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Una característica fundamental de los países que han experimentado mayores progresos socioeconómicos es su capacidad para lograr aumentos sostenidos en la productividad laboral y en los salarios pagados a los trabajadores, especialmente a los de menor calificación. A este equilibrio se le denomina eficiencia laboral. Por ello, la política de salario mínimo ha sido reconocida históricamente como una de las herramientas más relevantes para garantizar condiciones laborales dignas y una distribución más equitativa del ingreso.

En El Salvador, el salario mínimo como derecho fue reconocido de forma tardía. Fue hasta en la Constitución de 1950 que, en su artículo 183, se estableció que “todo trabajador tiene derecho a devengar un salario mínimo”, el cual debía fijarse considerando el costo de vida, la naturaleza del trabajo, los sistemas de remuneración existentes y ser suficiente para cubrir las necesidades materiales, morales y culturales del hogar del trabajador.

Su aplicación concreta, sin embargo, comenzó años después. No fue sino hasta 1961, que se decretó la primera Ley Transitoria de Fijación de Salarios Mínimos, comenzando con el sector comercio. En los años siguientes, se extendieron los salarios mínimos al agro, la industria, los servicios y otras actividades productivas, en algunos casos diferenciando por edad, sexo y tipo de labor. Esta fragmentación sectorial sigue parcialmente vigente, reflejando intentos de adaptación a las capacidades económicas desiguales entre sectores y actividades económicas.

Un análisis histórico de esta política revela una desconexión persistente entre productividad y remuneración. Durante el auge del modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones (MISI), entre 1950 y 1970, el país experimentó incrementos significativos en productividad laboral, inversión y empleo. No obstante, los salarios mínimos no siguieron esa tendencia. Lejos de mejorar, el salario mínimo agrícola perdió un 14 % de su poder adquisitivo entre 1965 y 1979. En los sectores de comercio, industria y servicios, la pérdida fue del 5 %. En otras palabras, aunque la economía se volvió más eficiente, los trabajadores no se beneficiaron de ello.

Durante la guerra civil (1978–1992), el deterioro fue aún más severo. La inflación desbordada, sin mecanismos efectivos de ajuste salarial, provocó una drástica pérdida del poder adquisitivo. El salario mínimo agropecuario cayó un 71.4 % y el del comercio un 65.4 %, muy por encima de la caída del PIB per cápita.

Con la adopción del modelo neoliberal a fines de los años ochenta, las expectativas eran que una mayor productividad impulsada por la apertura comercial y la inversión extranjera permitiría mejoras salariales. Sin embargo, los resultados no cumplieron esas promesas. Entre 1989 y 2004, los salarios medios reales cayeron más del 12 % y el salario mínimo real en comercio e industria se redujo casi un 17 %. Aunque se produjo una fuerte reactivación económica, los beneficios volvieron a eludir a los trabajadores más vulnerables.

Un cambio importante ocurrió a partir de 2004. Aunque el crecimiento de la productividad fue más modesto, los sucesivos gobiernos mostraron mayor disposición a utilizar el salario mínimo como instrumento redistributivo. Entre 2004 y 2019, los salarios mínimos reales en comercio e industria no solo recuperaron la pérdida acumulada durante los primeros años del modelo neoliberal, sino que para 2019 eran 25 % superiores al nivel de 1989. Este cambio contribuyó a una leve mejora en la distribución del ingreso y al fortalecimiento del poder adquisitivo de los hogares asalariados formales.

Desde junio de 2019, sin embargo, solo se ha autorizado un incremento del 20 %, aplicado en agosto de 2021. Para marzo de 2025, el poder adquisitivo del salario mínimo fijado para la industria, el comercio y los servicios — ajustado por el índice de precios al consumidor (IPC) general— había caído un 13.4 % respecto al momento de dicho aumento, aunque aún se mantenía un 4 % por encima del que tenía en mayo de 2019. No obstante, al considerar específicamente el encarecimiento de los alimentos, el deterioro es más pronunciado: ajustado por el índice de precios de este rubro, el poder adquisitivo actual del salario mínimo vigente en esos sectores es 20.6 % inferior al de agosto de 2021 y aproximadamente 5 % menor al observado al inicio del actual gobierno.

La política de salario mínimo enfrenta, además, desafíos estructurales importantes. El primero es su limitada cobertura: gran parte de la fuerza laboral se encuentra en la informalidad, fuera del alcance de la legislación laboral. Muchos trabajadores por cuenta propia, empleados sin contrato o microempresarios no reciben siquiera el salario mínimo legal. Asimismo, los mecanismos de ajuste siguen siendo poco transparentes y escasamente sensibles a criterios técnicos o de equidad.

Los criterios que suelen emplearse —costo de vida, tipo de actividad económica, niveles de productividad y negociación tripartita— deben fortalecerse sobre una base más empírica y rigurosa. Una política de salario mínimo eficaz debe sustentarse en datos confiables sobre la canasta básica, el nivel de vida de los hogares, la evolución de la productividad y las condiciones reales del mercado laboral. Pero también debe integrarse en una estrategia más amplia de formalización del empleo, apoyo a las micro y pequeñas empresas, y fortalecimiento de las capacidades estatales de inspección y cumplimiento.

William Pleites es director de FLACSO El Salvador

Como ya se ha dicho en esta columna de opinión, los numerosos errores que Donald Trump está cometiendo en sus esfuerzos por lastrar la influencia china en el mundo, en la práctica solo han logrado socavar el prestigio de Estados Unidos como líder confiable.

Pocas veces se ha visto, en la historia americana, a un presidente tan consistente en serrucharse el piso sobre el que está parado. Pero las torpezas del actual inquilino de la Casa Blanca no deben apartar nuestra mirada del peligro real que sigue suponiendo el gigante asiático.

En redes sociales proliferan, aupados por los continuos desaciertos trumpistas, mensajes y videos que otorgan a China unas credenciales de legitimidad que no posee. Allí se dice, entre otras cosas, que los chinos ya han ganado la batalla del desarrollo y serán los nuevos dueños del mundo; que la desesperación estadounidense demostraría la incontenible fuerza —y la paciencia confuciana— con que el poder tecnológico de la gran República Popular ha conseguido imponerse en el mercado internacional; que el crecimiento económico chino, en fin, es ya un fenómeno tan evidente y espectacular, que Occidente debería “aprender” de una vez por todas que la eficiencia es más beneficiosa que la mera democracia.

Todas estas afirmaciones adolecen, en el fondo, de perspectiva histórica. Si desde 1949 se implantó en China una sola visión política e ideológica, es sencillamente atroz que esa visión necesitara más de tres décadas —hasta el abandono, en buenas cuentas, de los dogmas maoístas en tiempos de Deng Xiaoping— para que asomara en el horizonte el tan prometido despegue económico.

Antes de eso, millones de ciudadanos chinos pagaron con sus vidas la tozuda insistencia de Mao en echar a andar un modelo irracional y empobrecedor. (Que no se olvide, por favor, que el fundador de la República Popular China es, sumando cadáveres, el máximo genocida de la historia de la humanidad).

Por otra parte, el gigante asiático solo puede ser un ejemplo de eficiencia en la medida en que puede serlo un sistema consciente del poder omnímodo que ha depositado en su clase dirigente. Cuando Deng Xiaoping propuso el concepto de “socialismo con peculiaridades chinas”, preparando el XII Congreso Nacional del Partido Comunista de 1982, lo que tenía en mente era una hibridación de economía centralmente planificada con una especie de capitalismo ultra-pragmático.

Con sus sinuosidades, esto significaba avanzar en el abandono de varias utopías políticas que se creían intocables. El arribo de Xi Jinping, sin embargo, lejos de explayarse en esa ruta, ha consolidado el control ideológico sobre la educación, confirmado el verticalismo de la toma de decisiones en todos los ámbitos y restaurado el culto a la personalidad del líder.

Xi tiene más coincidencias procedimentales con Mao que con Deng.

Los 95 millones de miembros que en teoría conforman la base del único partido autorizado (mimetizado con el Estado) tienen muy escasa oportunidad de llegar a ocupar un cargo de importancia en la cúpula. La libertad de organización es inexistente, igual que las de expresión o de conciencia; internet está bajo estricta vigilancia y la academia solo responde a líneas directas emanadas de arriba.

El peso de la mano estatal se hace sentir incluso en los grados de autonomía a que puede aspirar, por ejemplo, un millonario chino (aunque se cacaree que existen ahora más de seis millones de estos): el Partido Comunista decide quién recibe préstamos, quién compra divisas y quién obtiene el “respaldo” del Estado para progresar como empresario privado.

Entonces, cuando se habla del crecimiento chino, es muy importante entender a qué nos referimos, porque es fácil caer en analogías gratuitas con respecto a las democracias occidentales.

Circunstancias que para nosotros serían inaceptables, como la movilización forzada de cientos de miles de personas para abrir una carretera o las penas a cadena perpetua —cuando no de muerte— contra ejecutivos de grandes compañías, son asuntos relativamente cotidianos en el mundo económico chino.

Lo que en nuestros países llamamos “libertad de iniciativa”, en la República Popular es algo tan ficticio como los dragones alados.

Pero quizá lo más preocupante del acrítico entusiasmo que la China continental causa en mucha gente sea la claudicación moral que esta admiración esconde. La efectividad en sí misma no es un valor, sino la consecuencia de haber aplicado un método con éxito; las formas para aplicar un método, empero, varían entre sí.

En otras palabras, para que la eficiencia sea virtuosa, ella debe ser resultado de la aplicación correcta de los procedimientos empleados; de lo contrario, terminaríamos aceptando que el fin justifica los medios.

La democracia y el Estado de derecho permiten que ninguna aplicación metódica limite los derechos o pisotee la dignidad de las personas.

Por vigoroso que sea, el crecimiento económico alcanzado a punta de férreo control, planificación prolija y —cuando se necesite— inhumana represión, no es un camino aceptable ni puede ser el ejemplo a seguir para nadie que aprecie el objetivo último de cualquier sistema económico moderno.

Por todo lo anterior, y más allá de los disparates de Trump, el modelo chino sigue siendo peligroso y digno de todas las alertas que ha despertado a lo largo de los últimos 75 años.