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César Marín, encargado senior de campañas y crisis de Amnistía Internacional, aseguró que la declaración que ha realizado esta organización internacional para considerar como «prisioneros de conciencia» a Ruth López, José Ángel Pérez y Alejandro Henríquez no se limita a estas tres personas.

El 1 de julio, Amnistía Internacional declaró a Pérez, López y Henríquez como prisioneros de conciencia.

El representante de la organización de derechos humanos explicó que esta declaratoria es única de Amnistía Internacional y no tiene una implicación legal, sino que es una herramienta que marca un punto de inflexión para movilizar acciones nacionales e internacionales en torno a lo que está pasando en El Salvador.

«Esta declaración no es limitada a estas tres personas, en el sentido que también aprovechamos con esta declaración de extender la preocupación sobre decenas de otras personas detenidas en El Salvador y expresamos toda la solidaridad con todas ellas».
César Marín, Amnistía Internacional.

Marín indicó que la declaratoria de prisioneros de conciencia «es una herramienta» que hace que Amnistía Internacional llame la atención «sobre las circunstancias específicas que se están viviendo en El Salvador en este momento», que consideran que viene materializándose desde hace varios años y que uno de sus ingredientes es la «puesta en prisión de personas que le resultan incómodas a las autoridades».

«Es importante que resaltemos que, cuando hablamos de personas presas de conciencia, no estamos diciendo que son las únicas con las cuales Amnistía y todo el movimiento internacional que representamos en más de 90 territorios vaya a dirigirse solo a tres personas, estamos hablando de la generalidad de lo que esá ocurriendo en El Salvador y sobre todo las personas que están padeciendo estas violaciones a derechos humanos. No estamos dejando de lado a alguien, simplemente estamos poniendo el foco en estos tres casos para poder aumentar la exposición de lo que ocurre en El Salvador y esto de alguna manera engloba la situación de todas las personas que están padeciendo circunstancias similares», indicó el activista de derechos a nivel internacional, ante la pregunta si la declaratoria no incluiría al abogado Salvador Enrique Anaya, capturado el sábado 7 de junio.

El representante da la organización indicó que la «categoría de prisionero de conciencia es única de Amnistía Internacional» y no existe legalmente ni tiene vinculación legal, pero que es «atesorada en el sistema internacional de justicia y de derechos humanos» especialmente en campañas y movilización.

«Genera un punto de inflexión y de atención muy importante hacia las circunstancias que se viven en el país y hacia las circunstancias que viven las personas detenidas. Si bien no es vinculante, es una categoría que genera bastante interés y preocupación y moviliza la acción de distintas instancias internacionales al respecto, instancias que se van a mover ahora a partir de la declaración», subrayó.

Detalló que la atención también se genera sobre otros contextos de violaciones a derechos humanos y mencionó casos de desapariciones señaladas en las deportaciones de extranjeros y su posterior reclusión en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) o detenciones sin juicios bajo el régimen de excepción, así como arrestos de activistas con acusaciones infundadas.

Luego de la protesta cerca de la residencia del presidente Nayib Bukele, por parte de miembros de la comunidad El Bosque, las autoridades capturaron el 12 de mayo al pastor José Ángel Pérez, coordinador de la cooperativa El Bosque, el 13 de mayo, al abogado, líder comunitario y miembro del Foro del Agua, Alejandro Henríquez. El 18 de mayo, fue arrestada Ruth Eleonora López, jefa de la Unidad Anticorrupción y Justicia de la asociación Cristosal; y el 7 de junio, a Enrique Anaya, el abogado que pidió anular la inscripción de la candidatura a la reelección presidencial de Nayib Bukele. Mientras Pérez y Henríquez son acusados de resistencia agresiva y desórdenes públicos en calidad de coautores, López es acusada de enriquecimiento ilícito y Anaya es acusado de lavado de dinero. Los casos de López y Anaya fueron declarados en reserva total.

La municipalidad de Sonsonate Norte publicó en Facebook que multarán a quienes arrojen basura en la calle y ríos con sumas de hasta $74.25, pero el alcalde Hugo Zavaleta aseguró que para «disuadir», no se aplica en la práctica.

Para Zavaleta mantener limpios los distritos que conforman el municipio es prioridad, pero también es una lucha constante. El municipio es conformado por los distritos de Juayúa, Nahuizalco, Salcoatitán y Santa Catarina Mazahuat.

«Yo le compartía al jefe de la policía de Sonsonante Norte un video donde alguien está tirando basura y él me decía, «este no es sector de Ruta de Las Flores, sino ruta de la basura», porque llegamos nosotros y limpiamos y a los 15 días la gente ya llegó a botar basura, entonces la única forma de combatir este flagelo es multándolos, pero no todos los distritos lo tienen contemplado, eso es en la ley general que tenemos (Ley de Medio Ambiente) y va a haber que aplicar las sanciones respectivas», dijo Zavaleta este viernes en la entrevista de canal estatal.

El alcalde cuestionó a la población que no deposita la basura en su lugar y simplemente la tira desde un vehículo o en el bus, provocando no solo una ciudad sucia, sino que se tapen tragantes y que hayan inundaciones con las lluvias.

«La ciudad más limpia no es la que más se barre, sino la que no se ensucia. Hay gente que va en el carro, en el bus y tira la bolsa porque ya se tomaron el fresco o ya se comieron algo y la población ha agarrado la mala costumbre de que cuando está lloviendo fuerte aprovecha tirar la bolsa de la basura para que el agua se la lleve, más no sabe que esa basura va a llegar a obstruir un tragante y uno quiere dialogar, y decirle a la gente que no lo haga, pero resulta que quizá hay que sancionar», añadió el edil.

El 27 de junio recién pasado la alcaldía de Sonsonate Norte publicó en su perfil de Facebook un llamado a la población a no tirar basura en lugares no autorizados, y les advierte que serán multados. Diario El Mundo consultó sobre esa ordenanza y el alcalde respondió que es para «disuadir, ya que actualmente las alcaldías no pueden poner ordenanzas».

«Lo que se quiere es disuadir a la gente, lo que se está hablando es a través de la normativa legal que existe, y lo que se trata es que la gente no haga eso; mire en Estados Unidos a la gente le ponen multas, porque usted puede ver los ríos, las quebradas, que están colapsadas de basura por culpa de nosotros los seres humanos, pero ya está establecido en la Ley de Medio Ambiente, pero como ahorita no se han podido hacer reformas a las ordenanzas, así que ahorita estamos disuadiendo», explicó el alcalde de Sonsonate Norte a Diario El Mundo.

Según la publicación de la comuna, la ordenanza contravencional para la Convivencia Ciudadana del distrito de Nahuizalco indica que la multa mínima «a las personas que arrojen o abandonen residuos o desechos de cualquier clase en aceras, calles, carreteras, playas, ríos, lagos, bosques, parques nacionales y otras áreas no autorizadas por leyes, reglamentos u ordenanzas municipales», será de $28.57 mientras que la máxima es de $74.24.

Sin embargo Zavaleta reiteró que no quieren «estar de choque con la gente, sino disuadir, para que no boten basura, pero alguna decisión hay que tomar tarde o temprano y hago un llamado a la población a tomar conciencia y no botar basura en la calle, pero como ahorita no hay reformas, ni creación de ordenanzas nuevas, entonces nos vamos a basar en la ley creada desde la Asamblea Legislativa y aplicarla nada más».

En la Ley de Medio Ambiente, el artículo 98-A establece que se aplicará una multa de $20 a quien arroje o abandone residuos o desechos de cualquier clase en aceras, calles, carreteras, playas, riberas de ríos o lagos, bosques, parques nacionales u otras áreas no autorizadas.