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  • Arranca el juicio por la contratación en una institución del hermano de Pedro Sánchez

    Arranca el juicio por la contratación en una institución del hermano de Pedro Sánchez

    La Audiencia de Badajoz (noroeste de España) acogió este jueves, ante una gran expectación mediática y ciudadana, el inicio del juicio para investigar la contratación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una institución provincial de esa localidad española.

    Dos delitos -prevaricación y tráfico de influencias-, once investigados y 42 testigos conforman el juicio, cuya apertura ha congregado a medio centenar de medios de comunicación y un amplio despliegue policial ante las puertas y el entorno de la Audiencia de Badajoz.

    Ese tribunal deberá abordar cómo se desarrolló el proceso de contratación de David Sánchez -finales de 2016 y principios de 2017- por parte de la Diputación de Badajoz para asumir el cargo de coordinador de los conservatorios de música de la región, y otros asuntos como la contratación de Luis Carrero, amigo de David Sánchez, como jefe de Sección de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas.

    Dentro de la sede judicial, la defensa de David Sánchez ha planteado la nulidad de las actuaciones contra el hermano del presidente del Gobierno español al entender que atentan contra el derecho fundamental de tutela judicial efectiva, pues los hechos de la denuncia inicial no son objeto del juicio y que el procedimiento supone «una investigación prospectiva».

    «La raíz está podrida, como expone la teoría anglosajona», ha expuesto Emilio Cortés, letrado de David Sánchez, en su exposición de cuestiones previas en el inicio del juicio.
    En su intervención, subrayó «la inspiración de signo político» de las acusaciones populares, entre las que figuran el partido ultraderechista Vox y organizaciones como Manos Limpias y HazteOir, en la denuncia inicial, en la que se recogía «el abultado patrimonio» de su cliente, absentismo laboral, delitos fiscales, malversación y se sustentaba con recortes de prensa.
    De hecho, las acusaciones unen el objeto de este juicio con otra trama en cuyo proceso, «curiosamente, no aparece David Sánchez», añadió el letrado.

    «Es todo pura invención y mentira; una falacia», elevó Emilio Cortés. «No levante el tono de voz», le pidió, por su parte, el presidente del Tribunal, José Antonio Patrocinio Pérez.

    Por todo ello, el abogado de David Sánchez ha expuesto que los delitos que son objeto de este juicio surgen de «una investigación prospectiva», lo que atenta al derecho fundamental de tutela judicial.

    Esta misma exposición ya fue rechazada en fase de instrucción tanto por la juez Beatriz Biedma como por la propia Audiencia.
    Al inicio de la vista, el Tribunal ya ha anunciado que el juicio se extenderá al menos hasta el día 9 de junio, pues son 42 testigos y once investigados, con siete acusaciones y el Ministerio Fiscal.

  • La era de la inteligencia artificial y la deshumanización: Magnifica Humanitas

    La era de la inteligencia artificial y la deshumanización: Magnifica Humanitas

    Magnifica Humanitas es la nueva encíclica del Papa León XIV. Les confieso que, al principio, me acerqué al texto con cierto escepticismo. ¿Qué puede decirnos una institución milenaria sobre un mundo dominado por ChatGPT, los algoritmos de TikTok y los autos autónomos?. Sin embargo, tras devorar sus páginas, me encontré con una sorpresa mayúscula: estamos ante una de las reflexiones más valientes, lúcidas y, sobre todo, humanas que se han escrito sobre nuestro futuro digital que al igual que León XIII en su encíclica Rerum Novarum frente a la Revolución Industrial a finales de 1800.

    El gran acierto de León XIV no es hablar de tecnología, sino hablar de nosotros. El Papa no es un tecnófobo que nos pide apagar el teléfono ni un optimista ciego que cree que la tecnología resolverá todos nuestros males. Su advertencia va mucho más allá y nos toca de cerca: el verdadero peligro actual no es que las máquinas empiecen a pensar como humanos, sino que nosotros empecemos a actuar como máquinas. En una sociedad obsesionada con la productividad, el rendimiento y la perfección digital, la encíclica sale al rescate de nuestra imperfección. Nos recuerda que lo que realmente nos hace humanos es nuestra vulnerabilidad, nuestra capacidad de dudar y la empatía real, cosas que ninguna línea de código podrá replicar jamás.

    Pero el texto no se queda en la filosofía de café. Aterriza con fuerza en la geopolítica al hablar de «justicia algorítmica». Es imposible no darle la razón cuando denuncia el «extractivismo de datos». Pensemos en cómo las grandes aplicaciones absorben cada uno de nuestros clics, gustos y secretos en el Sur global para enriquecer a un puñado de gigantes tecnológicos en Silicon Valley o Shenzhen. Frente a esto, el Papa propone la «algorética»: una invitación urgente a ingenieros y legisladores para que programen el software del mañana con valores humanos, solidaridad y transparencia.

    El punto que más me conmovió, y quizás el más urgente, es su firme rechazo a las armas autónomas. Delegar la decisión de matar o dejar vivir a un frío cálculo matemático no es progreso; es una renuncia moral. No es idealismo ingenuo, es un grito de auxilio en un mundo cada vez más deshumanizado.

    En definitiva, Magnifica Humanitas no es un manual técnico, sino un mapa ético para no perder el alma en la era de los datos. León XIV nos regala una bitácora imprescindible para recordar que, por muy avanzada que sea la inteligencia artificial, la tecnología más poderosa y revolucionaria que poseemos seguirá siendo, siempre, nuestra capacidad de amar y cuidar al prójimo.

     

  • Buscan reforzar con $2.5 millones de excedentes de impuesto a la Dirección Nacional de Mercados

    Buscan reforzar con $2.5 millones de excedentes de impuesto a la Dirección Nacional de Mercados

    El Ministerio de Hacienda pidió a la Asamblea Legislativa transferir $2.5 millones provenientes de la recaudación de Impuesto sobre la Renta a la recién creada Dirección Nacional de Mercados con el fin de que use dichos fondos para «servicios operativos de los mercados”.

    Los fondos provienen de excedentes en la recaudación del Impuesto sobre la Renta. «El Ministerio de Hacienda, con base en la eficiencia administrativa en la recaudación tributaria ha registrado excedentes en los ingresos del Impuesto sobre la Renta con relación a las estimaciones programadas al mes de abril de 2026», señala el proyecto de decreto, el cual será analizado el viernes en la Comisión de Hacienda del Legislativo.

    Según la solicitud, los fondos serían utilizados para “dinamizar la actividad comercial y mejorar las condiciones de atención a la población usuaria” de los mercados. No se mencionan mercados específicos.

    Un total de $2.1 millones se destinará a la adquisición de bienes y servicios y $377,000 para mobiliario y equipamiento tecnológico. La Dirección tiene presupuestados $3.2 millones, de los cuales devengó, hasta marzo de 2026, $821,754.20.

    La Dirección de Mercados Nacionales, creada el 5 de junio de 2025, tiene la competencia de administrar mercados y locales comerciales ubicados en plazas que tengan infraestructura diseñada, construida o remodelada por el Órgano Ejecutivo.

    El primer mercado que recibió esta instancia fue el San Miguelito, luego de la aprobación del comodato por 50 años en octubre de 2025, algo aprobado por el concejo municipal de San Salvador Centro.

    El mercado San Miguelito fue reconstruido a un costo de $34 millones con 1,040 puestos de venta e inaugurado en agosto de 2025 luego de un voraz incendio en septiembre de 2021.

  • El drenaje

    El drenaje

    La semana pasada anduvo por nuestra tierra Jorge Salazar, colega peruano. Conocido como “Coco”, fue integrante de la Misión de Observadores de Naciones Unidas en El Salvador identificada más como ONUSAL, por sus siglas; también participó en la operación verificadora de esta organización en Guatemala y en su agencia especializada en población refugiada, mejor conocida como ACNUR.

    Nos juntamos y recordamos aquella época en la que estuvo presente acá en El Salvador, que también fue parte de la primera década de mi trabajo en la dirección del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, el IDHUCA. Uno de los tantos esfuerzos entonces impulsados en este que vino a mi memoria, por ser considerado dentro y fuera de nuestro país como un aporte valioso, fue la publicación que denominamos “La agenda pendiente, diez años después. De la esperanza inicial a las responsabilidades compartidas”.

    Su presentación oficial la realizamos en noviembre del 2002, pero un resumen anticipado de la misma apareció el mismo año en la revista Estudios Centroamericanos –la famosa ECA– editada por dicha casa de estudios superiores, en el marco de la conmemoración del décimo aniversario de la firma del llamado Acuerdo de Chapultepec y el fin del conflicto bélico interno entre los dos ejércitos protagonistas: el gubernamental y el guerrillero.

    Desde el inicio de dicha investigación planteamos que la situación de los derechos humanos en aquel entonces, hace casi veinticuatro años, no debía evaluarse partiendo del “estado de barbarie que se llegó a alcanzar entre 1972 y 1992, sino confrontándola con las aspiraciones de humanismo y humanidad” que debían ser la guía para edificar “un El Salvador distinto”. Y no había dónde perderse en cuanto a sus puntos de partida y llegada. Inspirados en las enseñanzas de Ignacio Ellacuría ‒uno de los rectores mártires salvadoreños junto con Félix Ulloa, el grande‒ los ubicamos ambos, sin dudarlo, en la centralidad de nuestras mayorías populares.

    Además, señalamos que el proceso salvadoreño iniciado en abril de 1990 con el primero de los acuerdos firmados entre las partes aún beligerantes ‒el de Ginebra que registró sus cuatro componentes esenciales‒ debía tener una sostenibilidad que hasta ese momento no estaba garantizada. Y esta nunca se garantizó pues “no se realizaron los ajustes necesarios para superar la desigual distribución del ingreso, con base en reglas claras y responsabilidades conjuntas en lo relativo a su cumplimiento”.

    Al no haber impulsado los necesarios cambios estructurales para mejorar la situación social y económica de las mayorías populares prevaleciente a lo largo de nuestra historia, en un escenario nacional complejizado más con el deterioro ambiental, afirmamos en aquel momento que el conflicto continuaba “aunque no en su expresión bélica”. De por sí, eso era peligroso; pero se agravó aún más cuando las instituciones estatales no actuaron en función del bien común, los partidos políticos se esmeraron en defraudar a la sociedad y la población no se organizó como debía haberlo hecho para participar como fuerza definitoria y corregir el rumbo con coherencia, inteligencia y potencia.

    Lo que se avanzó en democracia formal, porque algo se avanzó, terminó vertido en el sumidero de la suciedad. Por eso estamos como estamos. Hoy como siempre, algunas personas ‒las menos‒ saben y pueden reír disfrutando de sus egoístas y sustanciosos beneficios; pero a las más, les toca sufrir y lamentarse en medio de su desamparo. Las primeras son las largas “serpientes” con las que Silvio sueña; las que “en sus barrigas llevan lo que puedan arrebatarle al amor”. Casi logramos desnucarlas en un momento histórico dado, pero hace unos años apareció “una mayor” que siendo peor se mantiene y continúa creciendo… al menos por ahora.

    Considerando lo anterior, en este momento no podemos hablar de una agenda pendiente; lo que está ocurriendo es el impulso de una agenda diferente, egoísta, marcada por el autoritarismo y la corrupción. Por ello, para diseñar una conveniente –fundada en el respeto de los derechos humanos de nuestras mayorías populares– debemos retomar las enseñanzas de monseñor Romero junto a las de los dos últimos papas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, lo incumplido o lo mal cumplido de los acuerdos de paz y lo  que todavía podemos rescatar de nuestra Constitución. También hay que aprender de nuestras historias de lucha a lo largo de un tortuoso camino.

    Si no, todo se terminará yendo definitivamente por el drenaje instalado en medio de la codicia voraz, la prepotencia insolente y la impunidad descarada; drenaje igual de malo que el del estadio construido por el dictador del siglo pasado, general Maximiliano Hernández Martínez, y ahora convertido en uno de los íconos de harina del “bukelato”.

  • La Unión Europea multa a la plataforma china Temu por la venta de productos ilegales

    La Unión Europea multa a la plataforma china Temu por la venta de productos ilegales

    La Comisión Europea impuso este jueves una multa de 200 millones de euros (unos $232 millones) a la plataforma china de venta online Temu por «no identificar, analizar y evaluar los riesgos sistémicos de la oferta de productos ilegales» en su plataforma y el consiguiente perjuicio para sus usuarios, lo que viola sus obligaciones para con la Ley europea de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés).

    «Es hora de que Temu cumpla con la ley», dijo la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario responsable de Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, Henna Virkkunen, en un comunicado para anunciar la sanción, la más elevada hasta la fecha impuesta por Bruselas en el marco de la DSA

    La sanción es el resultado de una investigación que se remonta a 2024 y que sigue abierta para examinar otros cargos graves como la falta de medidas para mitigar estos riesgos o el diseño adictivo de la plataforma que, de confirmarse, resultarán en nuevas multas contra Temu, según han precisado fuentes comunitarias.

    En este contexto, Virkkunen ha querido dejar claro que los análisis de riesgos a los que la DSA obliga a las plataformas de mayor tamaño, como es el caso de Temu, «no son meros trámites burocráticos», sino la «base» de la regulación europea.

    La compañía dispone ahora de un plazo de tres meses, hasta el 28 de mayo, para presentar un plan de acción concreto con el que corregir las irregularidades que, en todo caso, no le evitará la multa, pero sí le expone a una sanción mayor si persiste en los incumplimientos. Bruselas evaluará después el plan presentado para comprobar si es suficiente y establecer un calendario para su puesta en práctica.

    «La evaluación de riesgos de Temu subestima las amenazas concretas, carece de especificidad, no se fundamenta en pruebas sólidas y no es exhaustiva», critica Virkkunen, quien también alerta de que con ello los reguladores, usuarios y el público en general quedan en el desconocimiento de la «verdadera magnitud del daño potencial» que representan los productos ilegales disponibles en la plataforma de venta ‘lowcost’.

    En su investigación formal, los servicios comunitarios han concluido que las evaluaciones realizadas por Temu sobre sus servicio se basan en «información general» del sector del comercio online y no en pruebas específicas realizadas en su propia plataforma.

    Tampoco creen que la compañía china haya valorado la gravedad de la frecuencia con la que los consumidores europeos se encuentran con artículos ilegales y advierten de que en una prueba realizada para la propia Comisión a partir de un perfil de comprador de incógnito se detectó que «un porcentaje muy elevado» de los cargadores eléctricos ofertados «ni superó las pruebas básicas de seguridad».

     

    Estos ‘tess’ también permitieron detectar una muy alta proporción de los juguetes para bebés examinados planteaban problemas de seguridad «de gravedad media alta» por la presencia de químicos en niveles que superan los umbrales legales o por los riesgos de asfixia del producto por sus piezas desmontables, entre otros problemas.

    Finalmente, la tercera irregularidad tenida en cuenta para el cálculo de la sanción es que Temu no evaluara adecuadamente el modo en que el diseño de su servicio podría aumentar los riesgos de difusión de productos ilegales, por ejemplo a través de programas de recomendación y promoción por parte de ‘influencers’ afiliados.

  • Los activos de la banca privada salvadoreña superaron los $26 mil millones un incremento anual del 12.7%

    Los activos de la banca privada salvadoreña superaron los $26 mil millones un incremento anual del 12.7%

    Los activos totales de la banca privada salvadoreña alcanzaron los $26,130 millones hasta marzo de 2026, un incremento interanual de 12.7 %, equivalente a $2,953.9 millones adicionales respecto al mismo período de 2025, según un informe de la Asociación Bancaria Salvadoreña (ABANSA) difundido el miércoles.

    Los resultados financieros al cierre del primer trimestre del año, reflejan crecimiento en activos, créditos y depósitos, según el informe de la asociación.

    El saldo de préstamos brutos llegó a $17,980 millones, con un crecimiento de 10.3 %, es decir, $1,678 millones más frente al año anterior. La gremial bancaria sostuvo que el aumento del crédito permitió ampliar el financiamiento para vivienda, negocios y proyectos productivos en diferentes sectores del país.

    En materia de ahorro, los depósitos bancarios totalizaron $20,768 millones a marzo de 2026, con un crecimiento de 17.4 %, es decir, $3,090 millones más que en igual período del año pasado. Los depósitos a plazo crecieron 19.7 %, impulsados por usuarios que buscan mayor seguridad financiera y mejores rendimientos.

    ABANSA señaló además que el índice de solvencia cerró en 14.36 %, por encima del mínimo legal exigido, mientras que la mora se redujo a 1.43 %. La gremial destacó que estos indicadores muestran estabilidad y fortaleza dentro del sistema financiero salvadoreño.

    El sector bancario también reportó crecimiento en operaciones digitales y acceso a productos financieros. Más de 66 millones de operaciones se realizaron durante el primer trimestre a través de banca móvil e internet, mientras que más de 1.3 millones de salvadoreños cuentan con tarjeta de crédito activa y 2.8 millones poseen tarjeta de débito.

     

  • Exalcaldesa Nercy Montano alegó falta de liquidez para despedir empleados el mismo año en el que elevó gasto de fiestas a $800,000

    Exalcaldesa Nercy Montano alegó falta de liquidez para despedir empleados el mismo año en el que elevó gasto de fiestas a $800,000

    En mayo de 2022, un empleado de la Alcaldía de Soyapango fue  notificado de su despido con la justificación de Recursos Humanos de: ‘no hay fondos para pagar su salario’. Sin embargo, a finales de ese mismo año, la entonces alcaldesa de Nuevas Ideas, Nercy Patricia Montano, autorizó un gasto de $800,000 para las fiestas patronales, destinando incluso $150,000 para la presentación de un artista internacional.

    Este miércoles, Montano enfrentó una audiencia preliminar por los delitos de actos arbitrarios y desobediencia, luego de que las investigaciones de la Fiscalía General de la República revelaran que su administración no solo despidió injustificadamente a cuatro trabajadores, sino que ignoró deliberadamente las órdenes judiciales de reinstalo, acumulando condenas por salarios caídos que superan los $19,000 y que también salpicaron a sus regidores.

    La relación de los hechos de este segundo requerimiento presentado contra Montano en febrero de 2025 constan cuatro casos de despidos. La catalogada como víctima 4 en el proceso se le notificó su despido en mayo de 2022 bajo la justificación de que la municipalidad no tenía fondos para cubrir su salario.

    Durante el primer proceso judicial -que desencadenó toda la crisis en la comuna soyapaneca- un exconcejal que rindió testimonio confirmó que Montano aprobó pagos que alcanzaron los $800,000 para las celebraciones patronales en el mismo año del despido de la víctima mencionada, incluyendo el pago de $150,000 por la presentación de un artista internacional.

    En el juicio original se estableció que la falta de liquidez argumentada por la alcaldía para no pagar salarios fue generada por el mismo concejo municipal, al aprobar un aumento en el presupuesto de las fiestas patronales que superó los $800,000. Simultáneamente, entre septiembre y diciembre de 2022, la municipalidad reportaba una planilla de más de 1,800 empleados a los cuales se les dejó de pagar salarios y se les retuvieron sus cuotas laborales.

    El requerimiento de este caso también presenta tres casos más, en ninguno se restituyó el empleo y en otros dos, los argumentos fueron «Ya no necesitan sus servicios, por lo que está despedido por órdenes de la alcaldesa municipal de Soyapango», y «Por orden de la alcaldesa y por acuerdo del concejo está despedido». Las cuatro víctimas empezaron procesos de nulidad del despido, puesto que fue verbal.

    Los tribunales de lo laboral, donde se presentaron estos procesos de nulidad de despido, emitieron condenas económicas directas contra los funcionarios. El Juzgado Segundo de lo Laboral de San Salvador declaró nulo el cese de la víctima 3, ejecutado en mayo de 2021, y condenó a la alcaldesa y a 12 regidores a pagar $10,440 en concepto de salarios caídos.

    Por su parte, el Juzgado Quinto de lo Laboral anuló el despido de la víctima 4 y ordenó a la municipalidad pagar los salarios caídos, por una cantidad aún por determinar en ese expediente. Tal como establecen los registros del caso laboral, las demandas acumuladas por las víctimas generaron condenas que superan los $19,000 en salarios caídos, incluyendo fallos adicionales por $8,266.02 y $1,005 a favor de otros dos empleados despedidos.

    La Fiscalía General de la República documentó que la dinámica de las destituciones se ejecutaba de manera verbal. A la víctima 3, el jefe de Recursos Humanos le manifestó que la decisión era «por orden de la alcaldesa y por acuerdo de concejo».

    Los empleados afectados ganaron sus respectivas demandas laborales, las cuales ordenaban la reinstalación en sus puestos y el pago de sus remuneraciones pendientes. La FGR acusa a Montano del delito de desobediencia debido a que la exfuncionaria no cumplió las órdenes de los jueces. Por este caso, el Ministerio Público solicitó al Juzgado Primero de Instrucción de Soyapango que el proceso pase a la etapa de juicio

  • Los depósitos bancarios superaron los $20 mil millones y crecieron 17.4 % hasta marzo

    Los depósitos bancarios superaron los $20 mil millones y crecieron 17.4 % hasta marzo

    Los depósitos en la banca privada salvadoreña alcanzaron los $20,768 millones al cierre de marzo de 2026, con un crecimiento interanual de 17.4 %, equivalente a $3,090 millones adicionales respecto al mismo período del año pasado, informó la Asociación Bancaria Salvadoreña (ABANSA).

    La gremial bancaria destacó que el aumento de los depósitos refleja la confianza de los salvadoreños en el sistema financiero y una mayor cultura de ahorro dentro del país.

    ABANSA señaló que los depósitos a plazo registraron uno de los mayores incrementos, con un crecimiento de 19.7 % interanual, impulsado por personas que buscan instrumentos financieros más seguros y con mejores rendimientos.

    El sistema financiero privado también superó los 7 millones de cuentas activas, lo que representó un crecimiento de 21 % respecto al año anterior. Solo en el último año se abrieron más de 1.28 millones de nuevas cuentas de ahorro y corriente.

    La asociación bancaria indicó que el crecimiento de cuentas simplificadas permitió ampliar el acceso de más salvadoreños al sistema financiero formal, eliminando barreras para personas con menores ingresos y facilitando el resguardo seguro del dinero.

    ABANSA sostuvo que la expansión del ahorro fortalece la estabilidad financiera del país y brinda mayores recursos para canalizar créditos hacia empresas, emprendimientos y familias salvadoreñas.

    La banca privada también reportó un incremento en las operaciones digitales relacionadas con cuentas de ahorro y depósitos. Más de $11,000 millones fueron movilizados mediante 66 millones de operaciones realizadas durante el primer trimestre de 2026.

    Además, la banca móvil registró un crecimiento de 42 %, mientras que las operaciones a través de banca por internet aumentaron 49 %, consolidando el uso de plataformas digitales para realizar pagos, transferencias y consultas financieras.

  • Las importaciones salvadoreñas rozan los $6,000 millones hasta abril

    Las importaciones salvadoreñas rozan los $6,000 millones hasta abril

    Las importaciones acumuladas de El Salvador alcanzaron los $5,950 millones entre enero y abril de 2026, reflejando un crecimiento interanual de 5.9 %, según datos publicados por el Banco Central de Reserva (BCR).

    El informe del BCR muestra que Estados Unidos continúa siendo el principal socio comercial del país en materia de importaciones, con compras valoradas en $1,568 millones y un volumen de 1,552.4 millones de kilogramos.

    China se consolidó como el segundo mayor proveedor de mercancías hacia El Salvador, con importaciones por $1,237.1 millones y 545.7 millones de kilogramos, fortaleciendo su presencia dentro del comercio salvadoreño.

    Guatemala aparece en la tercera posición entre los principales socios comerciales, con importaciones valoradas en $568.4 millones, seguida de México con $455.4 millones y Honduras con $237.1 millones.

    Entre los países centroamericanos, Nicaragua registró exportaciones hacia El Salvador por $190.3 millones, mientras Costa Rica alcanzó $164.5 millones en el período analizado.

    El listado de principales proveedores internacionales también incluye a Japón, con $143.4 millones; Corea del Sur, con $117.6 millones; e India, con $102.9 millones en importaciones acumuladas.

    Combustibles encabezan importaciones

    Por tipo de productos, los combustibles derivados del petróleo encabezaron las importaciones salvadoreñas con $662.9 millones y 724.4 millones de kilogramos, manteniéndose como el principal rubro de compras externas del país.

    Los medicamentos ocuparon el segundo lugar, con importaciones por $231.6 millones, seguidos por vehículos para transporte de mercancías con $178.1 millones y gas de petróleo e hidrocarburos gaseosos con $149.7 millones.

    Asimismo, las importaciones de automóviles para transporte de personas alcanzaron $148.8 millones, mientras que teléfonos móviles y equipos de telecomunicaciones sumaron $138.4 millones.

    El informe también refleja compras importantes de productos alimenticios y materias primas. Las importaciones de quesos y requesón totalizaron $88.5 millones, preparaciones alimenticias $83.7 millones y maíz $71.3 millones.

    En el sector industrial, los hilos, cables y conductores eléctricos registraron importaciones por $60.2 millones durante los primeros cuatro meses del año.

    Las estadísticas del BCR muestran además que las importaciones salvadoreñas mantienen una tendencia de crecimiento sostenida tras la recuperación económica posterior a la pandemia y el aumento de la actividad comercial regional e internacional.

     

  • Oposición celebra divulgación de patrimonio de funcionarios pero señala “números no cuadran”

    Oposición celebra divulgación de patrimonio de funcionarios pero señala “números no cuadran”

    Diputadas de oposición celebraron el miércoles la divulgación de los datos patrimoniales de los funcionarios públicos realizada esta semana, recordaron que este tipo de información era pública antes de que fuera puesta en reserva, pero manifestaron que tienen dudas sobre la veracidad de las declaraciones de algunos funcionarios.

    La diputada Marcela Villatoro, de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), aseguró que debido a la publicidad de esa información patrimonial se conocieron abusos «en otros gobiernos».

    «Desde 2021 creo que no se podía saber cuál eran los activos y pasivos de los funcionarios. La verdad eso es bueno que la población conozca, por eso fue que en otros gobiernos se pudo conocer cuáles cuando existieron estos abusos de poder, a través de estas declaraciones patrimoniales. Aquí este gobierno todo este tiempo lo mantuvo en oscurantismo y han decidido proyectarlo a la luz del día por una exigencia del Fondo Monetario Internacional«, indicó, en declaraciones divulgadas por el grupo parlamentario.

    Según la diputada, «es bueno que los salvadoreños sepan la realidad patrimonial de todos los funcionarios públicos».

    La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, aseguró que esa información «tuvo que haber sido pública desde hace muchos años».

    «Lo que pasa es que ha habido un bloqueo al acceso a la información y ahora, por las presiones del Fondo Monetario Internacional, se han visto obligados» «para que les desembolsaran más dinero», remarcó la diputada Ortiz.

    Sin embargo, las legisladoras expresaron dudas sobre las declaraciones de activos y pasivos de algunos funcionarios y la correspondencia con la realidad.

    He declarado todo mi patrimonio y el de mi grupo familiar de manera completa, veraz, todo tiene soporte documental, no hay nada oculto, todo se ha hecho según la ley lo exige. Claudia Ortiz (Vamos).

    «Aunque hay algunos números que por ahí no cuadran, por ejemplo, hay diputados en saldos rojos pero el Banco Hipotecario les ha dado préstamos de miles para tener sus casas y apartamentos, a los salvadoreños de a pie ni les hubieran abierto la puerta», indicó Villatoro, en referencia a un listado de hipotecas que con datos del Centro Nacional de Registro fueron publicadas por el medio de comunicación FocosTV.

    «Ojalá que no se estén inventando las cosas, hay algunos que bien dudosos salen con bien poquito pisto y todos sabemos que hay más que lo que cuentan… No sé si los demás se han puesto numeritos demás o se hayan quitado numeritos demás también», agregó.

    Yo fui la que empecé a preguntar en la Asamblea Legislativa cuál iba a ser el formato que iba a dar Hacienda para presentarlo. Un día antes no habían hecho el portal para que nosotros pudiéramos subir nuestras declaraciones patrimoniales. Tuve que preguntarle al gerente de operaciones de la Asamblea para que nos dijera cuál iba a ser el procedicimiento a seguir porque nadie sabía absolutamente nada. Por lo menos en nuestro caso, lo hicimos basado en nuestros contadores». Marcela Villatoro (Arena).

    Por su parte, la diputada Claudia Ortiz aseguró es «cuestionable» que «muchos otros funcionarios públicos donde vemos que el patrimonio que han declarado no corresponde con el estilo de vida que todos podemos ver que llevan y eso está a la vista de la ciudadanía».

    «Hemos visto en los últimos años funcionarios que han sido contratistas del Estado, siendo funcionarios, con contratos millonarios, hemos visto los créditos hipotecarios que han recibido muchos de ellos y que no se ven reflejados en lo que están declarando, hemos visto funcionarios con cirugías estéticas», expresó.

    El registro de activos y pasivos de funcionarios puede ser consultado por cualquier ciudadano sin necesidad de introducir una identificación, correo y contraseña, a diferencia del registro de compras públicas. Para ingresar puede buscar el link de «Consulta Activos y Pasivos» o puede ingresar directamente al link https://portaldgii.mh.gob.sv/ssc/consulta/pasivosActivos/.

    El Salvador se comprometió en el acuerdo con el FMI a «promulgar una nueva Ley Anticorrupción» que fuera coherente con «principios de alto nivel del G-20» sobre «declaración de activos de funcionarios públicos» y la «publicación de las declaraciones patrimoniales de los altos funcionarios enumerados en el artículo 236 de la Constitución».

    El compromiso se dio en el marco de los objetivos de gobernanza y transparencia en la primera revisión del Servicio Ampliado del Fondo (SAF).

    Así, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Anticorrupción el 7 de febrero de 2025. Esta normativa obliga a funcionarios y empleados públicos a presentar informes de activos y pasivos cada año a partir de 2025 y que serían publicados luego de 15 días de ser presentados.

    En el pasado, las declaraciones patrimoniales con sus adendas fueron públicas; concretamente en 2015 y 2016 pero a partir de 2020 se empezaron a emitir reservas a esta información. En 2020 el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) determinó que las adendas patrimoniales eran confidenciales.