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Una juez federal de Boston (Massachusetts) bloqueó hoy temporalmente la decisión de la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, de paralizar las matriculaciones de estudiantes extranjeros en la Universidad de Harvard.

La orden de la juez responde a una moción presentada hoy por Harvard para pedir una pausa temporal de la anulación de su permiso para acoger a alumnos internacionales -que suponen la cuarta parte del estudiantado- por parte del Gobierno, al que además ha vuelto a demandar.

«Harvard ha demostrado que, a menos que su petición de restringir temporalmente (la orden de Trump) sea aceptada, sufrirá un daño inmediato e irreparable», apuntó la juez de distrito Allison D. Burroughs.

Burroughs fijó además para el próximo 27 de mayo a las 9:30 hora local una audiencia sobre el caso a la que deberán acudir representantes de ambas partes.

La orden de restricción temporal entrará en vigor de manera inmediata y probablemente se extenderá hasta la celebración de esta vista.

Horas después de darse a conocer esta noticia, Trump calificó en el Despacho Oval de «ridículo» que se le haya pagado a Harvard «miles de millones de dólares», y afirmó que en la universidad hay alumnos que «no pueden sumar dos más dos».

«¿Cómo puede alguien que no sabe sumar o tiene habilidades muy básicas entrar en Harvard? Luego ves a esas mismas personas gritando contra los Estados Unidos. Son antisemitas y no queremos alborotadores aquí», expresó el mandatario.

El Gobierno de Donald Trump prohibió ayer a Harvard matricular en adelante a estudiantes extranjeros, en una grave escalada en el conflicto que los enfrenta desde hace varios meses, y conminó a los actualmente inscritos a trasladarse a otras universidades so pena de perder su estatus migratorio.

La decisión fue comunicada en una carta remitida a Harvard y firmada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, que indicaba que el programa de la Universidad para Estudiantes y Visitantes Extranjeros ha sido revocado.

La Universidad, la más prestigiosa de EEUU, respondió al Gobierno con una demanda en la que afirma que la certificación para recibir a extranjeros es «esencial» para que estos permanezcan legalmente en el país.

Y señaló que la revocación de este permiso ya ha «desbaratado innumerables programas académicos, laboratorios de investigación y clínicas y cursos».

Harvard ya demandó el pasado abril a la Administración republicana con el fin de recuperar su financiación federal, congelada (2.600 millones de dólares) por incurrir en supuestas conductas antisemitas.

La prestigiosa institución es una de las universidades que han visto amenazada su financiación por informes del «Grupo de trabajo federal para combatir el antisemitismo», creado por Trump, por aplicar políticas de «discriminación positiva» o por no dar cabida a lo que el Gobierno califica como «diversidad de ideas.»

El Gobierno de Javier Milei publicó este viernes en el Boletín Oficial una serie de restricciones al acceso de periodistas a la sede del Ejecutivo, mediante un sistema de acreditaciones con requisitos más estrictos, cupos limitados, evaluación con puntaje mínimo, exigencia de documentación exhaustiva y normas de conducta reforzadas.

La nueva normativa establece que los trabajadores de prensa solo podrán transitar las áreas comunes del edificio para trasladarse desde los puntos de ingreso hasta los espacios habilitados para la realización de eventos o actividades periodísticas.

«La permanencia y circulación en pasillos, oficinas, despachos u otras zonas de la Casa de Gobierno que no estén explícitamente autorizadas a tal fin, se encuentra prohibida», explicita el decreto.

El acceso a conferencias de prensa también fue modificado: se limitará la cantidad de asistentes por evento, se establecerán condiciones formales de vestimenta y se requerirá el cumplimiento de normas de comportamiento dentro del recinto.

El moderador podrá limitar el tiempo de las preguntas y administrar el uso del micrófono, que deberá ser devuelto inmediatamente tras cada intervención, con lo cual queda anulada la posibilidad de eventuales repreguntas.

Además, se estableció un sistema de acreditación anual y eventual. Para la anual, los medios deberán presentar información detallada y respaldada por métricas verificables sobre su audiencia y cobertura geográfica, además de documentación sobre la trayectoria y vínculo laboral de los profesionales solicitantes.

También deberán firmar una declaración jurada sobre el cumplimiento de normas de convivencia y respeto institucional.

Para la acreditación eventual, válida por hasta cinco días, también se habilita la postulación de periodistas independientes, quienes deberán presentar un portafolio verificable, referencias editoriales y pruebas de producción regular en temas institucionales.

Uno de los puntos más controvertidos es la creación de una «matriz de evaluación objetiva» con un sistema de puntaje obligatorio para acceder a la acreditación, que incluye criterios como audiencia, especialización temática en temas de gestión gubernamental, trayectoria profesional, correcta entrega de toda la documentación solicitada, cobertura previa de actos oficiales y compromiso con el pluralismo.

Estos criterios serán evaluados por la Secretaría de Comunicación y Medios, que está a cargo del vocero presidencial, Manuel Adorni, y bajo la órbita de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y solo quienes obtengan un mínimo de 35 puntos serán habilitados para ingresar.

Estas modificaciones se inscriben en un contexto de creciente tensión entre el Ejecutivo y el periodismo, marcado por declaraciones estigmatizantes, recortes presupuestarios en medios públicos, denuncias de censura indirecta y violencia ejercida contra los trabajadores de prensa durante las manifestaciones.