Las plataformas de apuestas deportivas y los casinos en línea, así como toda su publicidad, quedaron fuera de servicio desde este martes en Brasil, once días después de que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva ordenara su prohibición por los impactos en la salud pública y el endeudamiento de las familias.
Estas son las claves de un polémico veto que privó de su principal fuente de patrocinio a los clubes de fútbol del país.
1. Lula anuncia la prohibición
El 25 de septiembre, a nueve días de las elecciones, Lula anunció la prohibición de las apuestas deportivas y los casinos en línea, al compararlas como «un cáncer».
La medida entró en vigencia ese mismo día, pero dio de plazo hasta el 6 de octubre para el desmonte total. Se materializó en un decreto provisional, que tendrá que ser aprobado por el Congreso para seguir vigente en un plazo máximo de 120 días.
2. Las empresas critican y alertan del juego clandestino
La reacción a la medida fue inmediata y las asociaciones que reúnen a las casas de apuestas en Brasil señalaron que la prohibición incentivará un mercado clandestino en que los usuarios no tendrán protección. Sin embargo, el Gobierno ha prometido reforzar la fiscalización para tumbar las plataformas ilegales.
3. El fútbol pierde patrocinio
La decisión provocó también la reacción de los clubes de fútbol.
Las casas de apuestas en línea, desde su liberalización en 2018, se convirtieron en el mayor patrocinador del fútbol brasileño.
Estampan las camisetas de la mayoría de los clubes, patrocinan los torneos, los nombres de los estadios y las retransmisiones por televisión.
Al menos 13 de los 20 equipos de la primera división brasileña tenían acuerdos comerciales por un valor conjunto estimado en unos 1.000 millones de reales (unos 200 millones de dólares) anuales.
Flamengo, el equipo más popular del país, advirtió que la prohibición «afecta en lleno» al fútbol profesional, al de base, al femenino y hasta a los deportes olímpicos.
4. Flávio acusa a Lula de «estafa electoral»
Flávio Bolsonaro, principal candidato de la oposición, acusó a Lula de promover una «estafa electoral» al anunciar la prohibición a solo nueve días de los comicios y lo responsabilizó por la expansión de las apuestas en internet.
Asimismo cuestionó que se hubiera adoptado mediante un decreto provisional.
5. Recurso al Supremo
Tres días después del anuncio de Lula, las empresas del sector solicitaron a la Corte Suprema suspender la prohibición, al argumentar «efectos irreversibles» y señalar que el veto «frustra los derechos adquiridos de las operadoras que, de buena fe, creyeron en las promesas reguladoras del Estado», mediante la ley de 2023 que dio permisos a las compañías.
6. Primeras acciones contra la ilegalidad
Ese mismo día el Gobierno eliminó 506 páginas web por ofrecer apuestas deportivas de forma irregular, con el objetivo de «interrumpir» el acceso a plataformas que operan sin autorización.
Para el 29 de septiembre el Ejecutivo informó que ya había solicitado el bloqueo de 5.209 sitios web ilegales de apuestas y más de 2.000 perfiles en redes sociales desde el anuncio de la prohibición.
7. Adiós a las apuestas en línea
Este 6 de octubre, once días después del anuncio de Lula, quedaron inhabilitadas las plataformas de apuestas deportivas y los casinos en línea que venían funcionando en Brasil, y se suspendieron todos los anuncios publicitarios.
8. El dinero en juego
Las apuestas por internet fueron legalizadas en 2018, en el Gobierno de Michel Temer, pero solo fueron reglamentadas durante la Administración de Lula, que cobró por cada licencia 30 millones de reales (6 millones de dólares) para operar durante cinco años.
Antes de la prohibición, Brasil contaba con 85 empresas licenciadas por el Ministerio de Hacienda, algunas de las cuales extranjeras, que, en conjunto, operaban entre 188 y 193 marcas o plataformas de apuestas con autorización para operar a nivel nacional y que, solo en 2025, movilizaron más de 220.600 millones de reales (unos 44.300 millones de dólares).
Ese mismo año, el Estado recaudó cerca de 9.000 millones de reales (1.800 millones de dólares) en impuestos por la actividad.
