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El régimen de Venezuela informó el domingo que Estados Unidos revocó las licencias petroleras y de gas que había otorgado a empresas trasnacionales para operar en el país sudamericano pese a las sanciones impuestas por Washington en 2019.

Estas medidas tienen lugar en medio de las tensiones entre Caracas y Washington, que busca asfixiar económicamente al gobierno del dictador venezolano, Nicolás Maduro.

La petrolera francesa Maurel & Prom confirmó el lunes que Estados Unidos revocó su licencia.

Maurel & Prom «recibió una notificación» del «departamento del Tesoro de Estados Unidos, fechada el 28 de marzo de 2025», diciendo que «la licencia específica acordada en mayo de 2024 para sus actividades en Venezuela fue revocada», informó la compañía en un comunicado.

El grupo francés aclaró que obtuvo «una licencia de transición» hasta el 27 de mayo para «la conclusión de las operaciones cubiertas por la licencia revocada».

Estados Unidos no había especificado cuáles eran las empresas afectadas, pero tras la revocación de la licencia a la petrolera estadounidense Chevron, los expertos esperaban una medida similar para la española Repsol y la susodicha Maurel & Prom.

«Hemos mantenido comunicación fluida con las empresas trasnacionales de petróleo y gas que operan en el país, y que han sido notificadas en las últimas horas por el gobierno de los EEUU sobre la revocatoria de sus licencias«, dijo la vicepresidenta Delcy Rodríguez en un comunicado en Telegram.

El diario The Wall Street Journal también dijo el sábado que Washington ordenó a Global Oil Terminals del magnate Harry Sargeant III abandonar Venezuela.

Con las mayores reservas de petróleo probadas del mundo, Venezuela producía 3 millones de barriles diarios (bd) cuando Hugo Chávez llegó al poder hace 25 años, pero vio caer su producción tras años de mala gestión, corrupción y las sanciones estadounidenses de 2019.

El país vio caer su PIB un 80% en ocho años consecutivos de recesión, entre 2014 y 2021, en medio de la fuerte caída de los precios del petróleo y de su producción.

Actualmente produce cerca de un millón de barriles diarios y en la operación Chevron ayudaba con 220,000, Repsol con unos 60,000 y Maurel & Prom con entre 20,000 y 25,000 bd.

Las tres empresas habían recibido autorización para operar en Venezuela durante la administración del demócrata Joe Biden.

«Estábamos preparados»

«Estábamos preparados para esta coyuntura y estamos listos para continuar cumpliendo los contratos con estas empresas, en el marco de la Constitución de la República y las leyes venezolanas», añadió Rodríguez calificando a Venezuela como un «socio confiable».

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) había dado plazo hasta el 3 de abril a Chevron para liquidar sus operaciones en Venezuela, pero el lunes publicó la licencia 41B para extender el lapso hasta el 27 de mayo.

Horas antes el mismo lunes, el gobierno de Trump anunció aranceles del 25% para los países que compren petróleo o gas venezolano.

En la nueva licencia a Chevron hay una serie de restricciones que afectan al gobierno de Maduro.

Chevron no podrá pagar «impuestos o regalías al gobierno de Venezuela», ni dividendos a PDVSA, ni a ninguna compañía en la que esta posea, «directa o indirectamente, una participación igual o superior al 50%».

También prohíbe la venta de petróleo o productos petroleros «a cualquier jurisdicción que no sea Estados Unidos» y transacciones con empresas controladas por compañías de la Federación Rusa.

Trump presiona al gobierno de Maduro, a quien no reconoce como presidente después de las denuncias de fraude en las elecciones de julio.

Rodríguez agregó que Venezuela está abierta a las inversiones nacionales e internacionales del sector petrolero y gasífero.

Las «empresas internacionales no requieren licencia ni autorización de ningún gobierno extranjero» para operar en Venezuela debido a que no «reconoce» jurisdicción «extraterritorial alguna», apuntó.

La salida de las empresas preocupa a los expertos. «Chevron es uno de los proveedores importantes de divisas» en el sector bancario, dijo esta semana César Aristimuño, director de la consultora Aristimuño Herrera & Asociados.

Un tribunal de París declaró culpable este lunes a la líder de Agrupación Nacional (AN), Marine Le Pen, y a otros ocho antiguos eurodiputados de su partido, por malversación, en el caso de falsos asistentes parlamentarios a través del cual desviaron fondos de la Unión Europea por valor de 2,9 millones de euros, lo que implica su inhabilitación para ostentar cargos públicos.

Le Pen ha sido condenada este lunes además a cuatro años de prisión, dos de ellos en firme y a cumplir bajo libertad vigilada, a pagar una multa de 100 mil euros, y a cinco años de inhabilitación, penas similares a las que han recibido los otros ocho cargos electos condenados.

Una medida «necesaria», ha defendido la presidenta del tribunal, Bénédicte de Perthuis, que se aplicará de manera inmediata en el caso de Le Pen, que ha dejado la sala antes de que finalizara la lectura de su sentencia.

Otro de los implicados, el alcalde de Perpiñán y vicepresidente de Agrupación Nacional, Louis Aliot, ha sido condenado a seis meses de prisión, a pagar una multa de 18 mil euros y a una inhabilitación de tres años, aunque no se aplicará de manera inmediata a fin de «preservar la libertad de los electores» que le votaron.

Asimismo, los doce asistentes juzgados han sido declarados culpables por haber recibido estos fondos a través de «contratos ficticios». De Perthuis ha detallado que dicha malversación se llevó a cabo durante «más de once años» con el fin de «reducir la carga del partido».

«Se ha comprobado que todas estas personas trabajaban en realidad para el partido» y que «los diputados no les habían encomendado ninguna tarea», ha explicado la juez, que ha descartado motivaciones políticas en la sentencia, según el periódico «Le Monde».

«Nadie está siendo juzgado por involucrarse en política, esa no es la cuestión. La pregunta era si los contratos se cumplieron o no», ha señalado, dejando como probada la existencia de un «sistema» dentro del partido que Le Pen había «adoptado con autoridad y determinación» tras la muerte de su padre, Jean-Marie Le Pen.

Según la acusación, Agrupación Nacional habría creado una trama, dirigida por Le Pen, para utilizar las dietas abonadas a los eurodiputados entre 2004 y 2016 destinadas a remunerar a sus asistentes parlamentarios para el pago de los salarios de trabajadores de partido y «aliviar» así sus finanzas.

Además de las sanciones económicas impuestas a los condenados, Agrupación Nacional también ha sido castigada a pagar un millón de euros, que se suma al decomiso de otro millón de euros incautado durante la investigación.

En resumen, han sido 23 las personas que han sido condenadas a penas de entre seis meses y cuatro años de cárcel, como es el caso de Le Pen, que ha recibido el castigo más duro, acompañadas de multas e inhabilitación, si bien en algunos casos ha quedado en suspenso. Sólo un acusado ha sido absuelto.

Si bien Le Pen ha estado inmersa en este proceso durante la última década, no fue hasta noviembre del año pasado cuando la Fiscalía solicitó una pena de cinco años de prisión y una multa de 300 mil euros, además de su inhabilitación, ya confirmada, sacudiendo así el espectro de la ultraderecha francesa.

A pesar de ello, Agrupación Nacional tiene el reemplazo garantizado con su actual presidente, Jordan Bardella, eurodiputado desde 2019 y considerado el sucesor natural de una Le Pen, a la que podría elegir como ministra en caso de que venciera las elecciones, como ya adelantan muchos en Francia.

El propio Bardella ha reaccionado a esta sentencia advirtiendo de que no es Le Pen quien ha sido «condenada injustamente», sino que «es la democracia francesa la que está siendo ejecutada».