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La Asamblea Legislativa recibió esta semana una solicitud del Gobierno para ratificar el contrato de préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por $135 millones que servirían para construir o ampliar pasos a desnivel en los bulevares Constitución y Los Próceres, así como para la ampliación de un tramo en Nuevo Cuscatlán.

Según la solicitud, el crédito fue suscrito el 27 de febrero de 2026, luego de ser autorizado por el Órgano Legislativo el 4 de febrero de 2026. El Gobierno entregó el proyecto de ratificación el 3 de marzo.

El proyecto, que será ejecutado por el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT), incluye la ampliación en 2.5 kilómetros a cuatro carriles en el tramo de la CA04S hasta Nuevo Cuscatlán, con arriate central, una ciclovía y obras adicionales como iluminación, señalización y paisajismo; así como ampliaciones en pasos a desnivel y construcción de nuevos pasos a desnivel.

También, incluye un carril adicional en el paso del Árbol de la Paz, bulevar Los Próceres; la eliminación de la incorporación directa de la 49 al bulevar Los Próceres, reorientándolo a su calle paralela; la construcción de un paso inferior de la Autopista Comalapa-Los Próceres de 160 metros; un nuevo colector de aguas lluvias en el Árbol de la Paz.

Así mismo, incluye la construcción de pasos a desnivel en la intersección Calle antigua a Huizúcar y Avenida Las Amapolas con puente de sur a norte sobre el paso a desnivel Árbol de Paz con una longitud de 284 metros con dos carriles, uno por cada sentido; otro en en bulevar Constitución y calle Zacamil con puente y rampas de dos carriles por sentido; otro en aso en bulevar Constitución-calle al Volcán, con paso inferior de dos carriles y paso superior por el bulevar Constitución con puente y rampas de dos carriles por sentido; un tercer paso en bulevar Constitución en calle La Gloria, con redondel, paso superior para el bulevar Constitución con puente y rampas para ciertos carriles de mayor circulación con sentido hacia San Salvador y tres hacia Apopa.

El proyecto también incluye los diseños de pasos a desnivel para intersecciones bulevar de Los Próceres y Avenida Albert Einstein; bulevar Constitución y calle Sierra Madre; bulevar Constitución y calle a Motocross; CA04S y bulevar Sur por el redondel Utila.

La diputada suplente del partido Vamos, Cesia Rivas, propuso ayer aprobar una reforma al artículo 10 de la Ley de Bancos, con el fin de no derogarlo y establecer requisitos a los accionistas bancarios provenientes del extranjero.

La Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) ha sostenido que la eliminación del artículo 10 no suprime las facultades de la Superintendencia para supervisar los bancos, ya que en los artículos 11 y 12 de la Ley de Bancos se establecen requisitos de idoneidad para entrar al sistema financiero como institución bancaria y se establece la obligación para los accionistas relevantes de presentar estados financieros anuales.

La Asamblea Legislativa derogó el artículo 10  de la Ley de Bancos con el objetivo de suprimir el mínimo del 51 % de acciones salvadoreñas o centroamericanas que exigía. El artículo exigía un mínimo del 51 % de accionistas centroamericanos o extranjeros pero calificados por clasificadoras de riesgo reconocidas internacionalmente.

«Ese artículo no debía derogarse, debió haberse reformado. Lo que vemos es que derogan todo un artículo, lo cual es muy grave, lo que está quitando es controles. Estas reformas, ¿para qué se están haciendo? Lo que nosotros podemos percibir es que se están quitando controles». Cesia Rivas, diputada de Vamos.

Rivas pidió establecer en el mismo artículo que «la propiedad de las acciones de bancos constituidos en El Salvador deberá mantenerse como mínimo en un 51 % entre los tipos de inversionistas que cumplan con los requisitos establecidos en el presente artículo».

Para los accionistas bancarios provenientes del extranjero, la diputada de oposición propuso los siguientes requisitos:

a) Estar sujetos en su país de origen a regulación prudencial y supervisión acordes a los estándares internacionales en materia bancaria.

b) Estar sometidos a supervisión consolidada respecto del grupo financiero al que pertenezcan de conformidad con los usos y prácticas internacionales.

A ello sugirió agregar que la Superintendencia «deberá suscribir memorandos de cooperación con el organismo fiscalizador del país donde se encuentra establecida la entidad inversionista con el objeto de coordinar el intercambio de información que posibilite la supervisión consolidada».

La propuesta solo tuvo dos votos, uno de Arena y uno de Vamos.

En contraposición, la diputada Dania González, de Nuevas Ideas, consideró que la derogación del artículo 10 de la Ley de Bancos permitirá florecer a la economía salvadoreña y que incrementen las competencias del sector bancario, «generando la introducción de nuevos productos o tecnologías financieras, la creación de nuevas fuentes de acceso al crédito y mejores condiciones para los usuarios”.

“No afecta las competencias actuales que ya tiene la Superintendencia del Sistema Financiero, estas competencias quedan intactas”, argumentó. “Al menos el 55 % de las acciones de los bancos deben pertenecer a determinados inversionistas previamente definidos” y “hoy ese artículo se está convirtiendo en una barrera que limita nuestra capacidad de atraer a nuevos actores financieros, nuevas tecnologías y nuevas oportunidades para todos los salvadoreños”, subrayó.