al regular estrictamente su uso, el Estado ejerce un poder significativo sobre cómo se nombra la realidad.

Esta medida de estricto cumplimiento a nivel nacional transforma al Estado en el «guardián lingüístico» y, por extensión, en el «guardián ideológico.» En esencia, el gobierno está utilizando su poder coercitivo para institucionalizar una visión particular de lo que es correcto y natural en términos de género y lenguaje. Consagrado en parte en el artículo sesenta y dos de nuestra constitución, donde el gobierno de turno tiene la obligación de preservar y enseñar el castellano. Por lo tanto, sus reglas y normas.

Estas ideologías y concepciones fueron autorizadas, avaladas y promovidas por los gobiernos del partido FMLN desde el año 2009, ocasionado un grave daño e impacto a nuestra sociedad. Permitiendo que agendas globalistas que atentan contra los principios de la familia, de las personas nacidas hombres y mujeres puedan manifestar que se sienten diferentes a su sexo biológico y que pueden ser lo que digan, principios y valores cristianos consagrados en el libro más traducido a idiomas, dialectos y el más vendido en la historia de la humanidad, la biblia, todo en un sistema antivalores debido a sus filosofías y creencias marxistas leninistas, no dejaron nada a nuestra sociedad, fueron promotoras de rebeldía en adolescentes y jóvenes, de ingreso a pandillas criminales, de abandono de las escuelas, de una vida de excesos en drogas, alcohol y estupefacientes.

Desde este espacio expreso mi apoyo a las medidas del gobierno y de la ministra de educación, ciencia y tecnología por la prohibición del denominado lenguaje inclusivo en todos los centros educativos públicas y dependencias de la institución para garantizar la protección de la primera infancia, niñez y adolescencia de ideologías que afectan el desarrollo integral. Cada persona tiene la libertad de decidir sobre su cuerpo y sexualidad, pero no imponer su criterio a una sociedad. Ahora lo que falta es que las familias asuman su rol, y se ponga en práctica y sea una realidad el control social informal, los principios, valores, normas de cada familia para expresar y manifestar el amor por el más próximo, la empatía, el respeto, solidaridad entre otros. El gobierno ha intervenido con el control social formal pero lo más relevante es que cada uno de nosotros asumamos nuestro rol y salvemos la familia salvadoreña para rescatar nuestra nación.

* Ricardo Sosa es doctor y máster en Criminología

@jricardososa 

¿Usted de qué se va a disfrazar?, me preguntaron los muchachos. Les respondí que del sacerdote de la película del exorcista de 1973. Les gustó mi idea. Ahora tengo que conseguir un sombrerito negro, porque de sacerdote ya visto siempre. El disfraz no era para Halloween, sino para una fiesta de disfraces con un grupo de universitarios. Así que tranquilos, no estoy apuntándome al “día de las brujas”. Aunque si somos rigurosos, no debería llamarse así. Personalmente, prefiero llamarle “All Hallows’ Eve” (Halloween para los amigos), como le llamaba la tradición anglosajona a la víspera de la Solemnidad de Todos los Santos.

Imaginemos que vamos por la tarde de un 31 de octubre en las calles del Londres de la baja Edad Media. Nos encontraríamos con grupos de indigentes y niños, disfrazados de muertos, espíritus o santos, que van de casa en casa cantando y recibiendo un “soul cake”, el predecesor del pan de muertos. Si preguntáramos a algún lugareño a qué se debe el “flashmobe” a lo “The Walking Dead”, nos responderían que se trata del “Souling” (lo siento por los nombresitos en inglés). El “Souling” duraba de la tarde el 31 de octubre al 1 de noviembre.

La costumbre tenía su sentido, y partía de una idea básica y hoy algo olvidada: cuando mueres no te vas automáticamente al Cielo; quien obra el mal, tiene que reparar con oración y buenas acciones durante su vida si quiere gozar de la Vida Eterna después de morir. En el cristianismo, además, se añade a las opciones del más allá, la posibilidad de reparar los pendientes en el Purgatorio, o definitivamente pasar la eternidad en la soledad, dolor y tristeza más absoluta: o sea, el Infierno.

El “Souling” era una forma de recordar que hay familiares, amigos o conocidos, que esperan la ayuda de nuestras oraciones y buenas obras para poder salir del Purgatorio. El “Souling” era una especie de “obra de misericordia a domicilio”. Vivir la caridad con los vivos, en favor de los muertos, y al revés. Eso, ni Miguel, el niño protagonista de la película Coco con su canción “Recuérdame”.

Lamentablemente, a esta tradición anglosajona, le pasó las de Santa Claus. Terminó desplumada en la amalgama de culturas de los Estados Unidos. Luego el cine y el marketing hizo lo suyo, poniéndole sabor a brujas, calabazas y fantasmas.

Sería genial que nuestra cultura recuperara los valores detrás del verdadero Halloween, o mejor dicho “All Hallows’ Eve”: una historia llena de esperanza, donde se refuerzan los lazos con los vivos, y no se olvida a los difuntos. Nos ayudaría, además, a ser más responsables de nuestros actos, y a descubrir que ni el más secreto pensamiento deja de tener alguna repercusión en la sociedad. La culpa y el remordimiento encontrarían una forma auténtica de sanación, y ahorraría bastantes migrañas ocasionadas por el peso de las propias faltas.

*El padre Hugo Dávila es sacerdote católico, doctor en Teología de la Historia

Hace unos días leí una publicación en Facebook que abordaba las razones por las cuales en El Salvador se percibe un crecimiento sustancial en la construcción de obras públicas. El post provenía de una cuenta llamada “Badabun” y afirmaba que la aparente abundancia de recursos se debía a tres factores principales: primero, que el gobierno ya no roba dinero; segundo, que el país está mejor administrado (se gasta menos en políticos y más en obras, reduciendo el gasto en publicidad y viajes); y tercero, que El Salvador produce más (gracias al aumento del turismo, la inversión y la confianza).

Sin embargo, estas tres afirmaciones no están respaldadas por reportes o estudios serios e independientes; de hecho, gran parte de la información relacionada con dichas variables no está disponible en fuentes gubernamentales. Aun así, me llamó la atención la variable relacionada con el gasto en políticos, por lo que decidí investigar más al respecto.

En general la información colectada sobre si el presente gobierno ha optimizado la administración de los fondos del estado, tiende a focalizarse en dos áreas: seguridad publica y crimen, y administración fiscal y económica. En ambas áreas, se observa un impacto sólido, cuando se compara con gobiernos anteriores. Todos sentimos y percibimos una profunda mejoría en la seguridad de nuestro país, aun y a pesar en ciertas limitaciones en nuestras libertades democráticas y derechos humanos. Así también, El Salvador ha mejorado su eficiencia administrativa en materia fiscal, reflejado en un aumento de los ingresos tributarios como porcentaje del PIB, atribuible a una mejor recaudación y mayor actividad económica respecto a años previos.

De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, en su reporte “Análisis del gasto por áreas de gestión del Presupuesto General del Estado y Presupuestos Especiales 2025”, el gasto del Gobierno de El Salvador en el rubro de “conducción administrativa” —que comprende los recursos asignados al Órgano Legislativo, la Presidencia, los ministerios y los organismos de control— se estima en 666.9 millones de dólares para el año 2025.

Dentro de este monto, la Asamblea Legislativa y sus diputados cuentan con una asignación de $46.9 millones; la Presidencia de la República, $103.5 millones; la Corte de Cuentas, $50.4 millones; el Tribunal Supremo Electoral, $8.3 millones; y el Ramo de Hacienda, $92 millones.

En conjunto, el gasto destinado a la conducción administrativa representa aproximadamente el 6.9% del gasto público total y cerca del 1.8% del PIB nacional.

¿Cómo se compara este gasto público del gobierno actual con gobiernos anteriores?

Según documentos del actual gobierno, la brecha presupuestaria durante la administración de Bukele ha venido reduciéndose de manera gradual. Durante 2019, esta brecha ascendía a 1,200 millones de dólares, disminuyendo a 645 millones en 2020 y a 496 millones en 2022. En 2023, la brecha se redujo a 472 millones, en 2024 a 338 millones, y finalmente se cerró a cero dólares para el presupuesto de 2025. Aunque el gasto en políticos se ha mantenido estable entre 6% y 7% del presupuesto total en el periodo 2015-2025, Bukele ha logrado eliminar la brecha presupuestaria en 2025, en contraste con los gobiernos anteriores que tenían brechas fiscales mucho mayores y dependían más de financiamiento externo. Esto refleja una gestión más austera y eficiente del gasto público, con énfasis en la autofinanciación y control fiscal, marcando un cambio significativo respecto a administraciones previas.

¿Como se compara el gasto en políticos en el salvador con otros países de Centroamérica?

El gasto administrativo en Costa Rica es proporcionalmente menor respecto a su PIB que en El Salvador debido a un presupuesto mucho más amplio, pero con fuerte enfoque social. En Guatemala, el gasto en administración política, incluyendo legislativo y ejecutivo, es un porcentaje similar o ligeramente inferior comparado con El Salvador, aunque el presupuesto general es más elevado y mayor proporción se destina a pensiones y programas sociales. Aunque no pudimos encontrar información especifica para Honduras y Nicaragua, estos países generalmente destinan una porción del presupuesto a administración política y gasto público similar o algo mayor que El Salvador, pero con menor eficiencia y control fiscal reportado internacionalmente.​

El análisis del gasto público en El Salvador revela que, aunque existen percepciones populares sobre una mejor administración y gasto eficiente del gobierno actual, la realidad es más compleja. Si bien el gobierno de Bukele ha logrado reducir significativamente la brecha presupuestaria y mejorar la eficiencia en áreas clave como seguridad y administración fiscal, el gasto en políticos se ha mantenido estable en torno al 6.9% del presupuesto total. Comparado con gobiernos anteriores, la administración actual ha cerrado la brecha presupuestaria a cero y ha logrado un mayor control fiscal, sin embargo, el aumento de la deuda pública y ciertas prácticas aún generan debates sobre la sostenibilidad y transparencia de esta gestión. En el contexto regional, El Salvador muestra un gasto político proporcionalmente mayor que Costa Rica, similar a Guatemala, pero con retos en eficiencia y controles. Por tanto, aunque hay avances reales, la percepción de que se gasta mucho menos en políticos y más en obra pública debe matizarse con datos y análisis objetivos para entender plenamente la complejidad del gasto público en el país.

Esto invita a una reflexión sobre la necesidad de transparencia y contrapesos democráticos para garantizar una administración pública equilibrada y sostenible a largo plazo.

* El Dr. Alfonso Rosales es médico epidemiólogo y consultor internacional.