El congresista estadounidense Glenn Ivey, demócrata, se refirió el lunes a la detención de Ruth Eleonora López, jefa de la unidad anticorrupción de la asociación Cristosal arrestada el domingo 18 de mayo al ser acusada de peculado por la Fiscalía salvadoreña.
«Es coincidente que ella fuera arrestada pocos días antes de nuestra llegada. Pero es importante asegurarse de que se respeten sus derechos y también los derechos de otras personas», afirmó durante una conferencia de prensa en la cual lamentó no haberse reunido con el salvadoreño Kilmar Ábrego, deportado en marzo pasado a El Salvador y quien estaría en la penitenciaría de Santa Ana.
Chris Newman, abogado de Ábrego García e integrante de la Red Nacional de Jornaleros en los Estados Unidos, manifestó que monitorearán también caso de Ruth López. «Viendo lo que pasa y ella debe recibir sus derechos», indicó.
El congresista de Maryland, quien visitó El Salvador del viernes al lunes, destacó que, además de Ábrego, «hay al menos 50 venezolanos que han sido deportados por Estados Unidos a El Salvador y están en prisión aquí (en El Salvador) bajo un contrato con Estados Unidos» sin que tuvieran un estatus ilegal, citando el hallazgo de un estudio de CATO Institute.
Desde marzo, Estados Unidos ha deportado a 266 venezolanos y 23 salvadoreños a El Salvador, que inmediatamente fueron recluidos en el Centro de Confinamiento contra el Terrorismo (Cecot).
«Tenían derecho a estar allí (Estados Unidos), así que no estaban violando ninguna ley al estar en Estados Unidos, no habían cometido delitos ni en Estados Unidos, ni en El Salvador, ni en Venezuela. Así que están detenidos incluso cuando no han cometido ningún delito, no han violado ninguna ley, ni hecho nada ilegal, y están siendo retenidos indefinidamente. Así que estamos presionando también en ese caso, que también está en los tribunales en Estados Unidos», indicó sobre la investigación de CATO Institute.
Según el congresista, «todos deberían tener el derecho a recibir visitas cuando están en la cárcel» de familias y abogados. Recordó que cuando él era fiscal los detenidos podían comunicarse con sus abogados y familias aunque las conversaciones eran grabadas para asegurarse de que no se facilitara una actividad delictiva.
Advirtió que los procesos o caso penales contra dichos detenidos «no están en El Salvador sino en Estados Unidos».
El abogado de Ábrego García manifestó que, para él su cliente no es «deportado», ya que, de lo contrario, estaría libre.
«Quiero aclarar algo, Kilmar García no es un deportado. Si fuera deportado estaría aquí sentado con nosotros. Está encarcelado, secuestrado bajo quién sabe qué tipo de ley, qué tipo de acusación».
Chris Newman, abogado de Kilmar Ábrego García.
Insistió en que quieren la prueba de vida de Ábrego García. «No hemos escuchado nada de él desde el 17 de este mes. Queremos saber dónde está. No sabemos si todavía está en Santa Ana o si está en otro lugar. Queremos acceso al señor Ábrego García para que él pueda recibir servicios legales», indicó.
Públicamente Ábrego García ha sido acusado públicamente por la Casa Blanca y la Fiscalía estadounidense de ser miembro de la pandilla MS-13, a raíz de un informe del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que lo fichó como miembro de la MS-13.
La Corte Suprema ha frenado las deportaciones de Estados Unidos hacia El Salvador tras una demanda.
El salvadoreño Jaime Contreras, vicepresidente ejecutivo del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU), quien acompañó al congresista Ivey, manifestó que «sea de Venezuela, de Haití de El Salvador, sea de donde sea, todo mundo debe tener el derecho básico de una audiencia de vida».
«Yo sé que van a haber personas que van a decir 'Oh, ahí están los defensores de los pandilleros'. Así van a decir de nosotros. Quiero aclarar bien, aquí estamos defendiendo los derechos de los inocentes».
Jaime Contreras, vicepresidente de SEIU, quien acompañó al congresista en El Salvador.
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