Los abogados del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de cárcel por golpismo y en prisión domiciliaria, pidieron este jueves a la Corte Suprema un alivio de las diversas medidas cautelares que pesan en su contra.
Según los representantes del líder de la ultraderecha, esas restricciones, que entre otras cosas le impiden el uso de teléfonos y redes sociales, cercenan su derecho a una amplia defensa, ya que dificultan hasta el contacto con sus propios abogados.
En el pedido presentado este jueves, demandaron que al menos le sea permitido conversar por teléfono con sus representantes legales, que en su mayoría viven en São Paulo, a unos 1,000 kilómetros de Brasilia, donde el exmandatario se encuentra recluido en su casa.
Asimismo, solicitaron que el magistrado Alexandre de Moraes, relator del proceso, decida sobre una acción que intentaron el mes pasado, sobre la cual aún no hay respuesta y que exige la suspensión de todas las cautelares que pesan contra Bolsonaro, incluida la prisión domiciliaria.
Esas medidas fueron impuestas en el marco de una investigación paralela, sobre las gestiones que el diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente, dice haber hecho en EE.UU. a fin de que miembros del Supremo y el propio Brasil fueran sancionados por el Gobierno de Donald Trump debido a presuntas irregularidades en el juicio.
En ese proceso, abierto por coacción a la Justicia, la Fiscalía imputó al diputado Eduardo, quien se encuentra en Estados Unidos desde marzo pasado, pero no formuló acusaciones contra el expresidente.
Aun así, el tribunal ha mantenido las cautelares, que ha justificado incluso en un presunto riesgo de fuga, apoyado en un borrador de un pedido de asilo al presidente argentino, Javier Milei, hallado en un celular incautado a Bolsonaro.
El líder de la extrema derecha fue condenado a 27 años de prisión el mes pasado por una conspiración urdida tras las elecciones de 2022, en las que aspiró a la reelección pero fue derrotado por el actual mandatario, el progresista Luiz Inácio Lula da Silva.
La defensa de Bolsonaro podrá apelar a esa sentencia cuando sea publicada por la Corte Suprema, lo cual se espera que ocurra entre fines de noviembre y principios de diciembre.
Sin embargo, la apelación solo atendería asuntos de forma y no de contenido, por lo cual no modificaría la condena.
Frente a eso, el bolsonarismo intenta que el Parlamento debata un proyecto de amnistía que libre a Bolsonaro de la cárcel y beneficie también a los cerca de 1.500 procesados por el asalto a Brasilia del 8 de enero de 2023.
Ese día, una semana después de la investidura de Lula, miles de activistas de ultraderecha ocuparon violentamente las sedes de la Presidencia, el Parlamento y la Corte Suprema, en un intento de llevar a las Fuerzas Armadas a derrocar al nuevo Gobierno.
Esa posible amnistía, sin embargo, choca con la resistencia de la mayoría de los partidos de centro y de la derecha más moderada, que hasta ahora solo se muestran proclives a discutir una revisión de las penas, pero no un perdón amplio y general.
