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Diputados de Nuevas Ideas presentaron el viernes por la noche ante el pleno de la Asamblea Legislativa la primera reforma a la Constitución de la República que aprobarían bajo el mecanismo rápido aprobado el 29 de abril de 2024 y ratificado el pasado 29 de enero de 2025.

«Derógase el Art. 210 de la Constitución», reza la reforma propuesta, en referencia al artículo que establece «la deuda política como un mecanismo de financiamiento para los partidos políticos contendientes, encaminado a promover su libertad e independencia».

En su petición, los diputados calificaron de «contradictorio» que el Estado «deba reconocer o retribuirle al partido político o coalición la cuantía por votos obtenidos en determinado evento electoral», ya que «podría interpretarse que al final lo que busca el funcionario es obtener un beneficio económico de parte del Estado».

Esa primera solicitud de reforma constitucional pasó a estudio de la Comisión Política, que se reunirá el martes 11 de febrero.

El Estado programó $38 millones de financiamiento público para el financiamiento a los partidos políticos durante el año 2024; según los cálculos de la organización Acción Ciudadana, $27 millones serían para Nuevas Ideas, $2.7 millones para Arena, $2.5 millones para el FMLN, $1.2 millones para Gana.

De enero a junio de 2019, para las elecciones presidenciales, Gran Alianza por la Unidad Nacional (Gana) recibió un total de $7,167,994, Vamos recibió $109,005.75; el Partido Demócrata Cristiano (PDC), 43,149.75; y el Partido Social Demócrata recibió $71,328.69, según datos del Ministerio de Hacienda.

Reforma constitucional en una votación

Hasta enero pasado, una reforma constitucional en El Salvador exigía la votación de dos legislaturas diferentes, proceso que requería la intervención de dos conformaciones legislativas.

La sentencia de la Sala de lo Constitucional 33-2015 exigía que en todo proceso de reforma constitucional era necesario un «intervalo de tiempo adecuado para que la ciudadanía se informe de las alternativas en juego y de la exacta dimensión de la reforma constitucional sometida a su consideración», es decir, consideraba que la ciudadanía debía conocer la posición de los partidos políticos sobre las reformas constitucionales antes de la elección legislativa y no hasta después.

Sin embargo, el pasado 29 de enero, la Asamblea ratificó la primera votación de la reforma al artículo 248 de la Constitución que permitía, también, aprobar una reforma constitucional en una sola votación.

La oposición ha argumentado que la anulación de la deuda política es un pretexto para «trastocar la Constitución» de El Salvador.

Con 59 votos, la Asamblea Legislativa abrió el proceso de elección del procurador general de la República para el periodo que inicia el 2 de mayo de 2025 y finaliza el 1 de mayo de 2028.

Los candidatos pueden enviar sus hojas de vida y atestados desde ya en un horario de 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. El último día para recibir currículums y los documentos requisitos es el viernes 28 de febrero de 2025.

El cargo lo ocupa actualmente el abogado René Gustavo Escobar Álvarez, quien acompau00f1ó recientemente al comisionado presidencial de derechos humanos, Andrés Guzmu00e1n, durante el Examen Periódico Universal de los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a El Salvador. Escobar afirmó que durante el régimen de excepción «la defensa técnica se le ha brindado de manera oportuna a todas las personas procesadas», aunque organizaciones defensoras de derechos humanos aseguran que no se cumple el derecho de defensa.

Escobar Álvarez finaliza su periodo el 1 de mayo de 2025.

Los aspirantes deberán adjuntar constancias de Probidad, Investigación Judicial, Investigación Profesional de la Corte Suprema de Justicia, Fiscalía General de la República, Procuraduría General de la República, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y Corte de Cuentas de la República.

También, deberán presentar constancia del Tribunal Supremo Electoral en la que conste no tiene afiliación partidaria, del Tribunal de Ética Gubernamental (TEG), la constancia de antecedentes penales y policiales, y solvencia del Ministerio de Hacienda en la que demuestre se encuentra solvente.

A ello deberán sumar el respectivo acuerdo de autorización de abogado, la certificación de la partida de nacimiento y una copia certificada de Documento Único de Identidad (DUI).

Tal como estaba previsto, la Asamblea Legislativa probó este viernes la Ley Anticorrupción, que contó con 59 votos, incluidos los del partido opositor Alianza Republicana Nacionalista (Arena). Vamos es abstuvo.

Sin embargo, momentos antes de la aprobación, la diputada de Vamos, Claudia Ortiz, había pedido coherencia del gobierno con la ley, iniciativa del Ejecutivo.

Aprobar esta ley “es un paso que hay que apoyar pero que no va a ser suficiente, sino se toman medidas en coherencia con eso. La transparencia es un gran déficit de esta administración. Esta Asamblea Legislativa tampoco ha aprobado propuestas que hemos hecho para que los acuerdos de Junta Directiva sean públicos”, señaló Ortiz.

La diputada de Vamos reiteró que, en aras de la transparencia y en consonancia con esta ley, se deben quitar las reservas de información.

“Todos los esfuerzos de lucha contra la corrupción son importantes, son necesarios. Se va a aprobar esa ley, de acuerdo, pero también levantemos la reserva de información, que la reserva de información no dure siete años, sino que dure tres años, como hemos propuesto”, exhortó.

Por su parte, la diputada Marcela Villatoro, de Arena, también señaló que ya que se creó y aprobó esta ley “ya es momento” que se investiguen los casos que la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES) dio aviso de posible corrupción.

“Todos los salvadoreños queremos que se combata la corrupción, pero también hay varios casos que se dieron durante la pandemia, que ya es momento que se empiecen a investigar qué fue lo que pasó, y lo que hicieron fue eliminar la CICIES, pues ahora con esto ya tienen una forma más para proceder e investigar a cualquier funcionario”, señaló Villatoro.

La diputada de Arena reiteró que es importante que, con esta ley, “el fiscal general de la República podrá proceder de forma oficiosa cuando vea que hay algún tipo de enriquecimiento ilícito y cualquier ciudadano puede poner algún tipo de denuncia cuando vea que algún funcionario está actuando de forma ilegal”.

El diputado Francisco Lira, de Arena, también criticó la reserva de información pública. “Para que se les crea al gobierno de Nuevas Ideas, que quiere combatir la corrupción, los invito, levanten la restricción del acceso a la información pública que tienen por 12 años, desentierren los 12 casos de la CICIES que ustedes mismos cerraron”, dijo, en un video de TikTok.

La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, exhortó a apoyar a los salvadoreños que viven en los Estados Unidos, así como a los retornados en torno a la reciente visita del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, a El Salvador.

La diputada aseguró que hay «mucha inquietud» en los salvadoreños en Estados Unidos pero que hay «muchas cosas que se pueden hacer desde el gobierno salvadoreño» para apoyarlos.

“Ya la Asamblea Legislativa les dio el derecho al voto, ahora háganse cargo también de apoyar a los hermanos en el exterior con programas que les apoyen allá, porque quienes no tienen ciudadanía, ni residencia, están totalmente desprotegidos. No tiene acceso a atención médica, una situación laboral más complicada, es ahí donde los servicios consulares deben reforzarse y acá deben reforzar los servicios de apoyo a personas retornadas, para que la gente pueda tener opción de reconstruir su vida y también que existan condiciones para que la gente no se vaya”, recalcó.

Desde el primer día de su segundo mandato como presidente de Estados Unidos, Donald Trump firmó múltiples decretos para declarar la emergencia nacional en la frontera con México, bloquear la entrada de migrantes y deportar a «millones y millones de extranjeros criminales a los lugares de donde vinieron». Esto ha generado mucha incertidumbre en los latinos con estatus irregular en Estados Unidos y entre ellos la comunidad salvadoreña.

Sobre los salvadoreños beneficiarios del TPS eran cerca de 234,000; según una presentación de Diálogo Interamericano son 180,375.

El Programa de Migración, Remesas y Desarrollo de Diálogo Interamericano prevé al menos 14,000 salvadoreños deportados anualmente durante el gobierno de Trump.