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Durante la última semana de octubre del 2025, Fernando López –ministro de Medio Ambiente de Nayib Bukele– aseguró que con el permiso ambiental para construir, otorgado por la cartera estatal a su cargo, se pretende “regular” y “garantizar que las intervenciones que van a hacer las empresas o las personas tengan y cumplan cierto parámetros”. Además, sostuvo que dicha autorización supone “una compensación ambiental y una fianza”; también una construcción adecuada. Pero no habían transcurrido tres meses de estas declaraciones, cuando el 10 de enero del presente año alrededor de veinte viviendas ubicadas en el proyecto Ciudad Marsella II resultaron severamente inundadas por una lluvia calificada como “moderada”. El consentimiento oficial para construir esas pequeñas pero numerosas casas fue otorgado en octubre del 2024, obedeciendo el mandato dictado desde arriba.

Y es que el lunes 10 de junio del 2019, apenas nueve días después de integrarse al gabinete gubernamental ‒durante la inauguración del sexto hangar de la empresa Aeroman‒ López fue mandatado públicamente por su jefe para acelerar el trámite y la emisión de dicho aval. Con aquellos que Bukele bautizó como “los mismos de siempre”, el proceso tardaba hasta siete años; al menos, eso aseguró entonces. Pero en adelante su subalterno debería despacharlo en un plazo máximo de cien días para que, dicho casi del todo literal, los “miles y miles de millones de dólares trabados en el Ministerio del Medio Ambiente esperando una autorización” ingresaran a la economía del país.

En su prédica de ese día declaró, además, que en todo el mundo El Salvador era “el mejor lugar para invertir”. ¿Será? Porque, entre paréntesis, la inversión extranjera directa en nuestra comarca es la última de la región centroamericana. Finalmente, afirmó que el puesto que entonces acababa de ocupar respetando la Constitución ‒el de la Presidencia de la República‒ sería “obviamente” su “último cargo político”; por ello, todo lo que realizaría durante el desempeño del mismo no lo haría “pensando en ninguna elección sino que únicamente pensando en el legado” que podía dejarle a la nación.

Casi siete años después, ahora ocupando inconstitucionalmente dicho cargo, uno se pregunta si es parte de ese “legado” el atentar contra nuestro hábitat. Este es definido en el diccionario como el espacio que reúne las “condiciones apropiadas para que viva un organismo, especie o comunidad animal o vegetal”. Si hablamos de las administraciones gubernamentales de la posguerra previas a la de Bukele, estas no se caracterizaron por su compromiso firme con el cuido y la defensa del medio ambiente. También propiciaron su contaminación, entendida esta como la alteración nociva de “la pureza o las condiciones normales de una cosa o un medio por agentes químicos o físicos”. Pero ahora…

Tal como indica la misma fuente, entre otros sinónimos destacados lo nocivo tiene que ver con algo dañoso, pernicioso, maligno y hasta funesto. Y tras el citado encargo comunicado públicamente el 10 de junio de 2019 al ministro López, el presidente de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES) ‒Mauricio Sermeño‒ sostuvo que “a pocos días de haber iniciado su Gobierno”, Bukele había “demostrado ser la principal amenaza para el medioambiente en El Salvador”. Y eso se ha ido comprobando con el paso del tiempo.

Algunos ejemplos destacados: la depredación de la flora y la fauna en la finca El Espino, último “pulmón” de San Salvador, con la construcción de un estadio de fútbol así como la de un centro de ferias y convenciones; el proyecto iniciado del relleno sanitario en San Francisco Angulo, departamento de San Vicente, que seguramente terminará siendo botadero de basura; en ese mismo departamento, el desmantelamiento de un albergue para las víctimas de las inundaciones en el Bajo Lempa y el flujo de las desgraciadas aguas negras que salen del Centro de Confinamiento del Terrorismo ‒el famoso CECOT‒ y son altamente dañinas para la población aledaña y más; súmele la degradación del rio El Molino en Santa Ana y las inundaciones en su cabecera departamental; también la del rio Grande en San Miguel y la desaparición cada vez mayor de sus progresivamente devastadas zonas verdes; la construcción de un aeropuerto internacional en La Unión y sus consecuencias negativas para la gente; la proliferación de urbanizaciones como la Marsella II, a lo largo y ancho del país; los permisos para levantar torres urbanas sin pagar impuestos y la aprobación de la Ley General de la Minería Metálica…

Hoy ya no se canta como consigna popular “¡a desalambrar, a desalambrar!”; ahora lo que se ha impuesto con la insensata política oficialista es “¡a encementar, a encementar!”. Las graves y altas facturas de lo segundo, son nuestras mayorías populares las que lastimosamente tendrán que pagarlas.