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La encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador, Naomi Fellows, reiteró este jueves que la decisión sobre una cancelación o una renovación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los salvadoreños será publicada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) en el Registro Federal, tal como lo dijo el secretario de DHS, Markwayne Mullin, el pasado 2 de julio.

La diplomática aseguró que la Embajada de Estados Unidos «tampoco» conocen cuál será la decisión y dejó entrever que aún no se ha tomado: «El Departamento de Seguridad Nacional, y ellos publicarán su decisión, cuando la tomen, en el Registro Federal de los Estados Unidos».

«Nosotros en la Embajada tampoco sabemos, en el Departamento de Estado tampoco, esto es el Departamento de Seguridad Nacional y entendemos la preocupación de todos sobre cómo va a aparecer esto, pero la realidad es esta: que no haya decisión, no sabremos», señaló Fellows.

La administración Trump ha cancelado el TPS para 13 países, entre ellos Venezuela, Honduras, Guatemala y Nicaragua; pero no se ha pronunciado sobre la extensión o cancelación de tres países –El Salvador, Ucrania y Sudán– y ha publicado solo una extensión automática: para Líbano.

Más de 170,000 salvadoreños

Más de 170,000 inmigrantes salvadoreños se mantienen en suspenso en una carrera contrarreloj para evitar su deportación, cuando faltan pocos días para que se venza el TPS para El Salvador, un beneficio que ha estado en la mira del gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, desde su primer mandato.

La encargada de Negocios -que fue preguntada por la prensa durante una actividad en el Parque Arqueológico Cihuatán, en el municipio de Aguilares, a 38 kilómetros de San Salvador- aseguró que en la Embajada estadounidense «tampoco sabemos» qué pasará, en el Departamento de Estado «tampoco, porque es una decisión del Departamento de Seguridad Nacional»

El TPS para los salvadoreños vence el próximo 9 de septiembre y su terminación dejaría a los beneficiados sin permiso de trabajo y expuestos a la deportación.

En el caso de El Salvador, un país con el que el presidente estadounidense, Donald Trump, actualmente mantiene buenas relaciones, se cree que el Ejecutivo solo dejará expirar la protección para unos 170,000 inmigrantes, de acuerdo con datos del The National Immigration Forum.

El TPS para salvadoreños fue autorizado en 2001 por el entonces presidente George W. Bush (2001-2009) después de que dos terremotos sacudieron ese año al país centroamericano.

El Gobierno de Trump extendió en 2025 el TPS para los salvadoreños hasta el 9 de septiembre de 2026, lo que les permite tener permisos de trabajo hasta esa fecha.

Con 56 votos, sin los de oposición, la Asamblea Legislativa aprobó este jueves una reforma a la ley del presupuesto de 2026 para reorientar $54,750,000 de “asignaciones disponibles” del Ministerio de Hacienda para las carteras de Salud, Turismo y Economía.

De acuerdo con el dictamen aprobado, $50 millones se destinarán a la compra de “medicamentos, insumos médicos, vacunas”; el decreto detalla en su considerando segundo que además servirá para “servicios médicos y de laboratorio, servicios de mantenimiento preventivos, entre otros”.

Según el considerando, el refuerzo permitirá continuar un “enfoque de prevención y sguimiento a la salud integral de la población en todas las zonas del país”.

Así mismo, $2.75 millones serán destinados a “consolidar la estrategia nacional Surf City, Plan Nacional de Turismo 2030 y Estrategia Institucional de Destinos Turísticos Especializados”; y $2 millones para “atender necesidades estratégicas en materia de facilitación de inversiones, innovación productiva y transformación digital.

El dinero proviene de asignaciones disponibles del presupuesto del Ministerio de Hacienda.

En el decreto de reforma, aprobado en el dictamen 250 de la Comisión de Hacienda y del Presupuesto, no detalla las unidades presupuestarias recortadas del presupuesto del Ministerio de Hacienda y tampoco las unidades presupuestarias a las que se destinarán los fondos en cada cartera de Estado. Únicamente consta de tres artículos, el segundo indica que los fondos “serán tomados de las asignaciones disponibles” del presupuesto de hacienda y el primero detalla que “se incrementan las asignaciones vigentes” de Salud, Turismo y Economía, “con fuente de financiamiento Fondo General”.

La vigencia del decreto, normada en el tercer artículo del decreto, inicia el mismo día de su publicación en el Diario Oficial.

Cuando presentó el proyecto de decreto la subdirectora de presupuesto, Laura Arce, en la Comisión de Hacienda, destacó la implementación de DoctorSV y mencionó la «expansión del DoctorSV con la Inteligencia Artificial«, «la detección y el seguimiento sistematizado de enfermedades crónicas», un «apoyo a la infraestructura, a la modernización del sistema de salud», el «equipamiento a las unidades de salud», además de «implementar nuevos planes que permitan controlar las enfermedades transmisibles». Sin embargo, no desglosó el destino de los fondos.

Con 56 votos, la Asamblea Legislativa facultó al Fondo de Conservación Vial (Fovial) para constituir o poseer acciones en todo tipo de sociedades para mantener la red vial nacional o la red vial urbana o para los servicios asociados.

De acuerdo al considerando cuarto del decreto aprobado, la reforma tiene el objeto de “fortalecer la capacidad institucional y operativa del Fovial, asegurar la sostenibilidad de sus actividades y mejorar la calidad y continuidad de los servicios vinculados con la conservación vial”.

Los diputados Marcela Villatoro y Francisco Lira, de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), y Claudia Ortiz, de Vamos, votaron en contra.

Votaron a favor los 53 diputados de Nuevas Ideas presentes, dos del Partido de Concertación Nacional (PCN) y el diputado del Partido Demócrata Cristiano (PDC).

El Fovial podrá constituir todo tipo de sociedades, así como adquirir sus acciones.

Para que el Fovial participe en sociedades mercantiles, las sociedades deberán estar vinculadas a la “rehabilitación, mantenimiento, operación o explotación de la Red Vial Nacional Prioritaria Mantenible y de la Red Vial Urbana Prioritaria Mantenible”.

La diputada Marcela Villatoro, de Arena, aseguró que el “único fin del Fovial es reparar calles” y sus fondos provienen de una contribución especial en el combustible, por lo que “el Estado no puede gastar dinero sin control”.

“Representa un riesgo de desviación, si estos fondos se usan para financiar empresas privadas o administrar proyectos ajenos, como pasajes teleféricos o terminales, se podría violar el mandato constitucional de uso de recursos públicos”, advirtió. Según la legisladora, la reforma aleja parcialmente el Fovial de su mandato histórico exclusivo centrado en el mantenimiento y conservación directa de la red vial.

En abril de 2025, la Asamblea también reformó la Ley del Fovial para que esta pudiera invertir sus fondos en proyectos de transporte y movilidad urbana, incluidos sistemas integrados de transporte, su infraestructura, mejoramiento de rutas peatonales y ciclovías, además de facultar a su Consejo Directivo a decidir el nivel de ingresos comprometibles y ya no hasta el 50 %.

El Fovial fue creado en noviembre de 2000 con una contribución de $0.20 por galón de venta de combustible y la transferencia de $0.10 por galón.

En agosto de 2026, la Asamblea avaló una garantía crediticia para respaldar un préstamo al Fovial por $400 millones del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para mantenimiento de calles, puentes y obras.