El Departamento de Estado de Estados Unidos certificó a El Salvador, Guatemala y Honduras que cumplen con 10 condiciones relacionadas al combate a la corrupción y al narcotráfico, a la defensa del Estado de derecho y la protección de derechos de defensores de derechos humanos, publicó el Registro Federal el pasado 6 de agosto.
La certificación es firmada por el subsecretario de Estado, Christopher Landau, el 1 de julio de 2026, al señalar que está facultado para ello por la sección 7045 (b) (2) (A) de la Ley de asignaciones de seguridad nacional, Departamento de Estado y programas relacionados de 2026 de Estados Unidos.
“Certifico que los gobiernos centrales de El Salvador, Guatemala y Honduras están luchando contra la corrupción y la impunidad (…), implementando reformas, políticas y programas que fortalecen el Estado de Derecho, incluyendo el incremento de la transparencia de las instituciones públicas (…), protegiendo los derechos de los defensores de derechos humanos”, reza la primera de la certificación estadounidense.
La certificación incluye el reconocimiento de que los tres gobiernos están cooperando con Estados Unidos y otros gobiernos «para facilitar el retorno, la repatriación y la reintegración de los migrantes».
Son 10 condiciones las que según el Departamento de Estado de Estados Unidos cumplen los tres gobiernos, una exigencia de la Ley de asignaciones del Departamento de Estado, operaciones extranjeras y programas relacionados para poder liberar el 50 % de los fondos de asistencia económica y de seguridad de cada uno de los gobiernos centrales de El Salvador, Guatemala y Honduras. Las condiciones han persistido, con algunos cambios, desde años anteriores.
“De los fondos puestos a disposición de conformidad con el párrafo 1 bajo el epígrafe Programas de inversión en seguridad nacional y el título IV de la presente ley, el 50 por ciento de dichos fondos destinados a la asistencia para cada uno de los gobiernos centrales de El Salvador, Guatemala y Honduras solo podrá comprometerse una vez que el secretario de Estado certifique e informe a los Comités de Asignaciones que dicho gobierno está combatiendo la corrupción y la impunidad, lo que incluye investigar y procesar a funcionarios gubernamentales, personal militar y agentes de policía sobre quienes existan acusaciones creíbles de corrupción”, reza la ley citada por Landau en su certificación, y que incluye el listado de 10 condiciones.
Incluye respeto a derechos de sindicalistas, periodistas, grupos de la sociedad civil, la implementación de políticas contra la pobreza, y la independencia judicial y del órgano electoral.
De acuerdo a la certificación, al Congreso de Estados Unidos entregarán adjunto un Memorando de Justificación.
El Departamento de Estado certificó que El Salvador, Honduras y Guatemala están:
i. Combatiendo la corrupción y la impunidad, incluyendo investigaciones a oficiales de gobierno, personal militar y policías con vinculaciones corruptas creíbles, así como mejorar estrategias antilavado de dinero y otros delitos financieros a nivel mundial.
ii. Implementando reformas, políticas y programas para fortalecer el Estado de Derecho, incluso el incremento de la transparencia en las instituciones públicas, el fortalecimiento de la independencia de las instituciones judiciales y electorales; y la mejora de la transparencia en el financiamiento de la campaña política y partidos políticos.
iii. Protegiendo los derechos de los defensores de derechos humanos, sindicalistas, periodistas, grupos de la sociedad civil, partidos políticos opositores y la independencia de los medios de comunicación.
iv. Proporcionando seguridad y aplicación de la ley eficaz y sujetos a rendición de cuentas para sus ciudadanos, restringiendo el papel de las fuerzas armadas en la seguridad pública y respetando el debido proceso legal.
v. Implementado programas para reducir la violencia contra mujeres y niñas.
vi. Implementando políticas para reducir la pobreza y promover crecimiento económico y oportunidades, incluyendo la ejecución de reformas para fortalecer el sistema educativo, programas de formación profesional y los dirigidos a jóvenes en riesgo.
vii. Cooperando con Estados Unidos para combatir el narcotráfico, la trata y el tráfico de personas, así como otros delitos transacionales.
viii. Cooperando con Estados Unidos y otros gobiernos de la región para facilitar el retorno, la repatriación y la reintegración de los migrantes.
ix. Adoptando medidas demostrables para asegurar las fronteras nacionales y contener la migración masiva, lo que incluye informar a la ciudadanía sobre los peligros del viaje hacia la frontera suroeste de Estados Unidos e impulsar esfuerzos para combatir la delincuencia y la violencia, generar oportunidades económicas, mejorar los servicios gubernamentales y proteger los derechos humanos.
x. Implementando políticas que mejoren el entorno para que las empresas incluidas las extranjeras operen e inviertan, incluyendo reformas fiscales transparentes, asegurando mecanismos legales efectivos para el reembolso de impuestos adeudados a empresas estadounidenses y resolviendo disputas relacionadas con la confiscación de bienes inmuebles de entidades estadounidenses.
