Con 56 votos de Nuevas Ideas y sus aliados, la Asamblea Legislativa reformó la Ley especial de recolección, aprovechamiento y disposición final de residuos, para facultar a la Autoridad Nacional de Residuos Sólidos (ANDRES) a aprobar precios que cobrará al público por productos y servicios que ofrezca.
«Aprobar los precios públicos por servicios y productos que ofrezca a través de un acuerdo institucional previa autorización del Ministerio de Hacienda», indica la nueva facultad.
La reforma agrega que el patrimonio de ANDRES también estará conformado por: «j) Los recursos provenientes del pago de la prestación de sus servicios y productos».
La reforma no detalla qué servicios y productos generarán los precios que serán cobrados por ANDRES, aunque el director general de ANDRES, Alexander Gil Arévalo, aseguró que buscan definir el pliego tarifario para comercializar residuos voluminosos que la Autoridad está recolectando, como electrodomésticos, llantas, colchones, vidrio, entre otros.
Así mismo, permite que el Fondo Especial, creado para recolectar y disponer residuos, se destine también para el «funcionamiento» en asocios y contratos con terceros para la recolección, aprovechamiento o disposición de desechos.
Según la lectura, también el Fondo podrá ser utilizado para pignorar, pagar préstamos o titularizar activos.
La reforma modificó la exigencia de ser abogado para los vocales del tribunal sancionador a la de ser profesionales con título universitario.
También, se eliminó la exigencia de «tener conocimientos y experiencia laboral, en lo relacionado con la aplicación de la
legislación ambiental y especialmente de los Procedimientos Sancionatorios» para todos los miembros del tribunal sancionador.