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Las diputadas de Arena y Vamos pidieron públicamente a la junta directiva de la Asamblea Legislativa que incluya en la agenda legislativa las iniciativas que han propuesto contra Ley de Minería Metálica y no ignoren las más de 150,000 firmas de la sociedad civil presentadas por la Iglesia Católica.

“Es un llamado para la junta directiva pidiéndole que agende a la comisión correspondiente la propuesta que nosotros hicimos el 14 de enero, en la que pedíamos que se derogara la Ley de la Minería”, fue el llamado que hizo la diputada Marcela Villatoro, del partido de oposición Arena.

Sostuvo que, con las firmas que ha presentado la Iglesia Católica, «ya es un expediente suficiente para que pueda ser estudiada dentro de la Comisión» Política.

Claudia Ortiz, diputada de Vamos, expresó que en la Asamblea Legislativa no se ha dicho nada sobre el tema, ni siquiera “por el clamor de las firmas que presentaron” contra de la minería. Ortiz dijo que su propuesta de reforma a la Constitución de la República para la prohibición de la minería metálica sigue en pie.

“Yo decidí activarme y por eso he puesto a disposición en mi oficina el proyecto de ley de reforma constitucional, para garantizar a nivel de la Constitución, la ley más importante, el derecho al agua y la prohibición de la minería, para que ninguna Asamblea Legislativa en ningún momento pueda volverla a aprobar”, aseveró la diputada.

El 14 de enero pasado, la diputada Villatoro pidió en sesión plenaria el ingreso de una petición de derogatoria de la Ley de Minería Metálica en El Salvador aprobada el 23 de diciembre y vigente desde el 7 de enero de 2025.

“Es una ley altamente inconstitucional, el artículo 117 de la Constitución establece que es deber del Estado proteger los recursos naturales y el artículo 1 de la Constitución nos habla sobre el derecho a la vida y la protección a la misma. Es una ley altamente inconsulta”, argumentó. No recibió el apoyo de Nuevas Ideas y sus aliados; sino solo de su partido y de la diputada Claudia Ortiz, de Vamos.

El 18 de marzo, día en que la Iglesia Católica presentó una carta respaldada por 150,000 firmas de la sociedad civil en contra de la minería metálica, la diputada Ortiz intentó introducir una iniciativa de reforma constitucional que contemplaba la prohibición de la minería metálica.

«Esta mañana quiero someter a consideración de este pleno legislativo y, en atención al clamor de la feligresía católica y de todo el pueblo salvadoreño que está pidiendo se derogue la Ley de la Minería, quiero someter a votación una pieza para que se derogue la Ley de la Minería y otra con reformas constitucionales”, fueron las palabras de la diputada de Vamos. La iniciativa ni siquiera fue sometida a votación, ya que debía contar con al menos 10 firmas de diputados por ser solicitud de reforma constitucional.

Las diputadas de los partidos opositores, Arena y Vamos, cuestionan la falta de medicamentos y en cierre de dos clínicas en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y creen que la directora, Mónica Ayala, le debe una explicación a la población.

“Esto es delicado, mire, no hay medicinas, la gente le dan citas por muchos meses después, hasta un año después y la gente está pagando por tener su seguro social, entonces, ¿por qué el ISSS no le está respondiendo a los salvadoreños? Sería bueno que dé la cara la directora del Seguro y le explique a la gente por qué”, aseveró la diputada de Arena, Marcela Villatoro.

La diputada se quejó de que muchos pacientes, incluso con enfermedades crónicas, no reciben sus correspondientes medicamentos del ISSS.

“La gente no logra medicinas, le toca comprarlas aparte, el caso de una persona que tiene enfermedad en sus riñones y ha tenido que estar comprándolo él, ha tenido tres infartos y lo que hicieron fue mandarlo para la casa, es preocupante esta situación”, reclamó.

La diputada Claudia Ortiz, del partido Vamos, atribuye este problema a una mala administración y corrupción. “Hemos tenido una mala administración en los últimos años, que en el pasado hubo también mala administración y corrupción, es cierto, es totalmente cierto, pero quienes lograron el poder mayoritario, casi absoluto, no están haciendo absolutamente nada para mejorar los servicios públicos que el Estado le tiene que dar a la población”, criticó la diputada de oposición.

También, sostuvo que hay fallas en el servicio de salud pese a que ha habido recursos suficientes.

“Después de tantos préstamos, de tantos recursos no sabemos por qué están cerrando clínicas, por qué están cerrando escuelas, por qué no hay medicinas suficientes, los médicos no pueden ni recetar algo diferente porque les han prohibido decir que no hay medicina y no pasan de recetarle Acetaminofén», cuestionó.

El 13 de marzo pasado, el secretario general del Sindicato de Médicos Trabajadores del Seguro Social (Simetriss), Rafael Aguirre, aseguró que “el Seguro Social sigue con desabastecimiento de medicamentos” como Amoxicilina, Ibuprofeno, Diclofenac, Metocarbamol, Irbesartán, Verapamilo, Morfina y antidiabéticos, entre una lista de 50 medicamentos.

La diputada Claudia Ortiz, quien votó una vez más en contra en de una nueva prórroga del régimen de excepción, aseveró que se siguen capturando inocentes y reteniendo en las cárceles a personas pese a cartas de libertad.

«Necesitamos justicia sin margen de error. Si dejaron libre al «Crook» –cabecilla de pandilla que habría sido liberado en noviembre de 2021– y por otro lado hay inocentes, incluso personas fallecidas, eso no es justicia» –cuestionó la legisladora– «queremos justicia sin margen de error, justicia sin abusos, queremos seguridad y paz verdadera que no se base en ningún tipo de tregua ni acuerdos con grupos del crimen organizado», agregó.

La diputada dijo que, luego de tres años, se debe dar un «salto de calidad» con la medida para que no haya inocentes pagando crímenes que no cometieron.

Señaló que las instituciones de justicia deben ser «realmente independientes y que hagan investigaciones basadas en técnicas científicas» y «no solamente se hagan capturas masivas» y, en segundo lugar, que la verdadera justicia garantice que «quienes tienen responsabilidad por sus crímenes la paguen y quien no tiene nada que deber pueda mantenerse tranquilo, libre, trabajando, con su familia».

«Eso no lo tenemos y a tres años esta administración no ha corregido esos errores», insistió la legisladora de oposición.

Ortiz señaló que no se puede avanzar en una verdadera seguridad, si no se trabaja para eliminar las causas de la violencia como la pobreza y la «corrupción de gobiernos que han pactado con pandillas».

«Por otra parte hay que ir a las causas que han dado origen a la violencia en El Salvador, causa como la pobreza, la falta de educación, la falta de acceso a empleo, el ingreso insuficiente que tienen muchas familias, también la corrupción de gobiernos de diferentes partidos políticos que han hecho treguas con grupos de crimen organizado, de todo eso hay que ir a la raíz, para poder aspirar a una paz verdadera», aseguró.

La diputada de Vamos cuestionó también a la Dirección General de Centros Penales por negar la libertad a personas que tienen cartas de libertad emitidas por jueces. «Esto es muy grave para todos los salvadoreños, porque no puede existir un funcionario del Ejecutivo que tenga más poder que un juez en relación a la libertad ambulatoria de los salvadoreños», advirtió.

Después de tres años que el gobierno ha implementado el régimen de excepción, el gobierno registra más de 85,500 capturados, mientras, organizaciones de derechos humanos aseguran que han recibido, al menos 6,689 denuncias de capturas de «inocentes» y «380 muertes en manos del Estado».

La Asamblea Legislativa ratificó este martes el contrato de préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por un monto de hasta $500 millones para el «Programa de apoyo a la sostenibilidad macroeconómica y fiscal de El Salvador», el cual fue suscrito el 31 de marzo pasado, en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La ratificación del préstamo recibió 57 votos, de Nuevas Ideas y sus aliados. Arena y Vamos votaron en contra. El contrato de préstamo fue aprobado por el BID el 20 de marzo, su suscripción fue autorizada por la Asamblea Legislativa el 25 de marzo, Hacienda y el BID suscribieron el contrato el 31 de marzo y finalmente el contrato fue aprobado este 1 de abril por la Asamblea Legislativa.

El apoyo financiero de organismos multilaterales fue contemplado para mejorar la estabilidad financiera de El Salvador en el marco del acuerdo con el FMI.

El préstamo de $500 millones del BID tendrá una comisión de 0.75 % sobre el saldo no reembolsado, a partir de 60 días desde la suscripción del contrato, un plazo de siete años y a un interés resultante de la tasa de referencia más un margen aplicable para préstamos de capital ordinario.

La primera cuota del préstamo se debe pagar en tres años desde la vigencia del contrato y los intereses deberán pagarse semestralmente desde los seis meses a partir de la vigencia del contrato.

Tras cuatro años de negociación, en febrero de 2025, el gobierno de El Salvador llegó a un acuerdo con el FMI por aproximadamente $1,400 millones. El programa de financiamiento por $1,357.3 millones fue aprobado como parte de un financiamiento de Servicio Ampliado del Fondo (SAF), una modalidad de préstamo del FMI que se aprueba a países con graves problemas de balanza de pagos debido a deficiencias estructurales. Este financiamiento del FMI liberaría $3,500 millones en préstamos a favor de El Salvador.