Una nueva orden ejecutiva firmada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, podría complicar la apertura de cuentas bancarias y el envío de remesas para la población migrante sin documentos, entre ellos los salvadoreños.
Firmada el 19 de mayo, la orden “Restaurar la integridad en el sistema financiero de Estados Unidos” incrementa la supervisión financiera para evitar el fraude y promover préstamos seguros.
“Mi administración no tolerará los riesgos para la seguridad nacional y la seguridad pública causados por la actividad financiera transfronteriza ilícita, ni permitirá riesgos para nuestro sistema financiero que plantea la extensión de los servicios de crédito o financieros a la población extranjera inadmisible y removible”, señala la orden.
El articulado de la disposición podría derivar en mayores restricciones para que las personas sin estatus legal accedan a servicios financieros y representaría una barrera adicional para el envío de remesas familiares de quienes no tienen permiso de trabajo o utilizan documentación de identificación alternativa.
Según el texto, el secretario del Tesoro de EE. UU. emitirá en un plazo de 60 días un aviso formal a las instituciones financieras sobre los “riesgos asociados con la explotación del sistema financiero de Estados Unidos por parte de las poblaciones no autorizadas para trabajar y sus empleadores”.
Ese aviso incluirá “banderas rojas” o tipologías de actividades sospechosas, como el uso del número de identificación individual del contribuyente (ITIN) para obtener productos de crédito o cuentas de depósito cuando el solicitante no tiene estatus migratorio legal verificado.
Mayor vigilancia en cuentas bancarias
La norma establece que, en un plazo de 90 días, el secretario del Tesoro propondrá cambios a las regulaciones de implementación aplicables a la Ley del Secreto Bancario, con el objetivo de aumentar los requisitos de verificación de clientes en instituciones financieras bajo criterios de riesgo.
Esta disposición plantea que las instituciones financieras recopilen y verifiquen información sobre la identidad de los clientes para identificar a los propietarios nominales y reales de las cuentas, con el fin de evaluar riesgos de financiamiento ilícito, evasión de sanciones, fraude u otras actividades ilegales.
Las instituciones también tendrán la autoridad de solicitar información adicional para resolver preocupaciones de cumplimiento, incluyendo si los titulares de cuentas tienen estatus migratorio legal y autorización para trabajar en Estados Unidos.
De igual forma, la orden establece que, en 180 días, el secretario del Tesoro y los reguladores federales considerarán cambios adicionales para fortalecer los requisitos de identificación de clientes basados en riesgo.
Aunque la orden no menciona congelamiento de cuentas, el asesor financiero Eduardo Azcoiti dijo a Telemundo Houston que procesos de verificación más estrictos podrían derivar en investigaciones prolongadas e incluso en congelamiento de cuentas.
Por su parte, Álvaro González Ricci, presidente del Banco de Guatemala (Banguat), explicó a la prensa local que el incremento de barreras operativas en el sistema financiero para la población migrante afectaría los canales tradicionales utilizados para el envío de remesas.
Además, la Oficina de Protección Financiera del Consumidor aclarará en un plazo de 60 días que la “posible deportación y pérdida de salarios” son factores que podrían afectar negativamente la capacidad de un prestatario no autorizado para cumplir con sus obligaciones.
Los reguladores financieros federales también emitirán una guía sobre gestión de riesgos para las instituciones financieras.
