El vicepresidente salvadoreño, Félix Ulloa, entrevistado por la revista francesa Le Grand Continent, aseguró que el acuerdo entre El Salvador y Estados Unidos que permite encarcelar extranjeros deportados no viola la soberanía nacional de El Salvador y tampoco es un problema de «derecho internacional», ya que es una «relación de prestación de servicio».
La entrevista publicada hoy fue titulada en francés «Francia podría solicitar los servicios de los establecimientos penitenciarios de El Salvador» y en su versión en español, «Dicen que algún funcionario negoció con las pandillas, son acciones aisladas, no es una política de gobierno».
A la pregunta sobre cómo se justifica legalmente que el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en una «suerte de cárcel estadounidense» y si no implica «un problema de soberanía» para El Salvador, Ulloa respondió que «definitivamente no».
«En vista de la calidad y seguridad de las instalaciones que proponemos, se está dando este servicio que podríamos llamar un alojamiento penitenciario. Es como si viene una persona a El Salvador y pide tratamiento médico; tenemos turismo médico para personas que vienen a hacerse tratamiento odontológico», fueron sus palabras.
El vicegobernante detalló que «El Salvador es un país que propone una oferta de servicios a la comunidad internacional» y puso como ejemplos los servicios turísticos, tecnológicos y médicos. Explicó que el servicio de «alojamiento penitenciario» no es exportación del sistema carcelario sino «una prestación de servicio» y ejemplificó el interés de Ecuador en el sistema penitenciario salvadoreño que Ulloa calificó de «modelo para otros países».
Ulloa señaló la «doble moral» de la comunidad internacional al referirse a la propuesta del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, a Nicolás Maduro, para canjear venezolanos presos en El Salvador por la liberación de la misma cantidad de presos políticos en Venezuela.
Niega pacto
En la entrevista, negó cualquier pacto del gobierno de Bukele con las pandillas –»Este gobierno jamás ha negociado con las maras», «tenemos a los cabecillas del más alto nivel de las pandillas encarcelados»– pero afirmó que «es posible que en las negociaciones con los líderes de los vendedores ambulantes haya habido pandilleros y por eso dicen ellos que son negociaciones entre las pandillas y el gobierno».
«Pero como política de Estado nunca ha habido negociación», afirmó, respecto a la publicación de El Faro, en donde un cabecilla del Barrio 18 afirmó que hubo pacto y que recibieron $250,000.
El funcionario se refirió al programa «Cero ocio» y aseveró que El Salvador tiene una tasa de 1.9 homicidios por cada 100,000 habitantes, calificándolo como el «más seguro de las Americas».
El proceso de deportación de extranjeros a El Salvador inició el 15 de marzo, cuando el gobierno de Estados Unidos deportó a 238 venezolanos señalados de pertenecer al Tren de Aragua y 23 salvadoreños, acusados de pertenecer a la MS-13. El pasado 28 de abril, la activista Kerry Kennedy aseveró que el gobierno negó el acceso a 10 de estos venezolanos presos que representa como abogada y presidenta de la Fundación Robert F. Kennedy.
La oferta de encarcelar extranjeros e incluso estadounidenses en El Salvador fue realizada en febrero durante la visita del secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, quien explicó que se trataba de un «outsourcing«, calificándolo de «una oferta muy generosa», «increíble» y «sin precedentes».
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