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La Asamblea Legislativa aprobó, con 59 votos a favor, la noche de este viernes un pliego de reformas al Código Penal con las que aumentan penas a delitos de corrupción y crean nuevos delitos.

En la discusión del proyecto de decreto, el diputado Caleb Navarro, presidente de la Comisión de Seguridad Nacional y Justicia, expuso todos los delitos que tiene que ver con la corrupción de los funcionarios «se están aumentando los años de prisión, todos».

«A los actos arbitrarios que tiene el artículo 320 del Código Penal, estaba de 2 a 4 y pasa de 3 a 6 años de prisión… en el artículo 334-F le protege ciudadanía cuando usted tenga pruebas en sus manos para que vaya a denunciar actos de corrupción… También, hay un nuevo delito en el artículo 336-A el testaferrato o consentimiento de uso de nombre: el que presta su nombre para adquirir bienes con dineros que provengan de delitos de corrupción será sancionado con prisión de tres a seis años», detalló Navarro.

También, solicitó una modificación a la iniciativa, ya que en el artículo 39 en el concepto de «agentes de autoridad», que establece que son los agentes de la Policía Nacional Civil, agregaban a los militares cuando acompañen o realicen funciones de seguridad pública.

Navarro pidió modificación de la propuesta, que ya contaba con dictamen aprobado, para que siempre y únicamente quede como «agentes de autoridad» a los agentes de la Policía Nacional Civil.

¿Cómo quedaron las penas en la reforma al Código Penal a delitos de corrupción?

Actos arbitrarios: De 3 a 6 años.

Desobediencia: De 3 a 6 años

Denegación de auxilio: De 3 a 6 años

Revelación de hechos, actuaciones o documentos secretos por empleado oficial: De 6 a 9 años

De los delitos de corrupción cometidos por funcionarios públicos, empleados públicos, servidor público, agente de autoridad y autoridad pública:

Peculado: de 6 a 9 años, de 9 a 12 y de 12 a 15 años.

Peculado por culpa: De 3 a 6 años. De 3 a 5 años. De 6 a 9 años.Concusión: De 6 a 9 años.

Negociaciones ilícitas: De 12 a 15 años

Cohecho propio: De 6 a 9 años

Cohecho impropio: De 3 a 6 años

Malversación: Multa de hasta 100 días – Hasta 9 años

Enriquecimiento ilícito: De 5 a 15 años

Infidelidad en la custodia de registros o documentos públicos: De 9 a 12 años.

Los nuevos delitos de corrupción en el Código Penal

Artículo 334-A. Ocultamiento o alzamiento de bienes producto de la corrupción.
Será sancionado con prisión de tres a seis años.

Artículo 334-B. Actos preparatorios, proposición, conspiración y asociaciones delictivas.
La sanción será por la pena que esté prevista por el delito por el que estaban preparando, proponiendo, conspirando o concertando.

Artículo 334-C. Encubrimiento real.
Será sancionado con prisión de tres a seis años.

Artículo 334-D. Encubrimiento personal.
Sanción de tres a seis años de prisión.

Artículo 334-E. Omisión de denuncia o aviso. Para funcionarios públicos, civiles o militares.
Sanción de tres a seis años de prisión.

Artículo 334.F. Represalias por denuncia o aviso de corrupción.
Sanción de dos a cuatro años de prisión a inhabilitado para desempeño del cargo.

Además se crean y se intercalan entre los artículos 336 y 337:

Artículo 336.A. Testaferrato o consentimiento de uso de nombre.
Sanción de tres a seis años de prisión.

Artículo 336.B. Agravantes especiales:
a) Que el autor sea encargado de la prevención o persecución de los delitos previstos en esta ley.
b) Que el hecho delictivo haya sido cometido por un grupo delictivo.
c) Que el hecho haya sido cometido utilizando violencia en cualquiera de sus expresiones.
d) Que el hecho haya sido declarado culpable, en un delito análogo, por un tribunal nacional.
e) Cuando se utilice a familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad para ocultar o alzarse de los bienes producto de las acciones u omisiones de los hechos delictivos contenidos en esta ley y esté comprobado que estos no tenían conocimiento de la responsabilidad del imputado en los mismos.
En los casos anteriores, la pena podrá aumentarse hasta en una tercera parte del máximo de la pena señalada al delito cometido.

Artículo 336.C. Atenuantes especiales:
Podrá rebajarse la pena hasta la mitad del mínimo en este Código para los delitos de corrupción si:
a) Revela cómplices.
b) Si da información que haga posible la incautación o decomiso de los bienes.

Luego de poco más de cuatro meses que la Corte de Cuentas de la República quedara acéfala, la Asamblea Legislativa decidió nombrar a Walter Salvador Sosa Funes como el nuevo titular del ente fiscalizador hasta el 27 de agosto de 2026.

La propuesta de Nuevas Ideas coincidió con la propuesta que hicieron también los partidos PCN y PDC.

El nombre de Walter Salvador Sosa Funes fue propuesto en el pleno por el diputado Christian Guevara, jefe de fracción de Nuevas Ideas. Inmediatamente, el diputado Reinaldo Carballo, del PDC, coincidió con el nombre de Walter Salvador Sosa Funes. De manera inmediata, Rebeca Rodríguez, del PCN, dijo que el perfil idóneo lo cumple el mismo candidato.

La elección del nuevo funcionario contó con 57 votos a favor de Nuevas Ideas y sus aliados, Arena votó en abstención y Vamos en contra.

“Habiéndose realizado la votación nominal y pública, el resultado es el siguiente: dos abstenciones, un voto en contra y 57 votos a favor. Por lo tanto, con 57 votos a favor, queda electo como presidente de la Corte de Cuentas de la República el licenciado Walter Salvador Sosa Funes, para el período que concluirá el 27 de agosto del año 2026”, afirmó el presidente del Legislativo, Ernesto Castro.

Inmediatamente, Sosa Funes fue llamado y juramentado.

Walter Salvador Sosa Funes fue uno de los once candidatos que fueron entrevistados para el cargo, luego de que Roxana Soriano de Viaud, quien era la titular de la CCR fuera nombrada como presiente del Tribunal Supremo Electoral.

Walter Salvador Sosa Funes, ha ejercido como juez de paz en Dulce Nombre de María (Chalatenango), jefe ad honorem de Oficina Regional Paracentral del Ministerio de Trabajo, fue técnico II en el Conna, receptor de denuncias de la Junta del Departamento de La Paz y colaborador jurídico de la oficina jurídica de José Virgilio Cornejo según el currículo público en el portal de transparencia de Trabajo.

En la entrevista ante los diputados de la Comisión Política, en noviembre, prometió «cumplir la Constitución».

Sus propuestas:

• Seguir apostándole a los cambios impulsados por Roxana Soriano.

• Digitalización de la Corte de Cuentas.

• Dotar con un capital humano para que puedan realizar su trabajo.

• Posicionar a la Corte de Cuentas y no volver a la institución «un circo», ejemplificó cuando llegó la entonces vicepresidenta Ana Vilma de Escobar al entonces presidente de la CCR, Rosalío Tóchez.

• Lo más importante, dijo, es «cumplir la Constitución» para fiscalizar «todas aquellas instituciones, aquellos municipios» y «seguir todos los planes y todas las metas».

Luego de que los diputados de Nuevas Ideas y aliados autorizaron al gobierno a que suscriba un contrato de préstamo por $60 millones para infraestructura de datos, la diputada Marcela Villatoro, de la opositora Alianza Republicana Nacionalista (Arena), dijo: “No cumplen su palabra, dicen una cosa y hacen otra”.

“El presidente (Nayib Bukele) había dicho que ya no iban a haber este tipo de endeudamiento y los diputados rompieron con su palabra, porque fueron los primeros que empezaron a poner en redes sociales y andaban con la algarabía que esta Asamblea ya no se iba a endeudar más y es lo primero que hacen en las primeras sesiones plenarias de este año. Pero como todos conocemos, ellos no cumplen su palabra, dicen una cosa y hacen otra”, cuestionó la diputada Villatoro.

El préstamo por $60 millones será destinado al «Programa para el desarrollo de la infraestructura de datos de El Salvador» financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Según el proyecto aprobado, “con dicho financiamiento se busca avanzar con la mejora de la prestación de los servicios digitales del Estado, mediante la realización de diferentes intervenciones para ampliar la infraestructura digital del país y a la vez permita aumentar las habilidades para el uso de dicha infraestructura y prestación de servicios.

La legisladora lamentó que seguir endeudando al país solo hará más pesada la carga financiera del país y que serán las nuevas generaciones que tendrán que irla pagando.

“Es una lástima para los salvadoreños, porque al final de cuentas es dinero que le va a tocar ir pagando a generación, tras generación y no tenemos responsabilidad fiscal como país, sino al contrario, terminamos endeudándonos en cosas que no son tan importantes como lo que sí necesita el país, por ejemplo: mejorar la infraestructura escolar o mejorar los hospitales entre otras cosas que no se están haciendo”, señaló la legisladora del partido opositor.

La autorización para el contrato de préstamo contó con 57 votos a favor.

La Asamblea Legislativa reformó este viernes el artículo 8 del Código Procesal Penal para ampliar el límite máximo de la detención provisional de un imputado en cualquier proceso judicial hasta la media pena del delito por el cual es acusado.

El máximo podrá extenderse hasta la media pena para el delito imputado o del delito más grave imputado si son varios delitos.

La reforma fue aprobada con 57 votos de Nuevas Ideas y sus aliados.

Esta extensión de la privación de libertad podrá aplicarse “a todos los procesos penales que no cuenten con una resolución firme”.

“La privación de libertad también podrá extenderse mediante resolución fundada por el equivalente de la media pena dispuesta para el delito imputado y en el caso que se imputen varios delitos por la mitad de la pena señalada en el delito más graves durante o como efecto del trámite de los recursos de la sentencia condenatoria”, indica la reforma.

Actualmente, la detención provisional de un imputado de delito “menos grave” no puede exceder un año y la detención de un imputado por delito grave puede extenderse hasta dos años e incluso ampliarse un año más por el trámite de recursos. Con la reforma, este límite podrá extenderse.

También, la reforma permite no aplicar el plazo máximo de detención provisional en casos de:
1. Pericias complejas.
2. Conflictos de competencia.
3. Asistencia legal mutua activa en materia penal.
4. Mientras dure la extradición activa o pasiva.
5. De oficio o a petición de parte debe descontar prácticas dilatorias o litigación temeraria, incidentes procesales infundados u otras infracciones similares.

Según el gobierno, “al agotarse los plazos los acusados por delitos graves” son “puestos en libertad”. “La puesta en libertad anticipada de los imputados por el agotamiento de dicho plazo permite que estos puedan evadir la acción de la justicia, entorpecer la investigación o, en el peor de los casos, intimidar a los ciudadanos que han sido víctimas del delito o que intervienen como testigos o jurados”, dijo.

Hay muchos abogados que dilatan adrede los procesos, esto para que sus clientes puedan salir libres y en algunos casos hasta puedan huir del país, esto también le servía a muchos delincuentes para que al salir podían intimidar a los testigos, las víctimas y el jurado. Francisco Villatoro (Nuevas Ideas).