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Cerca de 55,000 hondureños temen perder su Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés) en Estados Unidos tras el fallo de la Corte Suprema que esta semana autorizó al presidente, Donald Trump, terminar con esta condición para 350,000 venezolanos.

Hondureños en Florida, segundo estado con la mayor cantidad de estos centroamericanos, expresaron a EFE su incertidumbre, pues el actual estatus vence el 5 de julio y, hasta ahora, no hay noticias sobre su renovación mientras la Administración de Trump insiste en restringir lo más posible el TPS.

Esto mantiene en el limbo a migrantes que viven de forma legal en Estados Unidos desde hace décadas, como Aarón Pineda, un hombre de 67 años que tiene este estatus desde que comenzó el programa para Honduras, en 1999, y trabaja como constructor en Miami.

«Nos sentimos preocupados por el caso de que estamos dándonos cuenta de que ya no se está moviendo el TPS, por el caso de que nos lo vayan a cancelar porque es el temor que tenemos porque, si lo cancelan, entonces tenemos problemas porque no vamos a tener licencia, no tenemos ni el permiso de trabajo», relató a EFE.

El fin del TPS, que Trump ya intentó cancelar para los hondureños en su primer mandato (2017-2021), rompería familias como la de Pineda, pues él está casado desde hace cuatro años con Carmen Moreno, quien también es de Honduras pero tiene otro estatus legal en Estados Unidos.

Para ella, es importante mantener este programa legal «para que la gente no ande con miedo y trabaje y aporte a la economía, también en Honduras, porque esta gente paga «taxes» (impuestos), de lo que ganan».

«Y (el TPS) sería, imagínese usted, lo único que defiende a la gente, el permiso», manifestó.

Más miedo

El temor entre los migrantes crece tras el fallo del lunes del Supremo, que permitió al Gobierno de Trump seguir con la eliminación del TPS para venezolanos, como decidió tras asumir el poder el 20 de enero, cuando la secretaría de Seguridad Nacional, Kristi Noem, calificó a beneficiarios como «desgraciados» y «criminales».

«Uno en este país llega a veces sin nada, pero tiene que sacar papeles cuando se da la oportunidad, pero sin oportunidad no se puede sacar ningún papel y entonces no se puede trabajar libremente, no puede trabajar sin permiso, tiene que estar escondido», lamentó Elmes Alemán, quien llegó a Estados Unidos en 1997 desde Tegucigalpa.

El fin del TPS afectaría en particular a los migrantes de Florida, donde vive uno de cada tres de los más de 1 millón de beneficiarios de Estados Unidos, según un reporte del Congreso.

Alemán tiene un negocio de construcción, por lo que defiende la aportación económica de quienes tienen TPS en Estados Unidos.

«La importancia del permiso, del apoyo a las autoridades, es muy importante, sabiendo que en este país se sabe que está hecho de inmigrantes, el inmigrante es el que hace el trabajo más incómodo, en el calor, bajo agua, más peligroso, que el gringo no hace», opinó.

Migrantes piden apoyo al país de origen

Ante la incertidumbre, Juan Flores, presidente de la Fundación 15 de Septiembre en Miami, pidió al Gobierno de Honduras abogar por la permanencia del TPS, al citar que las remesas de los hondureños en Estados Unidos representan más de la cuarta parte del producto interior bruto (PIB) del país centroamericano.

«Estamos en estado de indefensión, no tenemos un gobierno que nos cubra, que nos proteja», comentó el líder hondureño a EFE. «Hoy nos vemos solo entre nosotros como inmigrantes protegiéndonos y abogando a la buena voluntad de la Administración del presidente Trump, que nos pueda otorgar la extensión del TPS», agregó.

El secretario de Relaciones Exteriores de Honduras, Enrique Reina, aseguró el 5 de mayo en X que la Cancillería ha «realizado todas las gestiones pertinentes para apoyar a los compatriotas», incluyendo una reunión con la secretaria Noem.

La Administración de Donald Trump ha acusado a la Universidad de Columbia, en Nueva York, de violar la Ley Federal de Derechos Civiles al mostrar «una deliberada indiferencia ante el entorno hostil que enfrontan sus estudiantes judios».

En un comunicado, la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. acusó al centro universitario, uno de los más prestigiosos del país, de violar el Titulo VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, que prohíbe la discriminación por motivos de raza, color y origen nacional en programas y actividades que reciben fondos federales.

Según la Oficina de Derechos Civiles (OCR) la Universidad de Columbia “ha fallado continuamente en la protección de los estudiantes judíos”, citando “extensos hallazgos de una investigación” realizada desde el 7 de octubre de 2023 hasta la fecha, cuando se produjo el ataque terrorista de Hamás contra Israel y el inicio de la guerra por el ejército israelí en Gaza.

“Los hallazgos documentan cuidadosamente el ambiente hostil que los estudiantes judíos de la Universidad de Columbia han tenido que soportar durante más de 19 meses, lo que ha afectado a su educación, seguridad y bienestar”, declaró Anthony Archeval, director interino de la Oficina de Derechos Civiles del HHS citado en el comunicado.

“Alentamos a la Universidad de Columbia a colaborar con nosotros para llegar a un acuerdo que refleje cambios significativos que realmente protejan a los estudiantes judíos”, subraya.

La OCR estima que el centro universitario no logró establecer mecanismos efectivos de denuncia contra el antisemitismo hasta el verano de 2024, no cumplió debidamente con sus propias políticas y procedimientos al responder a las quejas de estudiantes judíos y no investigó ni sancionó debidamente el vandalismo en sus aulas, que incluye la reiterada representación de esvásticas y otras imágenes de odio universalmente reconocidas, entre otras cosas.

Según la OCR, esta advertencia forma parte de una iniciativa más amplia del Grupo de Trabajo Conjunto multiinstitucional de la Administración para combatir el antisemitismo.

Durante el año pasado, manifestantes propalestinos en la Universidad de Columbia iniciaron una ola de manifestaciones que se propagó a los campus universitarios de todo el país y que culminó en campamentos y arrestos masivos.

El aviso de la administración se produce horas después de que la universidad neoyorquina celebrara uno de los actos de graduación de sus estudiantes que se vieron perturbados por las protestas de un centenar de activistas que manifestaron a sus puertas en apoyo a Palestina, con la quema de diplomas por parte de antiguos alumnos de la institución.

La universidad de Columbia se encuentra en negociaciones para recuperar los fondos federales que Trump le canceló tras acusarla de tolerancia con el antisemitismo y exigir realizar cambios a la hora de cumplir ciertos requisitos que en un principio aceptaron, como la contratación de agentes de seguridad en el campus, la prohibición de las mascarillas o la supervisión externa de sus programas de estudios palestinos.

El aviso también coincide con el anuncio del Gobierno de prohibir la también prestigiosa Universidad de Harvard matricular en adelante a estudiantes extranjeros, en una grave escalada en el conflicto que los enfrenta desde hace varios meses..

El presidente de Costa Rica,

Rodrigo Chaves, anunció el jueves que presentó una demanda penal contra dos periodistas que publicaron su número telefónico personal en la red social Facebook y calificó los hechos como «condenables e ilegales».

La Casa Presidencial informó en un comunicado que la demanda es contra los periodistas del medio televisivo Teletica Canal 7,

Álvaro Sánchez y Christian Montero, quienes habrían publicado el número telefónico del mandatario en su perfiles personales de Facebook.

«Sánchez tomó el número del presidente de un expediente judicial por una investigación abierta de la fiscalía, al cual tuvo acceso de manera ilegal. Evidencia adicional de como el Poder Judicial sigue filtrando información privada a Canal 7», indica el comunicado oficial.

El Gobierno indicó que «el número de teléfono personal es un dato de acceso restringido y tiene que protegerse como tal» y acusó al periodista Sánchez de utilizar sus redes sociales para hacer «ataques personales» contra Chaves con el «apoyo» de Teletica.

Por su parte, Teletica emitió un pronunciamiento en el que indica que las publicaciones del periodista en su perfil de Facebook son a título personal y responsabilidad exclusiva de él.

«Televisora de Costa Rica (Teletica) ni revisa, ni puede revisar, ni tiene conocimiento previo ni injerencia alguna en las publicaciones que realizan sus colaboradores en sus páginas personales», afirmó el medio de comunicación.

La Casa Presidencial envió una nota al presidente de Teletica, René Picado, en la que exige «sentar un precedente que sancione estas acciones inmorales de parte de sus funcionarios, a menos de que la empresa sea cómplice y actor directo en las mismas».

Teletica informó que respondió la nota y solicitó una audiencia con el presidente Chaves.

El presidente Chaves ha mantenido una tensa relación con los medios que han sido críticos a su labora, entre ellos Teletica, el diario La Nación y el medio digital CRHoy, y ha empleando términos contra algunos periodistas como «canalla». «maldito» y «sicario político», y además ha dicho que grupos de poder estaban acostumbrados a «quitar y poner» presidentes y ministros a través de los medios.

En su conferencia de prensa semanal que se transmite en redes sociales y el canal de televisión estatal, Chaves suele criticar y desacreditar a los medios, e incluso su equipo de comunicación emite una sección llamada «Dato mata mentira» en la que acusa a medios de comunicación de mentir en sus informaciones.

Costa Rica cayó del puesto 8 al 36 en el índice de libertad de prensa de la organización Reporteros sin Fronteras (RSF) durante el Gobierno del presidente Rodrigo Chaves (2022-2026).

RSF detalló el pasado 2 de mayo en su más reciente informe que el Gobierno de Chaves «ha adoptado una línea de confrontación con algunos medios y periodistas críticos, lo que se manifiesta frecuentemente en ataques verbales», pero que «a pesar de los intentos del Ejecutivo por estigmatizar a la prensa crítica, los periodistas no sufren amenazas contra su integridad física, ni vigilancia o encarcelaciones».