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En el escenario actual de la criminalidad económica en El Salvador, el fenómeno de las llamadas mulas financieras ha dejado de ser un asunto marginal para convertirse en un eje central de la discusión penal y social. Quienes prestan sus cuentas bancarias, ya sea por necesidad, descuido o codicia, se transforman en engranajes indispensables para la ejecución de delitos como el hurto informático, la estafa digital y, de manera ineludible, el lavado de dinero y de activos.

Ahora bien, conviene precisar que el hurto informático constituye una modalidad novedosa del apoderamiento ilícito en la cual el sujeto activo no sustrae físicamente el bien, sino que engaña y manipula a otras personas para que presten sus cuentas bancarias para desviar fondos hacia su propio beneficio o el de terceros. En este sentido, el artículo 10 de la Ley Especial contra los Delitos Informáticos y Conexos sanciona con penas de dos a cinco años a quienes manipulen sistemas para obtener ventajas indebidas, aumentando la sanción a cinco a ocho años cuando la conducta recae sobre instituciones bancarias o financieras. De ahí que cada transacción irregular ejecutada por medio de una cuenta bancaria prestada pueda constituir una modalidad agravada de hurto informático.

Todo ello afecta directamente la confianza del sistema financiero. Asimismo, la estafa digital merece atención particular. Conforme a la misma ley, se considera estafa aquella acción en que, valiéndose de artificios electrónicos o digitales, se induce a error a una persona para que disponga de su patrimonio en beneficio de otro. En consecuencia, las víctimas, seducidas por promesas de empleo, créditos o inversiones ficticias, transfieren dinero que, posteriormente, es canalizado a cuentas de mulas financieras. De esta forma, el prestador de la cuenta no es un mero observador, sino que se convierte en un intermediario esencial para consumar la apropiación ilícita.

No obstante, los delitos no se agotan en el hurto o la estafa. Por el contrario, los fondos obtenidos ilícitamente necesitan un proceso de blanqueo para ingresar al sistema formal. Aquí se vincula directamente la Ley contra el Lavado de Dinero y de Activos, que sanciona con penas severas a quienes, por sí mismos o por interpuesta persona, introduzcan, conviertan, transfieran, oculten o encubran bienes provenientes de actividades ilícitas. Las mulas financieras encajan en esta tipología, puesto que, al recibir en sus cuentas los fondos estafados, contribuyen a dar apariencia de legalidad a recursos ilícitos.

En otras palabras, son eslabones indispensables para la fase de colocación y estratificación que caracteriza el proceso de lavado de activos. De manera ejemplificativa, puede señalarse que los estafadores internacionales que operan desde plataformas digitales no podrían concretar sus ilícitos sin la participación de operadores locales que faciliten cuentas para el ingreso y la dispersión de fondos. Así, las mulas financieras se convierten en la interfaz entre el fraude digital y el sistema bancario formal. Por lo tanto, se vuelven un blanco para investigar por delitos informáticos.

En este punto, resulta oportuno retomar las declaraciones del Fiscal General de la República, Rodolfo Delgado, quien ha advertido que las personas que prestaron sus cuentas no deben considerarse víctimas ingenuas, sino cómplices activos de organizaciones criminales. Por esa razón, se ha otorgado un plazo hasta el 30 de septiembre para que comparezcan voluntariamente ante la Fiscalía. Este ultimátum reviste relevancia no solo como política criminal, sino también como una medida de oportunidad para identificar los que fueron engañados y llegar así al núcleo de los cabecillas.

De manera, que el papel de las denominadas mulas financieras debe ser analizado con el rigor jurídico que exige la protección del orden económico, pero también con la sensibilidad social que demanda una sociedad marcada por la desigualdad, la necesidad y, en muchos casos, la falta de oportunidades. No cabe duda de que estas personas se encuentran en el punto de convergencia de delitos graves como el hurto informático y la estafa informática (art. 10 y 14 de la Ley Especial contra los Delitos Informáticos y Conexos), y el lavado de dinero y de activos, cerrando así el círculo de la criminalidad económica contemporánea.

En este punto, el derecho no puede confundirse en su misión: criminalizar al débil equivale a oscurecer el verdadero objetivo de la justicia, que es desmantelar las estructuras delictivas y proteger a la sociedad. El ultimátum fijado por la Fiscalía, que exige la comparecencia voluntaria antes del 30 de septiembre, debe interpretarse en clave de prudencia procesal: es, a la vez, un llamado a la responsabilidad ciudadana y una invitación a la transparencia. La cooperación voluntaria, lejos de ser una admisión de culpabilidad, puede convertirse en la llave maestra para reivindicar la dignidad de quienes fueron utilizados como instrumentos del fraude y, al mismo tiempo, en un mecanismo eficaz para la desarticulación de redes delictivas transnacionales.

Por ello, la justicia salvadoreña se enfrenta a un reto sofístico: mantener la firmeza sin perder la humanidad; castigar al culpable sin herir al inocente; perseguir al delincuente sin arrastrar a la víctima. En efecto, la necesidad y la ingenuidad pueden explicar la participación involuntaria; la colaboración voluntaria puede reivindicar a quienes fueron víctimas; y solo una justicia capaz de distinguir entre quienes engañaron y quienes fueron engañados será digna de ese nombre.

En definitiva, el mensaje debe ser diplomático pero categórico: la ley debe actuar como espada frente al dolo, pero como escudo frente a la vulnerabilidad. Así, El Salvador no solo mostrará su compromiso con el combate a la criminalidad económica, sino también con los valores más elevados de un Estado de Derecho: la proporcionalidad, la equidad y, sobre todo, la humanidad.

Recuerdo aquel día, me decía Julia, en que de repente aparecí en Multiplaza sin saber cómo había llegado. La confusión y el terror que sentí fue atroz. Fue el miedo a perder mi independencia, mi dignidad, mi humanidad.

Julia es una mujer de 74 años, viviendo sola desde hace más de 15 años. Mujer independiente durante todos estos años. Desde hace un año comenzó a notar que olvidaba dónde guardaba las cosas, y sus hijos empezaron a notar que repetía preguntas varias veces al día. Luego se le comenzó a dificultar el manejo de su dinero, y tareas como cocinar se volvieron un infierno. Algo estaba pasando dentro de su cerebro que no podía concebir.

Estos síntomas narrados por Julia reflejan los primeros signos del Alzheimer temprano: la pérdida de memoria que interfiere con la vida diaria; la confusión en lugares familiares; el olvido frecuente de objetos y la repetición de preguntas; dificultades para manejar finanzas y realizar tareas cotidianas; y el impacto emocional de la desorientación y el miedo a perder la propia autonomía. Es necesario que, ante estos cambios, se busque orientación médica cuanto antes, pues existen formas de diagnosticar y apoyar a las personas que inician este proceso.

Dos de cada tres pacientes con Alzheimer son mujeres en los Estados Unidos, donde aproximadamente el 11% de personas mayores de 65 años la padecen. En El Salvador, por supuesto que el MINSAL no tiene ni la más mínima idea de la magnitud del problema o no lo reportan, pero medios locales y asociaciones hablan de aproximadamente 69 mil personas con Alzheimer en El Salvador en 2024.

¿Qué es el Alzheimer?

El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa progresiva y la causa más común de demencia en adultos mayores. Se caracteriza por la destrucción gradual de las células cerebrales, lo que lleva a un deterioro de la memoria, el pensamiento, el lenguaje, el comportamiento y, finalmente, la capacidad para realizar actividades cotidianas. La enfermedad avanza lentamente, comenzando con olvidos leves y desorientación, hasta una pérdida severa de la memoria, la autonomía y la función física. El Alzheimer produce acumulación de placas amiloides y ovillos neurofibrilares en el cerebro, que dañan y matan las neuronas. No es una parte normal del envejecimiento, aunque la edad avanzada es el principal factor de riesgo. Es incurable y terminal, con una duración media de 8 a 10 años tras el diagnóstico, aunque puede variar según la persona. Además de la memoria, afecta funciones como la orientación, el juicio, la habilidad para planificar y ejecutar tareas, y finalmente la capacidad para valerse por sí mismo.

¿Cómo se diagnostica?

El diagnóstico comienza con la observación de síntomas tempranos. En el caso de Julia, fue ella misma quien comenzó a sospechar que algo anormal ocurría en su cerebro, por lo que acudió a una evaluación clínica.

Esta evaluación incluye una entrevista médica detallada con el paciente y una persona cercana para documentar el historial de síntomas, cambios en el comportamiento y dificultades en las actividades cotidianas. Se realizan pruebas neuropsicológicas que valoran la memoria, atención, lenguaje, razonamiento y habilidades espaciales.

Posteriormente, se llevan a cabo pruebas complementarias, que consisten en exámenes de sangre y orina para descartar otras causas de deterioro como deficiencias, infecciones o desbalances hormonales. También se realizan estudios de imágenes cerebrales, como resonancia magnética, tomografía computarizada o tomografía por emisión de positrones (PET), para observar cambios estructurales en el cerebro y descartar otras patologías.

Finalmente, cuando está disponible, se analizan biomarcadores en el líquido cefalorraquídeo o en sangre para detectar la presencia de proteínas asociadas al Alzheimer, como la beta amiloide y la proteína tau.

Este enfoque multidisciplinario permite un diagnóstico más certero y temprano de la enfermedad, facilitando la planificación y el inicio de tratamientos adecuados.

¿En qué consiste el tratamiento?

El tratamiento de la enfermedad de Alzheimer se enfoca en aliviar los síntomas, ralentizar su progresión y mejorar la calidad de vida de la persona afectada y sus cuidadores. Los principales medicamentos para aliviar los síntomas son los inhibidores de la colinesterasa (donepezilo, galantamina, rivastigmina); pero últimamente, se están utilizando otro tipo de medicamento para ralentizar el deterioro cognitivo y funcional. Lecanemab (Leqembi) y donanemab (Kisunla) son anticuerpos monoclonales aprobados recientemente para Alzheimer temprano. Actúan eliminando las placas beta-amiloides del cerebro. Además de medicamentos, el tratamiento incluye terapias no farmacológicas: ejercicios cognitivos, manejo conductual, apoyo psicológico y educación para cuidadores. No tiene cura, pero hay esperanzas en el retraso de su progreso y perdida de la independencia.

* El Dr. Alfonso Rosales es epidemiólogo y consultor internacional.