Miembros de la Asociación para el Desarrollo Económico y Social (ADES) confirmaron, este jueves, que los ambientalistas involucrados en el caso Santa Marta están fuera del país, y que no tienen previsto regresar hasta que la sentencia absolutoria emitida por el Tribunal de Sentencia de San Vicente quede firme.
El referido tribunal absolvió, por segunda vez, a Fidel Dolores Recinos Alas, Teodoro Antonio Pacheco, Miguel Ángel Gámez, Pedro Antonio Rivas Laínez, Alejandro Laínez García, Saúl Agustín Rivas Ortega, José Eduardo Sancho Castañeda y Arturo Serrano Ascencio de los delitos de asesinato y asociaciones ilícitas.
La Fiscalía General de la República (FGR) los acusó de haber asesinado a una mujer identificada como María Inés Alvarenga, el 22 de agosto de 1989, cuando ellos eran miembros de la Resistencia Nacional, durante el conflicto armado de El Salvador. Sin embargo, los jueces resolvieron que las pruebas presentadas en el juicio fueron «insuficientes» para establecer la responsabilidad de los ocho acusados, motivo por el que fueron absueltos.
«Han recibido la noticia de buena forma, sin embargo, como ellos expresaron en una carta el día que se mandó a repetir la audiencia pública no confían en el sistema judicial salvadoreño, por lo tanto mientras no se declare firme la resolución manifiestan no regresar a sus viviendas. Ellos están fuera del país».
Alfredo Leiva, representante de ADES.
En ese sentido, representantes de ADES junto al Foro Nacional del Agua, el Movimiento Universitario de Pensamiento Crítico, el Movimiento para la Defensa de la Clase Trabajadora, Bloque de Resistencia Popular reiteraron el llamado a las autoridades de la Fiscalía a abstenerse de apelar por segunda ocasión el fallo absolutorio.
«Demandamos a la Fiscalía que se abstenga de apelar el fallo y por otro lado si esto ocurriera que la Cámara de San Vicente no acepte esta apelación y de esta manera se cierre en firme la resolución y absolución de los cinco compañeros de Santa Marta», agregó Leiva.
Pese a fallo absolutorio, los jueces emitieron una condena por responsabilidad civil de manera abstracta para cuatro de los procesados en el sentido de que serán los ofendidos, los que deberán liquidar la cantidad correspondiente ante el juzgado de civil competente, con el fin de establecer la indemnización en daños y perjuicios.
Los representantes de Santa Marta manifestaron su preocupación por la posibilidad de que se inicie un proceso civil contra los también líderes ambientalistas, ya que afirman que no existe razones para que ellos enfrentes un nuevo proceso, cuando ya fueron exonerados de los delitos de manera penal.
En octubre de 2024, el Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque también los declaró absueltos de delitos que se les atribuyeron en el mismo caso, sin embargo, el Ministerio Público apeló y se ordenó repetir el juicio.
«El llamado es para la Fiscalía que se abstenga de deje de estar utilizando recursos del Estado para financiar estos procesos que solo buscan la persecución», puntualizó Leiva.
La Asociación para el Desarrollo Económico y Social enfatizó que las acusaciones en contra de los ambientalistas de Santa Marta se trató de una persecución en contra de los ambientalistas de Santa Marta, quienes encabezaron la lucha en contra de la minería metálica en El Salvador.
