El salvadoreño Kilmar Ábrego García cosechó este viernes una nueva victoria legal después de que una jueza federal prohibiera temporalmente que fuera detenido de nuevo por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) un día después de ser liberado de un centro migratorio de Pensilvania.
Aun así, el futuro legal del salvadoreño, convertido en símbolo de los abusos del Gobierno de Donald Trump en su lucha contra los migrantes, no está ni mucho resuelto. El caso migratorio sigue abierto, en enero arranca en los tribunales su causa penal por tráfico de personas y la Casa Blanca sigue tratando de deportarlo a un tercer país en África con el que no tiene relación.
Enviado al Cecot
Ábrego, que entró de forma irregular a Estados Unidos cuando era adolescente y reside con su esposa y sus hijos en el estado de Maryland, fue detenido en 2019 acusado de ser miembro de una banda criminal, pero no fue deportado porque un tribunal de inmigración le había concedido una suspensión de expulsión al haber reconocido que su vida peligraba en su país de origen.
Sin embargo, el ICE lo detuvo en marzo de este año y lo deportó ilegalmente a El Salvador, donde fue encarcelado en el temido Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel salvadoreña para pandilleros y símbolo de la «guerra» del Gobierno del presidente Nayib Bukele contra estas bandas.
La presión social desde EE.UU. obligó a trasladar a Ábrego a otra cárcel salvadoreña unas semanas después de que ingresara en el Cecot.
Tras varias ordenes judiciales y de que el Tribunal Supremo ordenara al Gobierno de Trump que facilitara su regreso, Ábrego, de 30 años, fue devuelto a EE.UU. el 6 de junio.
La Fiscalía estadounidense aprovechó su regreso para acusarlo de tráfico de personas, incluidos supuestos miembros de pandillas, y encarcelarlo en una prisión de Tennesse.
Desde entonces, la Administración de Trump ha intentado deportarlo a un país africano con el que no tiene ningún vínculo.
Causa penal por tráfico de personas
Unos días después de su regreso a EE.UU., Ábrego ingresó en prisión acusado de tráfico de personas por presuntamente haber transportado a personas indocumentadas dentro del país, aunque él se declaró no culpable.
Finalmente, a finales de agosto, el salvadoreño fue puesto en libertad condicional a la espera de que se celebre el juicio, previsto para finales de enero de 2026.
El caso migratorio
Después de pasar por El Salvador y Tennesse, Ábrego regresó con su familia a Maryland bajo el mismo estatus migratorio que tenía antes de ser deportado en marzo y su equipo legal inició un proceso para pedir el asilo u otro tipo de protección más robusta.
Tres días después de ser puesto en libertad acudió a una cita de control en un centro del ICE en Baltimore y fue detenido sin aviso previo.
Primero fue trasladado a un centro de detención del estado de Virginia, más cerca de su familia, y después fue enviado a un centro de procesamiento en Philipsburg, en Pensilvania, con la idea de enviarlo a un tercer país.
La jueza federal de Maryland Paula Xinis ordenó este pasado jueves la liberación del salvadoreño al considerar que su arresto se produjo «sin autoridad legal».
La amenaza de deportación
Pese a las diferentes órdenes judiciales, la Administración estadounidense defiende que Ábrego se encuentra «ilegalmente» en EE.UU. y la portavoz de la Casa Blanca anunció esta semana que recurrirán la decisión de la jueza para que sea detenido de nuevo.
El Gobierno de EE.UU. planteó en un principio enviarlo a Uganda, luego a Esuatini, y más tarde optó por Liberia, aunque aún no ha anunciado una decisión oficial.
Entre sus opciones se encuentra la planteada por Costa Rica, que le ha ofrecido estatus de refugiado. Aún así, su letrado asegura que el salvadoreño aún no ha descartado seguir luchando por conseguir asilo en EE.UU., donde se encuentran sus tres hijos.
Mientras tanto, deberá esperar a que se abra su juicio por supuesto tráfico de personas, aunque la jueza Xinis congeló cualquier intento de expulsión a un tercer país sin el debido proceso.
