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El derecho a la vida no es un privilegio, es la esencia de la existencia humana y el punto de partida de todo orden justo. Sin vida, no hay libertad, no hay justicia, no hay dignidad. Defender este derecho exige hablar con claridad, y con profundidad, desde lo jurídico, lo antropológico y lo teológico. Y hoy, más que nunca, es necesario también incluir una reflexión contundente sobre quienes, además de los no nacidos, sufren la amenaza contra su existencia: los privados de libertad detenidos de forma injusta, muchas veces sin debido proceso, y a quienes también se les debe reconocer el derecho a vivir.

El artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que “todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”. La Convención Americana sobre Derechos Humanos lo reafirma en su artículo 4, y la Constitución, en su artículo 1, declara la vida como un bien protegido desde el instante mismo de la concepción. No obstante, las falacias de la ideología de género pretenden relativizar la vida según percepciones subjetivas; del mismo modo, prácticas estatales buscan relativizar el derecho a la vida de los privados de libertad.

Todo ello bajo el argumento de que “perdieron sus derechos” al delinquir o al ser sospechosos. Ambas posturas parten de un error fundamental: creer que la vida humana puede clasificarse en vidas dignas y vidas desechables. El derecho a la vida no distingue entre inocentes y culpables, entre fuertes y débiles, entre nacidos y no nacidos, entre libres o encarcelados. Negarlo a unos, aunque se justifique en razones ideológicas o de seguridad, abre la puerta para negarlo a todos el derecho a existir.Desde la antropología, el ser humano es indivisible: cada persona pertenece a la familia humana por su simple condición de ser humano, no por sus méritos ni por su estatus legal.

El niño en el vientre, la madre en dificultad, el anciano olvidado o el detenido arbitrariamente comparten la misma dignidad esencial. Las ideologías que niegan la diferencia sexual y las prácticas políticas que justifican la violencia estatal contra detenidos arbitrarios coinciden en un punto: ambas desarraigan al ser humano de su esencia. En el primer caso, reducen la identidad a percepciones subjetivas; en el segundo, convierten al individuo en objeto prescindible de control social. Ambas perspectivas socavan la comunidad, la cultura y el futuro de la humanidad.

La fe cristiana enseña que la vida es un regalo de Dios. Jeremías escuchó al Señor: “Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué” (Jeremías 1:5). Esta afirmación no solo aplica al no nacido, sino a todo ser humano, incluso a aquel que ha errado, porque su vida sigue siendo sagrada. El Señor Jesucristo proclamó: “Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen” (Mateo 5:44). El llamado divino no es a justificar el mal, sino a no responder con la misma violencia que destruye. El detenido, aunque culpable, no pierde su condición de ser creación de Dios ni su derecho a vivir; mucho menos aquel que es privado de libertad sin pruebas ni debido proceso.

Negar el derecho a la vida a los encarcelados arbitrariamente es contradecir el Evangelio, que exige misericordia y justicia: “Estuve en la cárcel, y vinisteis a mí” (Mateo 25:36). La falacia de la subjetividad absoluta: en la ideología de género, la identidad se define al margen de la biología; en el autoritarismo punitivo, la dignidad depende de la etiqueta de “delincuente” o “sospechoso”. La falacia de la vida relativa: en el aborto se niega la vida del no nacido; en las detenciones arbitrarias se relativiza la vida del detenido. La falacia del bien común distorsionado: se argumenta que eliminar vidas inocentes o sacrificar derechos fundamentales “favorece a la sociedad”.

En realidad, la sociedad se debilita cuando acepta la injusticia como norma. La defensa del derecho a la vida exige coherencia. No se puede proteger al no nacido y callar frente a la muerte arbitraria de los privados de libertad; tampoco se puede exigir respeto para los encarcelados si se legitima la eliminación de quienes aún no nacen. La dignidad humana es un todo indivisible. Ser contundentes en esta defensa no significa ofender ni atacar, sino hablar con la elocuencia de la verdad: la vida humana no se negocia, no se fragmenta y no se relativiza. Defenderla es la tarea más alta del derecho, la mayor certeza de la antropología y el mandato supremo de Dios.

Porque en palabras del Señor Jesucristo: “Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia” (Juan 10:10). Esa abundancia debe alcanzar al niño en el vientre, a la madre vulnerable, al anciano enfermo y también al detenido —incluso al injustamente encarcelado—, porque en todos late la misma dignidad que procede deDios el Creador.

* Jaime Ramírez Ortega es abogado

Por supuesto que es una especulación, pero tengo la percepción de que el déspota venezolano le ha llenado el gorro de guizazos, una expresión cubana que refleja hartazgo, a personalidades muy importantes con recursos suficientes para derrocarlo y hasta encarcelarlo.

Otra percepción es que hay dictadores muy malos, pero tienen la suerte de serles simpáticos a esos factores de poder como pasaba con Fidel Castro, a quien nunca el rey Juan Carlos I de España mandó a callar como sí le hizo al insoportable Hugo Chávez con el inolvidable y apropiado “¿Por qué no te callas?” el 10 de noviembre de 2007, por interrumpir frecuentemente a su jefe de gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en la actualidad, un fiel asalariado de Nicolás Maduro y de otros déspotas, en una Cumbre Iberoamericana.

Retomando el tema y reconociendo antes que todo que los tiempos han cambiado radicalmente y que las voluntades imperiales por muy republicanas que sean tienen que arroparse bien, no descarto, tampoco digo que vaya a ocurrir, que Estados Unidos aliado con más de una nación latinoamericana y el respaldo de sectores venezolanos que viven la agonía destructiva que sufre el país, le cobre a los criminales venezolanos en el gobierno todas sus tropelías, algunas de las cuales afectan profundamente a la sociedad estadounidense como el narcotráfico.

El presidente Donald Trump en su primer mandato ofreció una recompensa de 15 millones de dólares por Nicolás Maduro, luego, el presidente Joe Biden la escaló a 25 millones la que ha sido duplicada por Trump en este ejercicio presidencial, llevando la recompensa por criminales a una cantidad sin precedentes, el doble de lo que se ofreció por el terrorista global, Osama Bin Laden.

Por otra parte, Washington distinguió al Cártel de los Soles como una organización terrorista y a Maduro como su jefe, un señalamiento que incluye además de sanciones económicas, la exigencia de que los bienes e intereses de las personas designadas que se encuentren en Estados Unidos o bajo el control de personas estadounidenses, sean bloqueados e informados a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

A todas estas hay que atribuirle una particular importancia al hecho que la secretaria de Justicia de Estados Unidos acusó al capo Maduro de utilizar miembros de cárteles para traer “drogas mortales y violencia a nuestro país… agregando que es uno de los narcotraficantes más grandes del mundo y una amenaza para nuestra seguridad nacional”, un aspecto determinante para que la Casa Blanca actúe contra quienes sindica de delincuentes.

El resultado es que Estados Unidos está desplegando 4,000 agentes, especialmente infantes de Marina, en aguas latinoamericanas y del Caribe para combatir a los cárteles del narcotráfico, además de endurecer su presencia con aviones de reconocimiento, destructores equipados con misiles y un submarino nuclear, maniobra que en opinión del escritor José Antonio Albertini tiene el objetivo de forzar a los militares venezolanos para que actúen contra Maduro.

En honor a la verdad tal despliegue tiene mucho de militar y poco de policial, si consideramos el reciente despliegue frente a Venezuela de un escuadrón anfibio, fuerza que bien podría servir de avanzada de una operación mucho más compleja, si consideramos que los infantes de marina, como he leído y muestra la historia, tienen como objetivo “llevar a cabo operaciones expedicionarias y anfibias mediante armas combinadas, implementando sus propias fuerzas de infantería, artillería, fuerzas aéreas y de operaciones especiales”, los infantes de marina y los destructores son una novedad, entiendo, en la lucha contra el narcotráfico.

Por demás está destacar que no es habitual que se confisquen propiedades a mandatarios en ejercicio y según declaraciones de la propia secretaria de Justicia, a Maduro le han sido embargados bienes por más de 700 millones de dólares, una cifra más que notable que evidencia el talento para hacerse millonario de un simple conductor de autobús o la falta de escrúpulos morales de estos enemigos del capital que ellos no poseen.

A fin de cuentas, la situación de Nicolás Maduro, junto a sus asociados más notables, entre otros, el verdugo de Diosdado Cabello y los hermanísimos Jorge y Delcy Rodríguez, es bien complicada, así que es de esperar, que, en el mejor de los casos, tengan una celda reservada en cualquier rincón de mundo, con preferencia en la base naval de Guantánamo.

*Pedro Corzo es periodista cubano.