La organización Amnistía Internacional y la relatora de las Naciones Unidas sobre los defensores de derechos humanos exhortaron este martes a liberar inmediatamente a dos líderes comunitarios que participaron en una protesta cerca de la residencia del presidente salvadoreño, Nayib Bukele.
Amnistía Internacional publicó un comunicado para dirigirse a autoridades salvadoreñas y exigirles que garanticen “de forma inmediata e incondicional la libertad” de José Ángel Pérez y Alejandro Henríquez, quienes fueron capturados en mayo de 2025 luego de protestar contra el desalojo de la comunidad de El Bosque.
La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Ana Piquer, aseveró que ambos líderes “nunca debieron pasar un solo día en prisión por ejercer pacíficamente su derecho a defender los derechos de su comunidad”.
Por su parte, la relatora especial sobre los defensores de los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Mary Lawlor, anunció que seguirá la audiencia preliminar de cerca.
“Seguiré de cerca la audiencia preliminar en el juicio contra los defensores Alejandro Henríquez y Angel Pérez en #ElSalvador mañana. Permanecen incomunicados desde mayo. Reitero mi llamamiento para que sean puestos en libertad y se retiren los cargos en su contra”, expuso la relatora de la ONU, en un mensaje publicado en X dirigido a la Cancillería salvadoreña.
«Oportunidad de rectificar», dice AI
Piquer calificó la detención como “arbitraria y profundamente injusta”. Ambos son acusados de los delitos de resistencia y desórdenes públicos por la Fiscalía salvadoreña y son considerados prisioneros de conciencia por Amnistía Internacional.
Para ella, mañana miércoles 29 de octubre, día en que recibirán las medidas de detención provisional para ambos, es “una oportunidad para que las autoridades rectifiquen” y “garanticen el respeto pleno al debido proceso”.
“José Ángel y Alejandro nunca debieron pasar un solo día en prisión por ejercer pacíficamente su derecho a defender los derechos de su comunidad”. Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Según Amnistía Internacional, se ha “vulnerado gravemente su derecho a la presunción de inocencia, a la defensa adecuada y a un juicio justo”. Señaló que los líderes comunitarios “han permanecido incomunicados sin acceso al mundo exterior, incrementando el riesgo de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes” y han sido expuestos a un sistema penitenciario caracterizado por el hacinamiento extremo”.
Para la organización, su captura es un patrón sistemático de “criminalización que busca silenciar a quienes denuncian abusos, defienden los derechos de sus comunidades y reclaman justicia” en El Salvador. “Pretende enviar un mensaje de miedo e intimidación a todas las personas que exigen justicia y defienden el territorio en El Salvador. Esto debe terminar ya”, exigió Piquer.
Luego de la protesta cerca de su residencia contra el desalojo de la comunidad El Bosque, el presidente Bukele anunció que presentaría nuevamente el proyecto de Ley de Agentes Extranjeros.
Según el presidente, las «personas humildes fueron manipuladas por grupos autodenominados de izquierda y ONG globalistas, cuyo único objetivo real es atacar al gobierno» y «la presencia coordinada de medios, el acarreo evidente y los ‘banners’ (anuncios) impresos profesionalmente lo confirman». El gobernante opinó sobre el desalojo contra la comunidad y dijo que «el caso que motivó la protesta viene desde 1998 y ya fue judicializado en 2008, con sentencia firme en todas las instancias a favor del acreedor».