La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) informó este martes dejará de ejecutar proyectos que sean financiados con cooperación internacional debido a la entrada en vigencia de la Ley de Agentes Extranjeros.
A través de un comunicado publicado en redes sociales, la APES explicó que tomó la decisión por «las asfixiantes, arbitrarias e ilegales condiciones que impone la ley» aprobada por la Asamblea Legislativa en mayo de año.
En ese sentido, la asociación indicó que en los últimos tres meses ha suspendido, liquidado y cerrado los proyectos que se financiaban con fondos de cooperantes y que provienen del exterior.
«La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) informa que, ante la entrada en vigencia de la Ley de Agentes Extranjeros, nos hemos visto obligados a renunciar a nuestro derecho de ejecutar proyectos con fondos de cooperación internacional en el país». Asociación de Periodistas de El Salvador.
Además, informó que ha cerrado sus oficinas ubicadas en Santa Elena hasta nuevo aviso, aunque señaló que seguirán prestando los servicios de registro y denuncia de agresiones y vulneraciones a la prensa. «Seguirá defendiendo los derechos a la libertad de expresión, libertad de prensa a los colegas salvadoreños», afirmó.
Denunció también en el escrito que no ha recibido las credenciales de la junta directiva, pese a que desde hace un año han estado solicitándolas en el Ministerio de Gobernación.
«Seguiremos insistiendo, apegados a nuestro derecho de organización y asociación, pese al cierre deliberado del espacio cívico» reza el comunicado, que también insiste en que el Registro de Agentes Extranjeros «está diseñado para usar este poder de manera arbitraria».
La Ley de Agentes Extranjeros inició su vigencia el 7 de junio y otorgó 90 días para que cualquier persona u organización con fondos extranjeros se inscribiera en el registro que los obliga a dar cualquier información de actividades y financiamiento, así como ha pagar un impuesto del 30 % y ser regulados en las actividades consideradas «políticas».
Organizaciones nacionales e internacionales califican la ley de negativa por considerar que restringe las libertades fundamentales y que amenaza la democracia en El Salvador.
Organizaciones como la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), Cristosal y la Fundación para el Desarrollo de las Ciencias Sociales (Fudecso) han cesado operaciones en El Salvador por la misma normativa.