La Asociación para el Desarrollo Económico y Social (ADES) de la comunidad Santa Marta, en Victoria, Cabañas denunció este martes el retraso en la entrega de la sentencia escrita por parte del Tribunal de Sentencia de San Vicente, que absolvió a ocho personas acusadas del asesinato de una mujer durante el conflicto armado de El Salvador.
De acuerdo con el representante de ADES Santa Marta, Alfredo Leiva, dicha demora corresponde a una “estrategia de dilatación” por parte del referido tribunal que a pesar de haber exonerado a los acusados, aún no se hace efectiva la entrega de la documentación que podría cerrar el proceso definitivamente.
«Nosotros estamos preocupados en la comunidad por esta estrategia de dilatación que solo alarga el proceso y no permite que los compañeros se puedan integrar en plenas condiciones a las labores que realizaban en defensa de los bienes comunes. Consideramos que esto es una manera de mantener la zozobra tanto para los compañeros, la familia y la comunidad, y que eso no permite que gocen de pleno su libertad».
Alfredo Leiva, representante de ADES Santa Marta.
El Tribunal de Sentencia de San Vicente reprogramó en cuatro ocasiones la entrega de la sentencia escrita por el caso denominado Santa Marta, el cual se tenía previsto entregar desde octubre de 2025, debido a que aún se encuentra en etapa de revisión del documento. La nueva fecha de la entrega del escrito fue señalada para el próximo 30 de enero a las 2:00 de la tarde.
En la sentencia escrita constan los argumentos de la absolución de los procesados, y que habilita el plazo para que la Fiscalía General de la República (FGR) pueda apelar si así lo desean.
Ante este posible panorama, la comunidad de Santa Marta exigió a la Fiscalía a que se abstenga de apelar la resolución del tribunal, debido a que sostienen que no existen elementos de que incriminen a los procesados y habitantes de dicha comunidad en Cabañas.
«Exigimos a la Fiscalía que en caso de que se entreguen las copias (de la resolución) se abstengan de apelar y de esa manera se cierre el proceso y que los compañeros no solo se incorporen a la comunidad, sino que gocen de la libertad que les corresponde», indicó el representante de la comunidad Santa Marta.
Además, miembros de la comunidad expresaron que de no hacerse la entrega de la sentencia escrita, el próximo 30 de enero, considerarán denunciar al tribunal por los retrasos en el proceso. «Nosotros estamos preocupados y a partir de esa preocupación pensamos recurrir a las instancias correspondientes para denunciar a este tribunal por estos retrasos».
La Fiscalía General de la República (FGR) acusó a Fidel Dolores Recinos Alas, Saúl Agustín Rivas Ortega, José Eduardo Sancho Castañeda, Alejandro Laínez García, Teodoro Antonio Pacheco, Miguel Ángel Gámez, Pedro Antonio Rivas Laínez y Arturo Serrano Ascencio del asesinado a una mujer identificada como María Inés Alvarenga, el 22 de agosto de 1989, cuando ellos eran miembros de la Resistencia Nacional, durante el conflicto armado salvadoreño.
Durante la etapa de vista pública, el Ministerio Público presentó la declaración de un testigo protegido de nombre clave «Soriano», quien habría señalado la participación de los procesados en el secuestro, tortura y asesinato de la mujer en un campamento guerrillero en la Hacienda Guayabal, en Santa Marta.
No obstante, los jueces resolvieron que las pruebas presentadas en el juicio fueron «insuficientes» para establecer la responsabilidad de los ocho acusados, motivo por el que fueron absueltos y ordenaron levantar las órdenes de captura tras ser declarados imputados en rebeldía por no presentarse al inicio del juicio.
Tras la lectura del fallo, miembros de ADES Santa Marta revelaron que los ambientalistas involucrados en el caso se encuentran fuera del país, y que no tienen pensado regresar hasta que la sentencia absolutoria quede firme.
Los acusados del caso Santa Marta fueron absueltos por segunda vez, luego que la Cámara Penal de Cojutepeque ordenara repetir el juicio, donde en octubre de 2024, el Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque también los declaró inocentes de los delitos por el mismo caso.
