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La fiscal general saliente de Guatemala, Consuelo Porras, sancionada por EE.UU. y la Unión Europea por socavar la democracia, defendió este viernes su gestión de ocho años como una de «decisiones firmes y transformación institucional», y denunció que «narrativas desinformadoras» intentaron «desacreditar y demeritar» su trabajo.

«Podemos decir con la frente en alto: deber cumplido (…) esta ha sido una gestión histórica con resultados reales (…) enfrentamos obstáculos, nos intentaron callar, nos intentaron desacreditar», dijo Porras al presentar el informe de gestión del período 2025-2026, en la que ha sido su última presentación pública como fiscal general.

Consuelo Porras, una jurista de 72 años, asumió el puesto en mayo de 2018 elegida por el entonces presidente Jimmy Morales (2016-2020) y repitió por decisión de Alejandro Giammattei (2020-2024), y será sustituida a partir de este domingo por el abogado y juez Gabriel Estuardo García Luna, de 49 años.

En su discurso, Porras aseguró que bajo su mando el Ministerio Público alcanzó un porcentaje de resolución de casos superior al 90 % respecto a las denuncias recibidas, logrando una reducción drástica de la mora fiscal histórica que arrastraba la institución, aunque de acuerdo con diversas fuentes, la tasa real de éxito no supera el 8 %.

Asimismo, destacó supuestos indicadores de aceptación pública y fortalecimiento interno, argumentando que los niveles de confianza ciudadana aumentaron gracias a la modernización de la entidad y a la cobertura penal en los 340 municipios del país, unas afirmaciones vertidas en una ceremonia restringida exclusivamente al personal institucional y a medios de comunicación previamente seleccionados.

Esta versión de eficiencia contrasta drásticamente con el severo bloqueo internacional que deja Porras como legado, pues acumula sanciones internacionales por corrupción activa y persecución penal para socavar la democracia y criminalizar a opositores.

El rechazo de la comunidad internacional se recrudeció de forma definitiva tras las elecciones generales de 2023. En ese periodo, la Fiscalía dirigida por Porras emprendió una agresiva e inédita ofensiva judicial que buscaba anular el escrutinio oficial y criminalizar al partido del actual presidente de la República, Bernardo Arévalo de León.

Diversas organizaciones de derechos humanos, colectivos indígenas, activistas y operadores de justicia denunciaron de forma sistemática que, bajo el mandato de Porras, la persecución penal fue utilizada sistemáticamente como una herramienta de represión política.

Este fenómeno derivó en la criminalización de liderazgos comunitarios, defensores de derechos humanos y periodistas críticos, además de provocar el exilio forzado de más de una treintena de jueces, magistrados y fiscales anticorrupción que investigaban redes de impunidad y decidieron abandonar el país al no contar con garantías jurídicas.

El relevo que asumirá García Luna el próximo domingo mantiene en alerta a la sociedad civil y a los socios internacionales de Guatemala, que exigen el cese de la persecución política como paso previo para restablecer el Estado de derecho.