Siempre he sostenido que las Leyes para Menores de edad en El Salvador son para otras sociedades al ser demasiado bonancibles y no ser las adecuadas para nuestro contexto. Desde la década de los 90 el declive de nuestros adolescentes fue muy acentuado. La debilidad de las leyes para menores, entre otros factores, fue decisivo para el aparecimiento de las pandillas que tanto luto, zozobra y dolor causaron y causan a nuestra sociedad.
Los jóvenes orillados por el contexto de pobreza y malas condiciones de vida, la transculturización que lleva a idolatrar a BadBunny y otros similares, la influencia de las pandillas de Estados Unidos, la falta de políticas o visión para atender a adolescencia y juventud, la desidia e incapacidad de los gobiernos de la época, la corrupción y las leyes excesivamente protectoras de manera transversal, fueron algunas circunstancias que motivaron el caldo de cultivo para que las pandillas florecieran a su antojo.
Se dejó crecer el problema de las pandillas sin buscar una manera sistemática para contrarrestar ese fenómeno que poco a poco fue minando con angustia a la sociedad. Siempre supimos adonde estaba o se ensanchaba el problema. Los hogares o familias disfuncionales, la pobreza, la falta de acceso al sistema educativo, la escasez de centros recreativos sanos, el bloqueo a la autoridad de los maestros sobre sus alumnos, la pérdida de la autoridad de los padres de familia sobre sus hijos y un cuerpo de leyes demasiado permisivo para proteger a los pobres.
Nos quisimos equiparar a las sociedades del primer mundo, cuando ni siquiera salimos de ser tercermundistas. En el plano del sistema educativo, la legislación salvadoreña quitó la disciplina y la formación de valores al quitarle autoridad a los maestros. Si un profesor se atreve a regañar o castigar a un estudiante que se ha portado mal, a ese profesor se le abre un proceso sancionatorio que, incluso, puede llevarlo a su despido.
Los adultos de ahora, aquellos que pasamos de los 50 años, recordamos con cariño y agradecimiento los castigos que nuestros maestros nos imponían como sanción por nuestra mala conducta, porque también fue una forma de educarnos y de enseñarnos que una mala acción trae una consecuencia desagradable.
Las leyes actuales también eliminan la autoridad de los padres de familia sobre sus hijos. Cualquier adolescente puede demandar a su padre o a su madre si recibe un castigo aleccionador. No se trata de avalar el maltrato infantil o familiar el cual es delito, pero sí se trata de regir (premiar o sancionar) la conducta de nuestros hijos. Los que somos adultos recordamos con mucho amor y agradecimiento los castigos de nuestros padres, porque fueron vitales para nuestra formación como ciudadanos dispuestos a ser útiles para nuestras familias y la sociedad.
Las consecuencias negativas de lo bonancible de las leyes protectoras de menores se han agudizado desde el nuevo milenio con la «Generación de cristal» o Generación Z, porque ahora los maestros, los padres de familia y los adultos en general debemos enfrentar una situación más delicado, ya que muchos niños, adolescentes y postadolescentes son incapaces de aceptar cualquier crítica o consejo. La nueva generación, condicionada por la adicción a las redes sociales, es excesivamente sensible e incapaz de enfrentar situaciones adversas.Al ser nativos digitales, la actual generación, busca ser inclusivo, aún en las causas sin sentido. Por supuesto esto no es generalizado, porque no todos los niños, adolescentes y postadolescentes desarrollan las características de la Generación Z.
Y al tener leyes demasiados protectoras, como el hecho que los padres violan los derechos de sus hijos si revisan los accesos a redes sociales de sus hijos, es una forma de potenciar la mala conducta o los malos pasos de las adolescentes y jóvenes. Conozco casos de profesores sancionados porque se «atrevieron» a castigar a alumnos mal portados, con sanciones como dejarlos una hora de plantón o sacarlos de la clase porque estaban molestando a otros compañeros o no dejaban de hacer desorden.
Expongo este marco contextual para referirme a los 48 estudiantes, 14 de ellos menores de edad, que fueron detenidos la semana pasada. No sé si en realidad eran parte de un pandilla o estaban en proceso de darle vida a una de ellas, al fin que hasta que sean vencidos en juicio serán culpables, para mientras son inocentes, aunque las autoridades ya los presentan como culpables. Por ahora son sospechosos.
Según las autoridades, los jóvenes estudiantes de diferentes instituciones educativas públicas, pretendían darle vida a la pandilla «La Raza» y se dedicaban a amenazar a sus maestros y compañeros, acosar y hasta violar a compañeras y algunos a falsificar moneda. Lo más inquietante es que revelaron que una de las estudiantes tenía dos meses de embarazo sin que su familia lo supiera y que otra tenía tres meses de haberse acompañado sin que sus padres se dieran cuenta.
Si las acusaciones son ciertas y no falsas como sostienen los familiares de los detenidos, es obvio que los profesores estaban inhibidos para castigar o sancionar y que sus padres no pudieron imponer autoridad. Las leyes favorecen a sus hijos especialmente si son menores de edad y valorando la edad de los procesados, todos o casi todos habrían comenzado su mal andar siendo menores de 18 años.
El Estado debe revisar el cuerpo de leyes protectoras y devolver la autoridad a los padres de familia, tutores y profesores, desde luego con los límites del caso para evitar el abuso. Pero también hay que potenciar la comunicación en los hogares. Recién estuve invitado para darle una charla motivacional a estudiantes de último año de bachillerato de dos instituciones educativas diferentes.
En algunos casos los padres de familia ni siquiera sabían las aspiraciones universitarias de sus hijos. Hubo tres casos donde los padres desconocían que sus hijos ya se emborrachaban o fumaban, en otro caso no sabían que su hija de 17 años tenía novio. Traté de hacerles conciencia que un hogar funcional es en el cual los padres llaman a sus hijos para platicar y escudriñar sus anhelos, pero todavía es mucho más funcional si son los hijos los que buscan a sus padres para hablar con ellos. La confianza, el apoyo y la comprensión son valores necesarios en el seno familiar para contrarrestar las leyes protectoras de menores y los peligros intrínsecos de la convivencia social.
La sociedad salvadoreña no debe dejar todo a la represión del Estado. Los maestros, tutores y padres de familia tenemos que estar cerca de nuestros hijos para aconsejarlos, guiarlos, orientarlos, apoyarlos y llenarlos de valores para enfrentar la vida con sentido de utilidad, lejos de la «mala vida».
Por ahora hay 48 estudiantes detenidos que según las autoridades estaban en proceso de reactivar una pandilla, pero que según sus familiares son inocentes. Hasta no ser declarados culpables tras un juicio. siguen siendo sospechosos e inocentes. Este caso debe llevar al Estado a revisar las leyes de menores y adaptarlas a nuestra realidad… Devolvamos la autoridad a los padres de familia y maestros.
