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Los sujetos obligados de la nueva Ley de Agentes Extranjeros tienen un plazo máximo de 90 días a partir de la vigencia de la normativa para inscribirse en el nuevo Registro de Agentes Extranjeros (RAEX), que deberá conformarse dentro del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial.

Los sujetos obligados de la normativa, que inicia su vigencia este sábado, ocho días después de su publicación en el Diario Oficial, el 30 de mayo, deben registrarse mediante «una declaración de registro bajo juramento» para el Registro y para la Fiscalía General de la República.

El incumplimiento de la obligación «autoriza al Registro a realizar las acciones legales» para impedir las actividades del sujeto obligado «de manera temporal o definitiva».

Los sujetos obligados serán: «Toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera, que dentro del territorio de El Salvador realicen actividades que respondan a intereses, sean controladas o financiadas, directa o indirectamente por un mandante extranjero».

Los sujetos obligados también son los mandantes extranjeros, según el artículo 3, que son los representantes de un gobierno de un país extranjero, miembros, representantes o correligionarios de un partido extranjero, organismo, corporación o cualquier persona jurídica extranjera, organizada, constituida bajo las leyes de otro país, o que tengan su sede principal de negocios en un país extranjero.

Estos sujetos obligados podrán solicitar su exclusión «de las obligaciones» de la ley, pero «previa calificación del RAEX» por periodos «anuales renovables automáticamente» o por «cada proyecto».

La inscripción en el RAEX será obligatoria, según el artículo 6. El RAEX podrá requerir información o cualquier información que considere necesaria sobre los sujetos obligados para mantener actualizado el RAEX o verificar el cumplimiento de la ley, así como «supervisar, fiscalizar y llevar un control de las actividades de los agentes extranjeros, de acuerdo al giro, actividad, tamaño y demás características», como les puede requerir «los informes necesarios cuando lo estime pertinente».

El RAEX elaborará un informe semestral «de las actividades registradas» y remitir «a la unidad de la Fiscalía General de la República que corresponda» según la Ley contra el lavado de dinero y de activos.

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, manifestó el domingo 1 de junio su deseo de que la injerencia extranjera se prohíba en todos los países del mundo pero, cuando defendió la Ley de Agentes Extranjeros de El Salvador, aseguró que la permitirá.

«Yo, como persona, creo que es un error que permitamos la injerencia extranjera, creo que no deberíamos hacerlo. Es más, creo que la injerencia extranjera debería estar prohibida en todos los países del mundo. Pero aún así la vamos a permitir. Lo único que vamos a exigirles es que paguen lo que pagan todos», dijo, al explicar la Ley de Agentes Extranjeros que inicia su vigencia este sábado 7 de junio en El Salvador.

La normativa establece un plazo de 90 días, que se vencerían en septiembre, para que las personas o entidades que realicen actividades en El Salvador encargadas o financiadas por una persona o entidad extranjera se inscriban en un Registro de Agentes Extranjeros (RAEX) que podrá fiscalizarlos y supervisarlos. La ley permite la exención de obligaciones como del pago de impuestos después de ser verificados por el RAEX.

El 1 de junio, Bukele insistió en que la Ley de Agentes Extranjeros no prohibirá las actividades ni que se metan en política ni que tengan injerencia en El Salvador.

«Insisto, no estamos prohibiéndoles que lo hagan, no estamos prohibiéndoles que se metan en política, no estamos prohibiéndoles que traigan sus agendas, no estamos prohibiéndoles que tengan injerencia en nuestro país, simplemente estamos pidiendo que se anoten y que paguen impuestos como cualquier empresa de cualquier cosa», señaló.

Según el mandatario salvadoreño, «la mayoría de países desarrollados prohíbe la injerencia extranjera».

«Nosotros permitimos injerencia extranjera, solo les pedimos que paguen impuestos, igual que todos», indicó.

La nueva Ley de Agentes Extranjeros prohíbe en su artículo 9 literal «b» a los sujetos obligados «realizar actividades para fines políticos u otros, con el objetivo de: alterar el orden público, que pongan en riesgo o amenacen la seguridad nacional o la estabilidad social y política del país».

También prohíbe «transmitir» en El Salvador o «hacer que se transmitan en El Salvador» materiales informativos para interés de un «mandante extranjero» «sin colocar en dichos materiales informativos la etiqueta que indique que el mismo se transmite en nombre de un mandante extranjero o es financiado por este último».

En una carta dirigida a Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos, los congresistas estadounidenses que forman parte del Caucus de El Salvador en el Congreso, aseveran que los 253 venezolanos presos en el CECOT reciben una alimentación similar a la de un restaurante de los Estados Unidos.

Al enviar la misiva, los congresistas alentaron al Departamento de Estado de EEUU a «apoyar en compromiso constructivo» con la administración del presidente Bukele, «particularmente en áreas de cooperación en seguridad, inversión y desarrollo humano», ya que estas políticas ayudan a «promover la estabilidad regional» y desalentar la migración ilegal a la frontera sur de los Estados Unidos.

En la misiva, la congresista Anna Paulina Luna, y los congresistas Vicente González y Andy Ogles, dan un breve informe de su visita a El Salvador y su reunión de dos horas con el presidente Nayib Bukele, actividades realizadas del 8 al 10 de mayo de 2025.

«Nuestra visita culminó en un tour en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), diseñada para recluir a los más violentos criminales y pandilleros», relataron. «Observamos los procedimientos de admisión, clínicas médicas y dentales, áreas de consulta legal y alojamiento para dos poblaciones de reclusos separadas: miembros del grupo criminal Tren de Aragua (TdA) y miembros de las pandillas de la MS-13 y Barrio 18», detallaron.

Luego, los congresistas describieron que vieron buenas condiciones de los venezolanos recluidos en esa prisión salvadoreña, así:

«El sector alberga a 253 reclusos en celdas con capacidad insuficiente, cada uno con acceso a kits de higiene, uniformes y comidas diarias. El día de nuestra visita, se les sirvió comida de calidad comparable a la de un restaurante estadounidense. Estas condiciones demuestran un régimen de encarcelamiento diferenciado, reflejo de la condición de los miembros de TdA como extranjeros deportados a El Salvador», dijeron los congresistas al secretario Rubio.

Según el Caucus, los pandilleros salvadoreños «exhibieron un comportamiento disciplinado y participaron en rutinas estructuradas, que incluían exámenes médicos y ejercicio».

«En ningún momento se restringió la libertad de expresión de los reclusos durante nuestra visita, y no observamos indicios de abuso ni hacinamiento», dijeron, los miembros del Caucus de El Salvador, aunque no detallaron qué expresaron los reclusos. Opinaron que las audiencias virtuales garantizan el debido proceso y que «la administración del centro parece estar bien organizada, segura y transparente».

Estados Unidos deportó ha deportado más de 250 venezolanos señalados de pertenecer a la banda criminal Tren de Aragua. Un reporte del Cato Institute informó que 50 de los venezolanos entraron legalmente a los Estados Unidos de la recopilación de 174 casos que hicieron y revisión de documentos gubernamentales de entrada, testimonio y declaraciones del gobierno.

El CECOT, una megacárcel de máxima seguridad construida en 2023 en el distrito de Tecoluca, municipio de San Vicente Sur, departamento de San Vicente, tiene capacidad de recluir a 40,000 personas. Estados Unidos y El Salvador acordaron usarla para recluir a supuestos criminales deportados por la administración Trump.

El viernes, uno de los salvadoreños deportados el 16 de marzo de 2025 y recluidos inicialmente en el CECOT fue devuelto a los Estados Unidos, luego de ser requerido por un tribunal a raíz de una acusación interpuesta en mayo por los delitos de tráfico de migrantes o extranjeros y conspiración para tráfico de personas. La fiscal de Estados Unidos ha dicho que, luego de que enfrente los cargos en Estados Unidos, será retornado a El Salvador.

El congresista Chris Van Hollen, quien pidió la liberación del salvadoreño, celebró su retorno, ya que la Corte Suprema había ordenado al gobierno de Estados Unidos facilitar su retorno, tras advertir que fue deportado por error, ya que un tribunal de Baltimore había suspendido su deportación. Congresistas demócratas reclaman violación a la Constitución estadounidense y al debido proceso penal, porque fue encarcelado por El Salvador, a través de un acuerdo financiero con Estados Unidos, sin haber sido puesto ante un juez.