Los abogados de Enrique Anaya, quienes participaron en la marcha de las organizaciones sociales para protestar contra la detención arbitraria del abogado, denunciaron que desde la detención no han podido ver ni hablar con él.
«Hoy lamentablemente venimos a protestar por los 100 días de la detención arbitraria de Enrique y sabemos que su detención es por ser una voz crítica del gobierno y, desde el 7 de junio que está detenido, tenemos cero comunicación con él y su familia tampoco lo puede ver. No hay ni visitas ni comunicación», dijo Jaime Quintanilla, abogado de Anaya.
Quitanilla detalló que únicamente conocen que está en el Centro Penal la Occidental en Santa Ana y que temen por su salud, ya que sus padecimientos de salud pueden haber empeorado.
«Su familia le lleva sus medicamentos, pero no sabemos si se los brindan, si los está recibiendo, qué situación tiene él y nos preocupa», comentó.
El equipo de abogados considera esto como un atropello contra una persona detenida y reiteró que, como equipo de abogados, han gestionado visitas a la Dirección de Centros Penales pero no les dan ninguna respuesta.
Además, reveló que el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria les negó el acceso porque está siendo procesado bajo el régimen de excepción. «El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria ya nos dijo que no, porque el régimen de excepción no permite ver a los detenidos. Nosotros estamos apelando esa resolución y lo mantienen incomunicado», lamentó el abogado.
Salvador Enrique Anaya, capturado el 7 de junio de 2025, es un abogado constitucionalista, crítico del gobierno actual, que pidió anular la inscripción de Nayib Bukele como candidato presidencial a la reelección para un segundo periodo por considerar que violaba al menos seis artículos de la Constitución. Fue detenido por la Fiscalía General de la República acusado de lavado de dinero y activos.
El 9 de julio, la Embajada de Italia en El Salvador indicó que da seguimiento al caso judicial contra el abogado Enrique Anaya. «La Embajada de Italia en San Salvador está monitoreando con atención el referido caso», indicó el embajador Paolo Rozo en una carta dirigida al Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional.
El Juzgado Séptimo de Paz dictaminó enviar a prisión a Anaya y su proceso penal tiene «reserva total».
Luego de su arresto, Anaya se había mantenido inicialmente en las bartolinas de la División de Tránsito Terrestre de San Salvador. La Sala de lo Constitucional admitió una demanda habeas corpus por su estado de salud.