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Estados Unidos ha acusado a China de causarle pérdidas multimillonarias y de empleos mediante el transbordo, a través de más de 40 países, de las mercancías que exporta para eludir los aranceles de Washington, práctica que el presidente Donald Trump quiso frenar con la batería de gravámenes «recíprocos» que desplegó en abril del año pasado.

La Casa Blanca sostiene en un informe llamado «La Gran Estafa del Transbordo (‘Transshipment’)» publicado este jueves, que EE.UU. pierde «decenas de miles de millones de dólares y cientos de miles de empleos» debido a esta práctica, que consiste en opacar el verdadero origen de los bienes que se exportan, enviándolos a través de terceros países que ofrecen condiciones comerciales más favorables, entre ellas aranceles estadounidenses más bajos.

EE. UU. estima que el volumen anual de mercancías transbordadas tiene un valor que oscila entre los $40,000 y los $303,000 millones y calcula que, en un «escenario central» de $75,000 millones, pierde entre $19,000 y $26,000 millones en ingresos federales y unos 450,000 empleos, al tiempo que su PIB se reduce en entre $113,000 y $150,000 millones.

Según el documento, «gran parte» de esta actividad involucra a productos cuya procedencia real es China, con más de 40 jurisdicciones actuando como puntos de transbordo, entre ellas algunos de los principales socios comerciales de Washington, como México y Canadá, además de varios países del Sudeste Asiático, a los que atribuye un papel especialmente relevante.

En los puntos de transbordo, las mercancías son sometidas a modificaciones parciales en distintas etapas de la cadena de valor, antes de ser exportadas a Estados Unidos, presentadas como originarias del tercer país.

La Casa Blanca cita el caso de Camboya, «microcentro de producción» donde insumos chinos reciben, dice, costura, etiquetado, embalaje o inspección antes de ser exportados bajo documentación camboyana; y de Malasia, «puerta de enlace marítima» desde la que mercancías chinas, apunta, se reexportan con nueva documentación.

Trump quiso frenar esta práctica mediante acuerdos comerciales negociados tras imponer su batería de aranceles a prácticamente la totalidad de socios comerciales de Washington.

En el caso de Vietnam, considerado por analistas «la fábrica de China» por la importante deslocalización que recibe del gigante asiático, fijó gravámenes del 20 % y advirtió que estos se duplicarían si se detectaba ‘transshipment’.

El informe se publica antes de que el presidente chino, Xi Jinping, se reúna previsiblemente en septiembre con Trump en EE. UU., tras la cumbre de mayo en Pekín, con el pulso comercial y tecnológico como principal escollo de las relaciones bilaterales, a pesar de la tregua comercial pactada en octubre en Corea del Sur.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impuso este jueves un arancel del 100 % a la importación de determinados drones y componentes considerados sensibles para la seguridad nacional, entre ellos aeronaves no tripuladas de más de 25 kilos de peso máximo al despegue y aquellas equipadas con capacidad de detección térmica.

La medida, anunciada por la Casa Blanca, también contempla un gravamen del 25 % para determinados drones más pequeños que no cuentan con esas capacidades y para otros componentes.

En el caso de productos procedentes de la Unión Europea, Japón, Liechtenstein, Corea del Sur, Suiza y Taiwán se aplicará un arancel del 15 %, mientras que los procedentes del Reino Unido tendrán uno del 10 %, siempre que cumplan los requisitos de origen establecidos por Washington.

Los nuevos aranceles entrarán en vigor 21 días después de la firma de la proclamación, aunque los correspondientes a componentes que no sean considerados especialmente sensibles comenzarán a aplicarse 180 días después.

La Casa Blanca señaló que la medida busca reducir la dependencia estadounidense de proveedores extranjeros para componentes críticos de los sistemas aéreos no tripulados y fortalecer la producción nacional.

La Administración Trump justificó la decisión por el creciente papel de los drones en los conflictos armados modernos y por los riesgos de seguridad y ciberseguridad derivados de las cadenas de suministro extranjeras.

El Gobierno también autorizó al secretario de Comercio a establecer un programa de incentivos para empresas que realicen nuevas inversiones en la fabricación de drones y sus componentes dentro de Estados Unidos.

Las remesas familiares recibidas por El Salvador, Guatemala y Honduras, países que conforman el llamado Triángulo Norte de Centroamérica, acumularon $24,554.6 millones en el primer semestre de 2026, un 7.8 % más que lo registrado en el mismo período de 2025, de acuerdo con datos recabados este viernes.

Las cifras registradas por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) indican que Guatemala fue el mayor receptor de remesas entre enero y junio pasado con $12,978.5 millones o el 52.9 %, seguido de Honduras con $6,515.5 millones (26.5 %) y El Salvador con $5,060.6 millones (20.6 %).

Estas cifras representan incrementos puntuales de un 4.5 % en la recepción de remesas para El Salvador, un 7 % para Guatemala y un 12.3 % para Honduras, en comparación con el primer semestre del año anterior.

Cada año, aproximadamente 500,000 personas procedentes del Triángulo Norte intentan llegar de manera irregular a Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida, lo que hace a este país la principal fuente de las remesas.

Las remesas desde EE.UU., donde viven más de 2 millones de salvadoreños, son el principal sostén de la economía de El Salvador, donde este dinero es utilizado en su mayoría para el consumo de servicios, según lo señalado por diversos economistas.

Durante los últimos años las autoridades salvadoreñas han afirmado que la migración irregular de sus ciudadanos ha disminuido en el Gobierno del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en comparación con los gobiernos anteriores, aunque en el primer trimestre del 2026 las deportaciones se han disparado un 90.2 %.