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El documental que el programa estadounidense ’60 minutes’ tenía previsto emitir sobre las condiciones en el CECOT, la prisión de máxima seguridad salvadoreña, revela que prácticamente ninguno de los venezolanos enviados ahí por el Gobierno estadounidense de Donald Trump había cometido crímenes violentos y que casi la mitad de ellos no tenía antecedentes penales.

El segmento, de casi 14 minutos y que denuncia la violencia y condiciones inhumanas dentro del CECOT, apareció en diferentes plataformas online después de que la cadena CBS, argumentando que requería mayor investigación periodística, lo aplazara el domingo antes de su emisión.

Uno de los expertos entrevistados, Juan Pappier, subdirector de Human Rights Watch, participó en la redacción de un informe que revela que un 48.8 % de los hombres venezolanos encarcelados no tenían antecedentes penales y que solo el 3,1 % de ellos cometieron crímenes violentos.

Esto contradice las afirmaciones de la Administración Trump, que argumentó que estaba deportando criminales violentos ligados a bandas organizadas como Tren de Aragua cuando trasladó, sin el debido proceso, a unos 200 venezolanos a esta prisión levantada por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, en 2022.

Pappier afirmó que el estudio se ha basado en información obtenida de los propios registros del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), responsable de los arrestos y deportaciones de indocumentados en EE.UU.

El equipo de ’60 minutes’ contrastó esta información y confirmó los hallazgos a pesar de la falta de datos proporcionados por el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense.

En una conversación con la reportera Sharyn Alfonsi, Luis Muñoz, estudiante venezolano que ahora vive en Colombia, recuerda los abusos sufridos en el centro: «Lo primero que nos dijeron fue ‘bienvenidos al infierno’ y que nunca más volveríamos a ver la luz del día ni de la noche».

El reportaje documenta el hacinamiento y las brutales condiciones que sufren los prisioneros: literas de cuatro pisos sin sábanas ni colchones, la luz siempre encendida, temperaturas extremas y ni siquiera acceso a agua limpia.

Otro de los entrevistados, William Losada, relata cómo les obligaban a permanecer de rodillas las 24 horas del día: «Nos vigilaban para que no nos moviésemos. Si lo hacíamos nos llevaban a ‘la isla’. Una habitación sin luz y sin ventilación donde nos pegaban cada media hora y golpeaban la puerta con palos para traumatizarnos».

La propia Sharyn Alfonsi, la veterana corresponsal que hizo el reportaje, ha rechazado que el documental necesitara más investigación y ha tachado de «censura» la decisión de CBS, cuyo editor jefe, según la periodista, se mostró preocupado por el hecho de que la Casa Blanca, pese a haber sido consultada al respecto, no ofreciera su versión de los hechos en el documental.

Ayer mismo, un juez federal dio plazo hasta el 5 de enero para que el Ejecutivo estadounidense presente un plan para permitir que los inmigrantes regresen a Estados Unidos o se les permita defender su caso frente a un juez, alegando que el Gobierno negó el debido proceso a cerca de los 200 venezolanos deportados al CECOT.

Una coalición de estados demócratas celebra este martes una victoria en una demanda contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) por haber recortado millones de dólares destinados a la lucha contra el terrorismo, tras negarse a usar fondos del estado para apoyar la agenda de deportaciones masivas del presidente Donald Trump.

Los demandantes alegaron ante un tribunal federal de Rhode Island que el recorte del DHS les colocó en «riesgo de sufrir daños irreparables» por los fondos que se asignaban a gobiernos estatales y locales para mejorar la preparación ante amenazas como el terrorismo, desastres naturales y otras emergencias.

En concreto, los fondos pertenecían al Programa de Subvenciones de Seguridad Nacional (HSGP) y fueron reasignados a otros estados.

«El tribunal no tiene ninguna duda en concluir que los demandantes corren el ‘riesgo de sufrir un daño irreparable’ porque el efecto de la pérdida de los fondos de emergencia y para casos de desastre no puede ser reparado posteriormente, y las consecuencias a largo plazo para la respuesta ante desastres y la seguridad pública son reales e irreparables», señaló la jueza Mary McElroy.

McElroy ordenó al DHS modificar las adjudicaciones del HSGP emitidas a los estados demandantes para reflejar los niveles de financiación que esta agencia había declarado previamente que asignaría, antes de los cambios de último momento en su decisión.

Igualmente, dictó que otros cambios significativos en los programas de preparación para emergencias, también implementados a última hora al final del año fiscal en septiembre, eran ilegales, y los anuló.

«Dado que el tribunal ha determinado que las acciones de los demandados son ilegales, el interés público favorece la adopción de medidas cautelares, ya que generalmente no existe interés público en la perpetuación de acciones ilegales por parte de una agencia gubernamental», indica el documento legal.

Los demandantes argumentaron que desde el comienzo de la segunda administración de Trump, el poder ejecutivo ha intentado repetidamente vincular la financiación federal de programas a la colaboración de los gobiernos estatales y locales con la aplicación de las leyes federales de inmigración.

El pasado 20 de enero de 2025, el presidente Trump emitió una orden ejecutiva que ordenaba al Departamento de Seguridad Nacional que «garantizara que las jurisdicciones denominadas ‘santuario’ no recibieran fondos federales».

Otra orden ejecutiva del 19 de febrero ordenó además a todos los departamentos ejecutivos que «garanticen, de conformidad con la legislación aplicable, que los pagos federales a los estados y las localidades no fomenten las llamadas políticas de ‘ciudades santuario’».

«Dado que los demandantes han prevalecido en sus reclamaciones, dado que se enfrentan a un daño irreparable y dado que el equilibrio de intereses y el interés público les favorecen, el tribunal considera que procede dictar una medida cautelar permanente», afirmó la jueza McElroy.

La demanda fue presentada por los fiscales de California, Illinois, Nueva Jersey, Rhode Island, Connecticut, Delaware, el Distrito de Columbia, Massachusetts, Minnesota, Nueva York, Vermont y Washington, y el gobernador de Pensilvania.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, voló «muchas más veces» de lo que inicialmente se creía a bordo del avión privado del pederasta Jeffrey Epstein, según afirma un fiscal federal en uno de los documentos que forman parte de los archivos publicados recientemente por el Departamento de Justicia.

«Para su información, queríamos comunicarles que los registros de vuelo que recibimos ayer reflejan que Donald Trump viajó en el jet privado de Epstein muchas más veces de lo que se había informado anteriormente (o de lo que teníamos conocimiento)», escribe en un correo electrónico un fiscal del Distrito Sur de Nueva York.

Ese mensaje que el fiscal envía a sus colegas se presentó como prueba en el juicio contra Ghislaine Maxwell, exnovia de Epstein que fue sentenciada a 20 años de cárcel por ayudar al financiero a reclutar, abusar y prostituir a chicas menores de edad.

Aunque la información sobre estos vuelos de Trump es pública desde hace años, el correo muestra que miembros de la fiscalía estaban compartiendo por primera vez estos datos en 2020.

Trump voló con Epstein en su avión privado en al menos ocho ocasiones entre 1993 y 1996, según el fiscal.

«Hay registros de que viajó con, entre otros y en distintas ocasiones, con (su exmujer) Marla Maples, su hija Tiffany y su hijo Eric. En un vuelo de 1993, él y Epstein son los únicos pasajeros registrados; en otro, los únicos tres pasajeros son Epstein, Trump y (una pasajera cuyo nombre aparece censurado) de 20 años en ese entonces», prosigue el mensaje.

El correo añade que «en otros dos vuelos, dos de los pasajeros, respectivamente, eran mujeres que podrían ser testigos en un caso contra Maxwell».

Los documentos recién publicados también incluyen varios aparentes indicios, que se desconoce si posteriormente fueron investigados, recopilados por el FBI sobre la supuesta participación de Trump en fiestas realizadas en propiedades de Epstein a principios de la década de 2000.

El propio Departamento de Justicia afirmó en un comunicado que algunos de estos documentos recién publicados «contienen acusaciones falsas y sensacionalistas contra el presidente Trump, presentadas al FBI justo antes de las elecciones de 2020».

«Cabe aclarar que estas acusaciones carecen de fundamento y son falsas, y si tuvieran la menor credibilidad, sin duda ya se habrían utilizado en su contra», añade el texto.

El Departamento de Justicia lleva desde el viernes publicando cantidades ingentes de documentos desclasificados sobre Epstein con base en una ley aprobada en el Congreso en noviembre.

Trump, que en un principio no quiso apoyar la publicación de los archivos y que después tuvo que rectificar y firmar la ley tras comprobar el fuerte apoyo del Congreso, aparece numerosas veces en la documentación del caso sobre el que fuera su amigo y con quien dijo cortar relaciones en 2004, antes de que Epstein fuera acusado por primera vez de abuso y prostitución de menores.