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El presidente interino de Perú, el derechista José Jerí, cumplió este lunes un mes en el cargo con la lucha contra la criminalidad organizada como su principal prioridad y un estilo que busca asemejarse al de Nayib Bukele en El Salvador o de Daniel Noboa en Ecuador para tratar de proyectar una imagen de firmeza.

Al contrario que su predecesora, la destituida presidenta Dina Boluarte, que evitaba exponerse ante los medios de comunicación cuando salía fuera del Palacio de Gobierno de Lima, Jerí, abogado de 36 años, no rehúye de las cámaras, frente a las que acostumbra a aparecer arremangado en impolutas camisas blancas y con un semblante muy serio en operativo contra la criminalidad.

Con un perfil mucho más político que su predecesora, tras haberse formado en el partido político Somos Perú, especialista en la política regional y municipal, Jerí pasó en apenas cuatro años de ser un candidato suplente que entró al Congreso por la inhabilitación del expresidente Martín Vizcarra (2018-2020) con 11.000 votos a llegar a ascender a la Presidencia.

Pese a haber tenido una investigación abierta por una denuncia de violación hasta pocas semanas antes, el Legislativo peruano, controlado por un grupo de fuerzas conservadoras, aceptó que fuese él quien ocupase el lugar de Boluarte en su condición de presidente del Congreso.

Al estilo Bukele y Noboa

Su primera acción fuera del Palacio de Gobierno fue toda una declaración de intenciones: una intervención en una cárcel para requisar objetos prohibidos, donde los presos fueron tratados y expuestos ante las cámaras como acostumbrando a hacerlo en intervenciones carcelarias similares en El Salvador y en Ecuador, apilados unos contra otros y obligados a mirar abajo en señal de sumisión.

Los operativos en las cárceles, señaladas como origen de las extorsiones de bandas criminales, se sucedieron en los días siguientes, a la vez que Jerí trataba de formar un gabinete ministerial con dificultades, hasta conseguirlo casi una semana después, con el conservador abogado Ernesto Álvarez a la cabeza, quien no tuvo problemas para recibir el voto de confianza del Parlamento.

Con el gabinete ya constituido, la primera acción fue declarar el estado de emergencia en Lima y Callao por treinta días como medida para enfrentar el auge de extorsiones y asesinatos a manos del crimen organizado que sufren negocios como el transporte urbano.

El estado de emergencia contempla que las Fuerzas Armadas patrullen junto a la Policía y apoyen en operativos contra las bandas criminales, así como la suspensión de algunos derechos fundamentales, como a la inviolabilidad de domicilio y la libertad de reunión, y un recrudecimiento de las condiciones en las cárceles, con restricciones de visitas.

Sin embargo, las denuncias de extorsiones y asesinatos se han seguido sucediendo, en especial contra conductores de autobuses, que han vuelto a convocar nuevos paros en protesta en contra del Gobierno.

Protestas apagadas con muerte

Jerí asumió también el sillón presidencial en medio de un clima de protestas de la Generación Z, que se disipó con la muerte de un manifestante, al que un policía encubierto entre los protestantes mató de un disparo después de que un grupo de participantes en la movilización lo identificara como un agente infiltrado.

En política exterior, el mayor desafío para Jerí ha sido el asilo político entregado por el Gobierno de México a Betssy Chávez, la ex primera ministra del izquierdista expresidente Pedro Castillo, quien se encuentra enjuiciada junto al exmandatario por el fallido intento de golpe de Estado de 2022.

El Gobierno peruano tomó la decisión de romper las relaciones diplomáticas con México, que desde inicios de 2023 ya funcionaban sin embajadores debido al rechazo del Gobierno mexicano a reconocer como presidenta a Boluarte y las constantes demandas de libertad para Castillo.

Ante el requerimiento de concederle un salvoconducto a Chávez para que viaje a México, el Ejecutivo peruano ha tomado la postura de no entregarlo hasta no hacer antes una serie de consultas en el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA) para modificar la convención sobre asilo, al entender que México la ha desvirtuado.