Sin proponer a algún candidato específico, los diputados de la Comisión Política de la Asamblea Legislativa aprobaron la noche del lunes un dictamen favorable para que el pleno elija al procurador de derechos humanos que fungirá entre el 16 de octubre de 2025 hasta el 15 de octubre de 2028.
Luego de entrevistar a los cinco candidatos, entre estos la procuradora Raquel Caballero de Guevara y el dirigente sindical Roswall Solórzano, quien según la diputada Cesia Rivas, en el reporte entregado a los diputados, apareció con cinco procesos en la Fiscalía General de la República de los cuales cuatro están «archivados» y uno está abierto. Solórzano le respondió el caso informado como «activo» está «archivado».
Públicamente aún no se conoce cuál será el nombre propuesto por Nuevas Ideas. En las elecciones de funcionarios de segundo grado, las propuestas del partido oficial coinciden con las que realizan los partidos aliados, PCN y PDC, pero estas las dan a conocer hasta en el pleno legislativo.
¿Quiénes son los candidatos a la PDDH y qué dijeron a los diputados?
1. Raquel Caballero de Guevara: actual procuradora de derechos humanos, elogió el sistema carcelario actual, dijo que no ha recibido ninguna denuncia sobre algún caso de tortura en El Salvador y defendió la reserva de información sobre los viajes que ha realizado como procuradora. Elogió la situación de seguridad actual.
2. Carolina María Hernández de Hernández (ha sido jefa del departamento de denuncias de la PDDH): dijo que tendría una PDDH cercana a la población, elogió el régimen de excepción. Consideró que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos emite resoluciones para los Estados “de carácter moral” y los Estados deben deben cumplir las recomendaciones. Propuso crear un número único de atención para atención integral. Aseguró que la población tiene derecho a conocer qué está haciendo el procurador de derechos humanos como los viajes y cuáles serán los beneficios.
3. Roswal Gregorio Solórzano Hernández (dirigente sindical y colaborador en Unidad de Monitoreo del Órgano Judicial). Dijo que tiene “179 organizaciones sociales”, que participa en una asociación de “abogados populares” y que están “incursionando” también en el tema migratorio. Defendió el régimen de excepción. Dijo que hay que valorar “el daño colateral” y “la realidad que está viviendo el pueblo salvadoreño en este momento”. Criticó reclamos de organizaciones que sostienen captura de personas inocentes sin revisar los “expedientes”, criticó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “Hay que revisar el sistema interamericano, revisen cómo está conformada la CIDH”, dijo.
La diputada Cesia Rivas aseveró que Roswal Solórzano tiene cinco expedientes en Fiscalía General de la República, cuatro archivados y un activo por “desacato y divulgación de la imagen de persona protegida”. Rivas le pidió explicar el caso activo.
“Ese expediente está archivado, lo juro frente al pueblo”, dijo Solórzano. Añadió que un juez de San Miguel lo denunció porque él dijo que el funcionario maltrató a empleados pero añadió que un fiscal le notificó en abril pasado que el caso quedaba archivado.
4. Walter Edgardo Fuentes Rodríguez (procurador de defensa pública penal): como primera acción haría una revisión al cuerpo legal “desfasado” con un “FODA”, propuso la creación de defensorías móviles y un comité para la atención integral a víctimas de desapariciones forzadas. Dijo que haría mesas de trabajo interinstitucionales para hacer propuestas al Estado salvadoreño, ante la pregunta si presentaría una ley de justicia transicional. También propuso capacitación en Inteligencia Artificial y transparencia.
5. David Oswaldo Escobar Meléndez (juez de cuentas en la Corte de Cuentas): propuso una “reingeniería”, uso de herramientas tecnológicas, promoción de derechos humanos, interrelación con el Ministerio Público y mantener «la mejor comunicación» con las instituciones del Estado. No quiso opinar sobre la reserva de información de los viajes de la actual PDDH dirigida por Raquel Caballero de Guevara. «Hay factores para hacer una reserva de información, no podría yo decir si se ha hecho una reserva excesiva», arguyó.