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La fiscal general saliente de Guatemala, Consuelo Porras, sancionada por EE.UU. y la Unión Europea por socavar la democracia, defendió este viernes su gestión de ocho años como una de «decisiones firmes y transformación institucional», y denunció que «narrativas desinformadoras» intentaron «desacreditar y demeritar» su trabajo.

«Podemos decir con la frente en alto: deber cumplido (…) esta ha sido una gestión histórica con resultados reales (…) enfrentamos obstáculos, nos intentaron callar, nos intentaron desacreditar», dijo Porras al presentar el informe de gestión del período 2025-2026, en la que ha sido su última presentación pública como fiscal general.

Consuelo Porras, una jurista de 72 años, asumió el puesto en mayo de 2018 elegida por el entonces presidente Jimmy Morales (2016-2020) y repitió por decisión de Alejandro Giammattei (2020-2024), y será sustituida a partir de este domingo por el abogado y juez Gabriel Estuardo García Luna, de 49 años.

En su discurso, Porras aseguró que bajo su mando el Ministerio Público alcanzó un porcentaje de resolución de casos superior al 90 % respecto a las denuncias recibidas, logrando una reducción drástica de la mora fiscal histórica que arrastraba la institución, aunque de acuerdo con diversas fuentes, la tasa real de éxito no supera el 8 %.

Asimismo, destacó supuestos indicadores de aceptación pública y fortalecimiento interno, argumentando que los niveles de confianza ciudadana aumentaron gracias a la modernización de la entidad y a la cobertura penal en los 340 municipios del país, unas afirmaciones vertidas en una ceremonia restringida exclusivamente al personal institucional y a medios de comunicación previamente seleccionados.

Esta versión de eficiencia contrasta drásticamente con el severo bloqueo internacional que deja Porras como legado, pues acumula sanciones internacionales por corrupción activa y persecución penal para socavar la democracia y criminalizar a opositores.

El rechazo de la comunidad internacional se recrudeció de forma definitiva tras las elecciones generales de 2023. En ese periodo, la Fiscalía dirigida por Porras emprendió una agresiva e inédita ofensiva judicial que buscaba anular el escrutinio oficial y criminalizar al partido del actual presidente de la República, Bernardo Arévalo de León.

Diversas organizaciones de derechos humanos, colectivos indígenas, activistas y operadores de justicia denunciaron de forma sistemática que, bajo el mandato de Porras, la persecución penal fue utilizada sistemáticamente como una herramienta de represión política.

Este fenómeno derivó en la criminalización de liderazgos comunitarios, defensores de derechos humanos y periodistas críticos, además de provocar el exilio forzado de más de una treintena de jueces, magistrados y fiscales anticorrupción que investigaban redes de impunidad y decidieron abandonar el país al no contar con garantías jurídicas.

El relevo que asumirá García Luna el próximo domingo mantiene en alerta a la sociedad civil y a los socios internacionales de Guatemala, que exigen el cese de la persecución política como paso previo para restablecer el Estado de derecho.

Autoridades estadounidenses detuvieron en el estado de Arizona al exsecretario de Seguridad de Sinaloa Gerardo Mérida, señalado por Washington como una pieza importante en la trama para proteger al Cartel de Sinaloa en el caso que implica al el gobernador de Sinaloa (noroeste), Rubén Rocha Moya, quien se apartó temporalmente de su cargo oficial.

Según el expediente penal hecho público este viernes, Mérida fue detenido el pasado 11 de mayo y fue trasladado a Nueva York, donde la fiscalía del Distrito Sur lo acusa de conspiración para importar narcóticos, posesión de armamento y conspiración para poseer armamento.

En conjunto, estos cargos conllevan una posible pena de cadena perpetua para Mérida, quien ya compareció ante el juzgado el miércoles.

Mérida, un general retirado del Ejército mexicano, es uno de los principales imputados en la causa abierta por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York en relación a la llamada trama Rocha Moya.

Según la acusación, políticos y mandos de seguridad ligados al gobernador habrían recibido sobornos millonarios y apoyo electoral a cambio de proteger al cártel, permitiendo a sus miembros actuar con impunidad.

Al poco de hacerse pública la acusación, Rocha Moya pidió licencia temporal como gobernador y un juez federal bloqueó por el momento su arresto y extradición a EE.UU. la semana pasada.

Por su parte, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha insistido en repetidas ocasiones que la acusación estadounidense no cuenta con pruebas contundentes.

El caso abrió un nuevo frente de fricciones entre México y Washington, donde el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró en los últimos días que el país vecino está gobernado por los carteles y que si las autoridades locales no toman medidas, EE.UU. lo hará.

Junto con Roya Moya y Mérida, están acusadas varias figuras que aún ocupan cargos oficiales, como Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de la capital de Sinaloa, Culiacán, quien se apartó temporalmente del cargo.