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Durante décadas, El Salvador vivió bajo el yugo de grupos que, al inicio —en los años 90—, eran «jóvenes» clasificados por muchos estudiosos de la época como «muchachos desorientados» o «excluidos». Ese infantilismo y esa mirada romántica les permitió transformarse en organizaciones criminales perfectamente estructuradas, casi como un ejército irregular. Sin embargo, el problema no solo fue su crecimiento, sino la complicidad política: durante los 20 años de ARENA y los 10 del FMLN, lejos de un combate frontal, estos partidos decidieron no solo ignorarlos y dejarlos crecer hasta que dominaron comunidades y barrios completos, sino pactar con ellos con fines electorales.

Pactos plenamente documentados que dejaron a la población a merced del asedio criminal.

No necesitas un doctorado en sociología o política para saber que, ante este agotamiento y la traición de los partidos tradicionales, la población llegó a un punto de quiebre y desesperación que los obligó a tomar la medida más desesperada: entregarle el poder al Caudillo que prometía soluciones definitivas. Tras dos años iniciales sin gobernabilidad legislativa —en razón al cálculo más torpe de la oposición ya defenestrada en ese momento, que buscaba seguir mandando y chantajeando al que estaba en el poder—, se generó un escenario que se usó con tanto éxito que en 2021 la oposición fue masacrada electoralmente.

Esto permitió la instauración en 2022 de un régimen de excepción que, aunque fue alabado al principio por el alivio inmediato que experimentó la población —un alivio que persiste a pesar de las múltiples denuncias de abusos—, demostró con el tiempo que la medicina podía ser más amarga que la enfermedad. La operatividad arrasó con miles de inocentes que todavía están detenidos, evidenciando que la eficacia no justifica la arbitrariedad.

Dentro de este contexto de persecución de voces disidentes y entrega de reportes a lo largo de cuatro años, lo que vimos en la **Comisión de Derechos Humanos de Tom Lantos** del Congreso de los EE. UU. fue la cereza del pastel de una estrategia coordinada. En estas últimas semanas, se presentó documento tras documento y se forzó una audiencia temática en la CIDH; pero, al parecer, no lograban ganar la narrativa y llegaron finalmente a lo absurdo en la audiencia ante el Senado. **Susana SáCouto**, Directora del *War Crimes Research Office*, afirmó que cualquier acción contra miembros de las maras bajo el régimen de excepción debe ser considerada un ataque directo del Estado hacia un grupo de «población civil». Esta premisa es un insulto profesional a quienes sufrieron el terrorismo de las pandillas: las maras no son población civil, vulnerable y desarmada; son, en realidad, los peores victimarios que crecieron bajo la negligencia política y académica.

No logro entender —y créanme que quiero hacerlo— a los directores de organizaciones consideradas defensoras de derechos humanos. ¿Por qué Sergio Arauz (APES/El Faro), quien conoce la crueldad de las maras desde hace 15 años, se negó a reconocerlas de esa manera en el foro? ¿Por qué Noah Bullock, director de Cristosal, se centró en figuras políticas, dejando de lado a los sectores que no tienen esos privilegios? Si bien es cierto que Arauz y Ruth Eleonora López son víctimas indiscutibles del ejercicio del régimen, estos poseen redes de apoyo a nivel nacional e internacional que les brindan una plataforma y seguridad que el ciudadano común no tiene. Ruth cuenta con una familia ya resguardada fuera del país y un caso tan mediatizado que difícilmente sufrirá el desamparo total; Sergio cuenta con el respaldo para operativizar su exilio.

Desde mi perspectiva, ellos no necesitaban una silla en esa audiencia; en realidad, perdieron la oportunidad histórica de llevar a las «víctimas más vulnerables», a esas personas que sin redes de apoyo ni reflectores sufren lejos de los foros de premios. Bullock, por su parte, posee una ciudadanía norteamericana que le otorga una inmunidad que el salvadoreño de a pie no tiene. Esta élite de los derechos humanos parece haber caído en una burocratización del dolor, donde cada audiencia o documento es una vía para acceder a fondos de cooperantes. Se han vuelto mercenarios de la solidaridad que, en su afán por obtener la etiqueta de «crímenes de lesa humanidad», no dudan en desdibujar la realidad hasta convertir a los peores agresores en las «víctimas civiles» más importantes de su narrativa.

Concluyo con mucha claridad que entre la soberbia de ciertas organizaciones y protagonistas —tan evidente que las ha llevado a victimizar al victimario para ganar el titular mediático— y el oficialismo que pretende ignorar el dolor de las familias de los inocentes capturados o muertos en custodia del Estado, la realidad es desgarradora. Más allá de hablar de luces y sombras del régimen, hay que establecer con claridad que las evidentes violaciones cometidas y disfrazadas como margen de error, no justifican el relato sesgado de las élites. Al final del día, las víctimas reales —tanto las que sufrieron el terror de las maras como las que hoy sufren los atropellos del régimen— están solas.

El Salvador no necesita burócratas de los derechos humanos ocupando sillas ajenas, ni «mercenarios de la solidaridad» que justifican su fin último de poner una etiqueta internacional si esto pasa por volver a los peores agresores de los últimos 25 años en las víctimas civiles más importantes. Necesitamos justicia real para todos y todas: víctimas de maras y del régimen.

El Comité de Familiares de Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos “Marianella García Villas” (CODEFAM) nació en una época muy dura: en septiembre de 1981. En este 2026 cumplirá 45 años, aunque en sus inicios se llamó Comité Pro Libertad de Presos Políticos y Desaparecidos de El Salvador. Lamentablemente, su figura más emblemáticas acaba de fallecer. Se trata de Guadalupe Mejía viuda de Mejía, quien a finales del próximo mayo arribaría a los 83 años; alrededor de la mitad, los dedicó a defender a las víctimas. Originaria del cantón La Ceiba, entonces parte del municipio Las Vueltas en Chalatenango, desde adolescente comenzó su noviazgo con Justo Mejía quien a sus veintisiete años era una década mayor que ella. Terminaron casados y tuvieron, entre hijos e hijas, nueve criaturas.

Por predicar la palabra de Dios y promover la creación de la organización que se conocería como Unión de Trabajadores del Campo y formaría parte del Bloque Popular Revolucionario, Justo fue salvajemente asesinado por guardias nacionales el 9 de noviembre de 1977 cuando se disponía a participar en la primera toma del Ministerio de Trabajo realizada por dicho frente de masas. Monseñor Romero denunció cuatro días después, en la homilía dominical, su desaparecimiento; en la siguiente expresó que se le había horrorizado el corazón, al ver a la esposa con su prole cuando llegó a informarle que lo encontraron “con señales de tortura y muerto”.

“Su cadáver lo hicieron destrozado”, declaró ella. Por eso ‒agregó‒ nuestro ahora santo decía que “había sufrido la pasión de Cristo” pues “le quebraron los brazos, le sacaron el ojo, le quitaron las uñas con las boquillas de los fusiles y lo colgaron de los árboles”. Fue así que la vida de esta legendaria y digna luchadora cambió: comenzó “a ser padre y madre”, además de dedicarse a trabajar en la milpa con la ayuda de sus hijos más grandes. Y como ya se apuntó, posteriormente se entregó a la causa de los derechos humanos; sobre todo, a reclamar la presentación con vida de las personas desaparecidas entre las cuales se encontraba su hermano Gilberto. Así siguió hasta el recién pasado jueves 16 de abril.

Entre quienes fueron alcanzados por el flagelo de nuestra “noche y niebla” también está Mauricio Aquino Chacón. “Noche y niebla” fue la orden secreta emitida por Adolfo Hitler el 7 de diciembre de 1941, para desaparecer a las personas que eran consideradas una amenaza para el nazismo. Lo mismo ocurrió acá y en ese marco Mauricio fue secuestrado en la misma fecha que falleció Guadalupe Mejía, solo que en 1981; el hecho ocurrió después de la ofensiva guerrillera iniciada el 10 de enero del mismo año por el recién nacido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional.

“Pido a nuestra virgencita –clamó en su desgarrador testimonio la madre de este joven, a quien conocí en el colegio jesuita– que interceda en este drama desgarrador de personas desaparecidas y que no permita estos capítulos nunca más. Y que todo ciudadano tenga el justo derecho de ser juzgado si ha cometido algún delito”. ¡Nunca más! Este debió ser el propósito nacional después de que conseguimos se dictara la sentencia de inconstitucionalidad de la amnistía protectora de criminales, tras veintitrés años de vigencia.

Faltan alrededor de un par de meses para cumplirse una década desde que logramos dar ese paso necesario en el camino por derrotar la impunidad pero, al día de hoy, dicho fallo de la Sala de lo Constitucional ha terminado siendo un simple “papel mojado”; es decir, un documento que no produjo los efectos jurídicos esperados. En el mismo, se mencionó “una eventual legislación secundaria relacionada con las medidas de la justicia transicional salvadoreña”. Pero nada. Nada más allá de los intentos por aprobar una “amnistía maquillada” durante las legislaturas anteriores a las dominadas por el partido de Nayib Bukele, junto a la falsa “consulta” montada a partir del 2021 por esta facción que cumplirá ya cinco años dominando a plenitud el Legislativo.

¿Será que así como no incluyen la cadena perpetua para el delito de corrupción, también en este asunto están “matando su chucho a tiempo” o “curándose en salud”? Puede que sí, sobre todo tras publicarse el informe del Grupo internacional de expertas y expertos para la investigación de violaciones de derechos humanos en El Salvador conocido como el “GIPES, en el cual se concluye ‒entre otras‒ que en “el contexto de la política de seguridad enmarcada en el régimen de excepción”, hay hechos “que pueden constituir crímenes de lesa humanidad”; es decir, que trascienden a la víctima individual porque ofenden a la humanidad entera. Y estos gravísimos delitos, ¡no prescriben!

La narrativa del terror cinematográfico no se fundamenta únicamente en el miedo, sino en un contrato moral implícito entre la obra y el espectador. Según Noel Carroll en su teoría del art-horror, la efectividad de este género depende de la creación de un «monstruo» que amenaza el orden cultural y la integridad física de los protagonistas. Cuando el victimario finalmente sufre o muere, el espectador experimenta una liberación emocional: la catarsis. Sin embargo, este fenómeno traspasa la pantalla y se manifiesta hoy en la realidad sociopolítica salvadoreña, donde la violencia histórica de las pandillas ha reconfigurado los umbrales de la empatía ciudadana frente al Régimen de Excepción.

La construcción del «monstruo» y la satisfacción punitiva

En el cine de terror, la audiencia busca la supervivencia de la víctima. No obstante, existe un subgénero donde el placer deriva del castigo infligido al antagonista. Esta «satisfacción punitiva» se basa en la deshumanización previa del agresor. En El Salvador, décadas de una violencia pandilleril agresiva y omnipresente funcionaron como un prólogo de terror real, desplazando a la sociedad hacia un estado de hipervigilancia y trauma colectivo.

Como señala la psicóloga social Adriana Clemente, cuando el miedo se vuelve estructural, el «otro» deja de ser un sujeto de derechos para convertirse en una amenaza biológica. Esta premisa explica por qué una parte considerable de la población percibe las noticias sobre detenciones arbitrarias o muertes en centros penales no como una tragedia humanitaria, sino como un «final necesario». La violencia de las pandillas fue tan lacerante que anestesió la capacidad de distinguir entre la justicia y la venganza.

La erosión de la empatía por el inocente

El aspecto más crítico de esta comparación radica en el daño colateral. En una película, el guion nos asegura quién es el culpable. En la realidad jurídica, esa certeza debería otorgarla el debido proceso. Sin embargo, bajo el Régimen de Excepción, la línea entre el victimario y el inocente se ha difuminado deliberadamente en el discurso oficial.

«La deshumanización no solo afecta a quienes son considerados culpables, sino que expande su manto sobre cualquier individuo que caiga en los engranajes del sistema, eliminando la presunción de inocencia como valor social».

La sociedad, agotada por el horror previo, parece haber aceptado un intercambio utilitarista: la pérdida de derechos humanos de miles de inocentes a cambio de una sensación de seguridad. Es aquí donde la analogía con el cine se vuelve amarga. Mientras que en la ficción la muerte del villano restaura el orden, en la realidad, la indiferencia ante la tortura o la detención ilegal de ciudadanos sin vínculos criminales no restaura el tejido social, sino que lo descompone bajo una nueva forma de violencia estatal.

El tránsito de la emoción a la norma

Esta satisfacción que produce el castigo del «villano», tan propia de la catarsis cinematográfica, opera bajo una lógica de seguridad ilusoria: la creencia de que siempre seremos los espectadores y nunca los protagonistas del horror. Sin embargo, la construcción de una nación funcional no puede basarse en el entusiasmo de la grada, sino en la solidez de sus reglas de juego. Es en este punto donde la ética política de John Rawls nos obliga a encender las luces de la sala y abandonar la comodidad del juicio visceral. Para Rawls, la validez de un contrato social no se mide por el alivio de la mayoría, sino por la protección que este brinda a cualquier individuo, independientemente de su posición, a través del ejercicio intelectual del «velo de la ignorancia».

El «Velo de la Ignorancia» como imperativo ético

Para cuestionar la validez moral de un sistema que sacrifica a inocentes en nombre de la seguridad colectiva, resulta ineludible citar a John Rawls y su obra A Theory of Justice. Rawls propone un experimento mental conocido como la «posición original», en la que los ciudadanos deben diseñar las leyes de su sociedad bajo un «velo de la ignorancia»; es decir, sin saber qué rol ocuparán en ella.

Si los ciudadanos salvadoreños tuvieran que elegir las reglas del Régimen de Excepción sin saber si mañana serán el civil protegido o el inocente capturado por error, difícilmente optarían por un sistema que elimina las garantías judiciales. Bajo el velo de la ignorancia, la justicia no es el triunfo del más fuerte ni la satisfacción de la mayoría, sino la garantía de que el sistema no atropellará al individuo más vulnerable.

«La justicia es la primera virtud de las instituciones sociales, como la verdad lo es de los sistemas de pensamiento». — John Rawls.

La justicia no es un juego de suma cero

La comparación con el cine de terror se vuelve aquí más profunda: en la ficción, el espectador sabe que está a salvo en su butaca, por lo que puede permitirse el lujo de la sed de sangre. Sin embargo, Rawls nos recordaría que en la vida real nadie tiene garantizada esa «butaca». Al perder la empatía por el detenido inocente, la sociedad ha olvidado que, en un sistema sin debido proceso, cualquiera puede ser la próxima víctima del error administrativo o el abuso de poder. La justicia, según la óptica rawlsiana, no puede ser un intercambio donde el bienestar de unos se logre a costa de la violación de los derechos fundamentales de otros.

Hacia una justicia sin espectáculo

El filósofo institucionalista Robert Cover afirmaba que «interpretar la ley es un acto que siempre conlleva violencia». No obstante, cuando esa violencia se celebra como un espectáculo de justicia poética, se corre el riesgo de normalizar la barbarie.

No podemos permitir que el trauma del pasado dicte una ceguera moral en el presente. La pérdida de empatía por las víctimas del Régimen de Excepción —aquellos padres, hijos y trabajadores detenidos sin pruebas— es el síntoma de una sociedad que, tras haber vivido en una película de terror real, ha decidido cerrar los ojos ante el sufrimiento ajeno con tal de no volver a sentir miedo. Recuperar la capacidad de indignación ante la injusticia, incluso en un contexto de seguridad recuperada, es el primer paso para transitar de una catarsis violenta a un verdadero Estado de Derecho.