El acuerdo del gobierno de El Salvador con el Fondo Monetario Internacional (FMI), a nivel de personal, reiteró el compromiso de una reforma a «los sistemas de pensiones» con la finalidad de «respaldar» el ajuste fiscal después del año 2025.
El FMI anunció ayer un acuerdo de la primera revisión del programa de 40 meses del Servicio Ampliado del FMI (SAF) que aún debe ser aprobado por el directorio ejecutivo del FMI y mediante el cual el gobierno de El Salvador recibiría «aproximadamente $120 millones».
Según el subdirector del Departamento del Hemisferio Occidental y el jefe de misión para El Salvador del FMI, «la mayoría de objetivos del programa establecidos para la primera revisión se cumplieron con creces» y «la implementación avanza satisfactoriamente».
Uno de los acuerdos de esta primera revisión es que «la consolidación fiscal» continúe este año 2025 a través de mecanismos como la reforma a «los sistemas de pensiones», además de reducción en el gasto salarial, una reforma al servicio civil y la contención de gastos corrientes.
Las reformas se harían en función de «salvaguardar el ajuste más allá de este año». El FMI ha requerido un ajuste fiscal del 3.5 % del Producto Interno Bruto (PIB), un 1.5 % en 2025 –0.2 % de ingresos y 1.3 % de contención del gasto–, 1 % en 2026 y 1 % en 2027.
En el acuerdo financiero con el FMI publicado el 3 de marzo, que promete un financiamiento aproximado de $1,400 millones, El Salvador se comprometió a publicar una evaluación actuarial independiente «a finales de julio de 2025», diseñar una propuesta de reforma a ser publicada el 10 de febrero de 2026 y adoptada al iniciar el año 2026 para colocar el sistema «en una base sólida», según el punto 20.
Los compromisos anteriores buscarían contener «los costos fiscales» asociados a la reforma de 2022.
Según el FMI, la reforma de 2022 desvinculó los beneficios del sistema de saldos de las Cuentas de Ahorro Individuales para Pensiones (CIAP) y dispuso destinar ahorros del sistema privado a lo que queda del sistema público de reparto anterior.
Además, la reforma aumentó las pensiones por vejez, la cotización y permitió, con una rentabilidad mayor, que el Estado siguiera tomando prestados los ahorros de los cotizantes para pagar pensiones de jubilados del sistema previsional público.
Según el Fondo el Sistema Público de Pensiones (SPP) –con 88,000 beneficiarios y solo 2,300 contribuyentes– enfrenta «déficits crónicos» financiados con deuda estatal y transferencias que aumentarán del 2 % del PIB en 2025 a 2.7 % del PIB en 2027, con lo cual la deuda de pensiones alcanzaría un equivalente del 28.3 % del PIB en 2027.
El sistema público es administrado por el Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP), que desde 2022 tiene la facultad de emitir certificados para que estos sean adquiridos por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) con los fondos de los trabajadores de los cotizantes de las AFP para financiar pensiones del sistema público o SPP.
Por otra parte, el Sistema Privado de Pensiones –con 128,000 jubilados y 950,000 trabajadores cotizantes– que administra las Cuentas Individuales de Capitalización (CIAP) de los cotizantes y una Cuenta de Garatía Solidaria (CGS) que garantiza el pago de las pensiones mínimas a los cotizantes.
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