Los periodistas centroamericanos enfrentan un «retroceso crítico» marcado por el acoso estatal, la criminalización y la precarización de su profesión, alertó -en una entrevista con EFE- la comunicadora salvadoreña Angélica Cárcamo, directora de la Red Centroamericana de Periodistas (RCP).
«Centroamérica, en los últimos dos años, ha tenido un retroceso considerable y crítico para poder ejercer la profesión, tomando en cuenta que no son países que nos encontramos en conflictos armados y aun así estamos enfrentando casos tan graves como la persecución, asesinatos, criminalización, entre otros», señaló Cárcamo en un diálogo virtual y quien salió de El Salvador para resguardar su seguridad.
De acuerdo con la más reciente clasificación de Reporteros Sin Fronteras (RSF), publicada en abril pasado y que mide a 180 países, Nicaragua (168), El Salvador (143), Honduras (132) y Guatemala (128) son los peor situados de Centroamérica en materia de libertad de prensa, mientras que Panamá (65) y Costa Rica (38) están mejor ubicados, aunque con retrocesos en la medición anual.
Autoritarismo y exilio
Cárcamo sostuvo que este «contexto adverso» para el ejercicio del periodismo en Centroamérica se ha visto marcado además por la «instalación de regímenes autoritarios, como el caso de Nicaragua con Daniel Ortega», la persecución judicial y policial, las amenazas del crimen organizado, el exilio y las dificultades para regularizar la situación migratoria de periodistas que deciden salir de sus países para proteger su integridad.
La también expresidenta de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) recordó que solo en Nicaragua se registran «más de trescientos periodistas nicaragüenses exiliados», quienes inicialmente salieron principalmente a Costa Rica, pero tras el asesinato en San José del militar retirado Roberto Samcam, crítico de Ortega, comenzaron a desplazarse a otros países.
«(Esto) lo que ha hecho es que muchos periodistas decidan ir a países muchos más lejanos, como España, y otros simple y sencillamente optan por dejar la profesión, debido a las complicaciones que están teniendo en los procesos de regulación migratoria y el tema de poder ejercer la profesión fuera del país de origen», subrayó.
La comunicadora recordó que, en el caso de El Salvador, la RCP registra al menos 53 periodistas que «se vieron obligados a salir del país justamente como un mecanismo de protección al no sentir el respeto del estado de derecho en ese país».
Diversas organizaciones humanitarias han señalado que la salida de periodistas y activistas, principalmente desde mayo de 2025, se vio precedida de acoso policial y la detención de varios defensores de derechos humanos por el gobierno de Nayib Bukele.
«Sí hay un entorno bastante preocupante», alertó Cárcamo y subrayó que a su juicio en la región las democracias «están prácticamente convulsionando o desapareciendo, y transitando más bien a regímenes autocráticos».
La «postura hostil» hacia la prensa alcanza incluso, de acuerdo con Cárcamo, a países más estables como Costa Rica, donde el expresidente Rodrigo Chávez «también quería imitar un poco el estilo burlesco y de acoso a periodistas como lo hace Bukele en El Salvador».
Guatemala, el caso de Zamora
La directora de la RCP, señaló que «si bien con la llegada de Bernardo Arévalo al poder (en Guatemala) se esperaban cambios importantes en el tema de los mecanismos de protección a periodistas», solo «casi al finalizar su período de gobierno han habido cambios muy leves», aunque destacó la elección de un nuevo fiscal general.
El nuevo titular del Ministerio Público, Gabriel García Luna, anunció el pasado 17 de mayo la creación de una comisión para revisar la situación de periodistas, fiscales, jueces y activistas exiliados y de quienes sientan «temor» por persecución judicial de su antecesora, Consuelo Porras, sancionada por EE.UU. y la Unión Europea.
Cárcamo dijo que el caso «más emblemático» es el de José Rubén Zamora, «quien aún con este cambio en el Ministerio Público, no está en una plena libertad».
Diversos organismos internacionales y asociaciones de defensa de la libertad de prensa han denunciado su caso como una represalia política por su labor de investigación sobre la corrupción estatal en el país centroamericano.
«En el caso de Guatemala lo más grave es el tema de los asesinatos a periodistas, (…) porque cuando matan a un periodista no solo matan a una persona, sino también es todo el hecho de quererte colocar como un caso ejemplarizante», añadió la reportea y recordó el reciente asesinato del reportero comunitario Carlos Humberto Cal Ical.
La situación de la violencia homicida contra periodistas también ha afectado a Honduras y uno de los casos más recientes es el del salvadoreño Javier Hércules.
«Hay que destacar que con el Gobierno de (Xiomara) Castro en Honduras se esperaban cambios importantes para el tema de la protección a periodistas, algo que no ocurrió. La tasa de impunidad de asesinatos de periodistas desde que fue el golpe con Manuel Celaya hasta la fecha sigue siendo alto», lamentó la directora de RCP.
Un profesión en precariedad
A juicio de Cárcamo, en la región se dan «entornos bastante hostiles», pero «a todo ese engranaje de la crisis de persecución hay que colocar otro engranaje, que no es menor, y es todo el tema de la precarización de la labor periodística».
«Hay que poner sobre la mesa otro gran debate, y es que también los grandes empresarios de los medios de comunicación son responsables de que mucha gente, que en algún momento fue buena, migró a otros lugares justamente porque no tenía en la mesa pan para poderle llevar a su familia», advirtió la líder gremial de los periodistas centroamericanos.
