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El ministro de Gobernación, Juan Carlos Bidegaín, pidió este martes a la Asamblea Legislativa la disolución del Consejo Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conaipd) y del Consejo Nacional Integral de la Persona Adulta Mayor (Conaipam).

El gobierno argumentó en sus proyectos que tiene la finalidad de “optimizar la utilización de los recursos del Estado” y “realizar una reconfiguración de ciertas instituciones del Estado creadas con fines sociales”.

Las funciones de ambas instituciones serían transferidas al Instituto Administrador de los Beneficios y Prestaciones Sociales de los Veteranos Militares de la Fuerza Armada y Excombatientes del FMLN (INABVE), según ambos proyectos de decreto, recibidos por los diputados en la sesión plenaria de este martes.

El Conaipd y el Conaipam deberán trasladar al INABVE sus recursos, sus registros y los expedientes de sus beneficiarios, tanto personas con discapacidad como personas adultas mayores.

Con el decreto de disolución, tanto el Conaipd como el Conaipam indemnizará a los servidores públicos “conforme a ley” y el INABVE “no tendrá obligación de dar continuidad a las relaciones laborales ni de cualquier otro compromiso de carácter colectivo en esa materia”.

Las obligaciones derivadas del proceso de liquidación serán pagar las indemnizaciones del personal, liquidar los contratos a los proveedores, arrendamientos y cualquier otra obligación pendiente relacionada a su funcionamiento.

El Ministro de Hacienda deberá trasladar al INABVE el Fondo Especial para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y estas ingresarán al Fondo General de la Nación.

El Conaipd tiene un presupuesto de $345,354 para 2025 con una planilla de 18 empleados. Para el año 2026, el Gobierno había previsto un presupuesto de $346,537 con las 18 plazas.

Mientras, el Conaipam está dentro del Ministerio de Desarrollo Local y tuvo un presupuesto de $814,220 para su funcionamiento en el año 2023 con cinco pllazas y consultorías.

Con 57 votos, la Asamblea Legislativa autorizó al Ministerio de Hacienda para que pueda emitir títulos valores hasta $344 millones que según el decreto pueden destinarse a prioridades estratégicas del gobierno, obligaciones o necesidades prioritarias en áreas social, ambiental o económica, este o el próximo año.

La diputada Suecy Callejas aseveró que los fondos no se colocarán “de una vez” sino que serán “múltiples emisiones”, además de que aseveró que servirán para pagar deuda ya existente, de décadas, cubrir gastos operativos y para programas de inversión.

“Esta gestión es crucial por tres causas. Primero, asegura la solvencia del Estado, la emisión de la deuda permite al Estado salvadoreño cumplir con sus obligaciones generales ya adquiridas, estamos hablando de deuda ya existente, de décadas; manteniendo su estabilidad y credibilidad financiera; también impulsa el desarrollo nacional porque estos fondos no solo serán previstos para cubrir gastos operativos sino que están destinados a respaldar programas de carácter social, ambiental y económico, lo cual se traduce en inversión pública hacia la población, infraestructura, sostenibilidad y crecimiento productivo; y aprovecha las oportunidades de financiamiento”, fueron las palabras de la diputada Callejas.

Callejas mencionó que Hacienda “es el autorizado para reorganizar o refinanciar esta deuda ya existente”. No detalló qué proporción de los fondos serían utilizados para refinanciar deuda.

Indicó que “los fondos no se colocarán de una vez”, no será “una emisión única”, sino que serán “múltiples emisiones”.

“El objetivo de estos fondos es fortalecer la capacidad financiera del Estado, atender obligaciones generales y respaldar programas de carácter social, ambiental y económico”. Suecy Callejas, diputada de Nuevas Ideas.

Ministro de Hacienda mintió: Claudia Ortiz

La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, aseguró que no pueden callar ante “la cantidad exagerada de deuda” en aprobación este martes y señaló al ministro de Hacienda de mentir ya que prometió que no usarán deuda para financiar gasto corriente del Estado en 2025 y 2026.

“Mentira, mentira de las más grandes”, afirmó.

Ortiz aseguró el presupuesto 2025 se ha modificado porque “necesita dinero para funcionar” y ejemplificó los $150 millones de la Corporación Andina de Fomento (CAF) de dos préstamos de salud y educación, y que fueron incorporados al Ministerio de Hacienda a una partida de “Obligaciones generales del Estado”.

Aseguró que, cuando se aprobaron los dos préstamos del CAF por $150 millones, ella aseguró que serían incorporados a “Obligaciones generales del Estado” del Ministerio de Hacienda.

“Dicho y hecho, no viene al Ministerio de Educación, no viene al Ministerio de Salud, no viene a los hospitales, ¿para dónde viene?, obligaciones generales del Estado, ¿no les da vergüenza?”, criticó.

Este martes, la Asamblea Legislativa también incorporó $150 millones de dos préstamos de la CAF de proyectos de calidad de educación y de salud, a la partida de Obligaciones generales del Estado del Ministerio de Hacienda. Estos fondos podrán ser usados en prioridades del Estado, transferencias, obligaciones o apoyos a la caja fiscal.