El hostigamiento sistemático contra la prensa por parte del Gobierno de Javier Milei no tiene antecedentes desde el regreso de la democracia en Argentina, alertaron fuentes del sector consultadas por EFE con ocasión del Día del Periodista, que se conmemora este sábado en el país.
A través de ataques verbales, restricciones institucionales, represalias administrativas y violencia durante las manifestaciones, la libertad de expresión y el acceso a la información sufren un marcado retroceso en 2024, según organizaciones de periodistas, sindicatos y referentes del sector.
En lo que va del año, se registraron al menos 178 ataques a periodistas, que van desde intimidaciones y ciberacoso hasta agresiones físicas y simbólicas, de acuerdo con el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), que detalló que la mayoría de las agresiones provino de funcionarios estatales y del propio jefe de Estado.
Entre los calificativos utilizados por Milei para referirse a periodistas figuran “hijos de puta”, “mentirosos”, “imbéciles” y “extorsionadores”, al tiempo que con frecuencia repite una frase que se ha impuesto entre sus allegados y seguidores: «La gente no odia lo suficiente a los periodistas».
En julio de 2024, una investigación de la revista Crisis reveló la existencia de un grupo de usuarios organizados desde la sede de Gobierno y el nombre de sus principales líderes -Daniel Parisini, Juan Pablo Carreira y Federico Javier Gorga-, así como mecanismos de intimidación que excedían el plano de lo virtual.
“La violencia verbal de las milicias digitales contra periodistas es una derivación del hostigamiento discursivo de los funcionarios. Esa violencia busca amedrentar, condicionar el trabajo periodístico y, eventualmente, puede habilitar la violencia física”, explicó a EFE Daniel Dessein, presidente de la Comisión de Libertad de Expresión de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa).
Facundo Iglesia, uno de los autores de esa investigación, relató que poco después de la publicación descubrió que se había creado una empresa a su nombre en Estados Unidos: “Pusieron a dos víctimas de un grupo particularmente violento de trolls y a mí como supuestos dueños de una Limited Liability Company (LLC) en Miami. Buscaban desacreditar la investigación inventando que recibíamos fondos del exterior”, contó. Tras la denuncia pública, la firma fue disuelta.
Según el diario La Nación, un nuevo plan estratégico de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) estableció como foco de interés a quienes “erosionen la confianza” en funcionarios, “manipulen la opinión pública” o interfieran en la percepción ciudadana sobre las políticas del Gobierno.
El periodista a cargo de esa investigación, Hugo Alconada Mon, recibió múltiples intentos de hackeo en su teléfono móvil y redes sociales inmediatamente después de la publicación.
“Desde el regreso de la democracia, este es el peor momento para ejercer el periodismo en Argentina”, dijo a EFE Agustín Lecchi, secretario general del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), al denunciar el ensañamiento del Gobierno con el sector.
Golpe al derecho a la información
Un golpe duro al derecho a la información lo dio el Ejecutivo cuando cerró la agencia estatal de noticias Télam, una de las más antiguas de América Latina, que garantizaba cobertura periodística de todo el país a los medios argentinos, sin importar su tamaño ni sus recursos.
«A partir del cierre, muchos medios del interior perdieron acceso a contenidos valiosos y con ello se acentuó una desfederalización informativa», explica Dessein.
Recientemente, la Secretaría de Comunicación y Prensa, conducida por el vocero presidencial Manuel Adorni, limitó el acceso y la práctica periodística dentro de la sede de Gobierno, a través de un complejo sistema de evaluación de las acreditaciones.
Reporteros Sin Fronteras (RSF) ubicó a Argentina en su Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa en el puesto 87, lo que marca una caída de 47 posiciones en los últimos dos años.
«En Argentina, el presidente Javier Milei ha estigmatizado a los periodistas, desmantelado los medios públicos y utilizado la publicidad estatal como arma política», explicó RSF.
Violencia en las calles
Uno de los escenarios de mayor violencia contra los periodistas desde la asunción de Milei en diciembre de 2023 han sido las protestas.
El pasado 12 de marzo pasado, el fotoperiodista Pablo Grillo resultó gravemente herido por el impacto de una granada de gas lacrimógeno en su frente, que le provocó pérdida de masa encefálica.
Una investigación de la ONG Mapa de la Policía determinó que el proyectil fue disparado de forma horizontal, en contra de los protocolos internacionales.
Esta semana, RSF denunció «la creciente represión a la prensa durante las protestas pacíficas» en el país y apuntó contra las fuerzas de seguridad por «obstruir deliberadamente la cobertura periodística mediante el uso de la violencia».
En una de las más violentas, el 21 de mayo, varios periodistas resultaron heridos y dos fueron detenidos, entre ellos Tomas Cuesta, que cubría la manifestación para Amnistía Internacional.
Tras su liberación, Amnistía instó al «cumplimiento del derecho a la libertad de prensa» y enfatizó: «Los periodistas y fotoperiodistas son defensores de derechos humanos».
