El acuerdo financiero con el Fondo Monetario Internacional (FMI) comprometió al gobierno de El Salvador a hacer una nueva reforma de pensiones a partir del año 2026 que tenga «una base sólida» y que contenga costos fiscales y deudas contingentes, según el documento «Solicitud de ampliación del acuerdo en virtud del Servicio Ampliado del Fondo (SAF)» publicado el 3 de marzo.
Al finalizar esta evaluación y con la asistencia técnica del FMI, la propuesta de reforma deberá ser publicada el 10 de febrero de 2026 y adoptada a partir del año de 2026 «para poner el sistema de pensiones sobre una base sólida al tiempo que se contienen los costos fiscales y los pasivos contingentes».
En el documento sobre el acuerdo con El Salvador, el FMI detalló que «en concreto existe el compromiso de contener los posibles costos fiscales asociados a la reforma de las pensiones de 2022».
El Fondo señala que la reforma de 2022 «desvinculó» los beneficios del sistema de los saldos que tienen acumulados los cotizantes en sus Cuentas de Ahorro Individuales para Pensiones (CIAP) y «dispuso que los ahorros de pensiones del sistema privado financiaran lo que queda del sistema público de reparto anterior».
La reforma de 2022 aumentó un 30 % a las pensiones por vejez tanto del sistema público como del sistema privado, aumentó la cotización aportada por el empleador y estableció una nueva reforma para continuar tomando prestados los ahorros de los cotizantes a una tasa del 7 % anual para pagar pensiones de jubilados del sistema previsional público, que no tiene fondos.
El gobierno también se comprometió a reanudar evaluaciones periódicas de sostenibilidad del sistema de pensiones, a publicar una evaluación actuarial independiente a finales de julio de 2025.
El FMI recordó que el Sistema Público de Pensiones (SPP), que tiene 88,000 beneficiarios y solo 2,300 contribuyentes, administrado por el Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP), enfrenta «déficits crónicos» financiados por bonos y transferencias, déficits que aumentarán del 2 % del PIB en 2025 a 2.7 del PIB en 2027, lo que provocará un aumento de las transferencias del 0.5 % del PIB al 1.1 % del PIB, con lo cual la deuda de pensiones llegaría al 28.3 % del PIB en 2027.
Por otra parte, el Fondo explicó que el Sistema Privado de Pensiones, operado por las dos AFP, Crecer y Confía, administra cuentas individuales de capitalización (CIAP) y una cuenta solidaria (CGS), pagan pensiones a unos 128,000 jubilados y reciben contribuciones de 950,000 trabajadores, en donde «los ahorros del sistema privado de pensiones son la principal fuente de financiamiento del ISP».
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