La actual procuradora de defensa de derechos humanos de El Salvador, Raquel de Guevara, aseguró que no tiene reportes de ningún caso de tortura en las cárceles salvadoreñas, algo que fue cuestionado por la diputada Cesia Rivas, de Vamos.
“No he recibido ni un caso de tortura en este periodo”, aseguró la funcionaria, este lunes, en su entrevista como candidata a su segunda reelección en el cargo.
Entre las cifras que proporcionó, la funcionaria mencionó que la PDDH tiene 3,379 expedientes en investigación y ha recibido 19,935 solicitudes de personas privadas de libertad.
Guevara aseguró que ha visitado los centros penales y se declaró “impresionada” e “impactada”: en el centro penal La Esperanza, dijo, vio orden y limpieza, cultivos hidropónicos, “ya hay lechugas y repollos”.
En el centro penal de Apanteos, en Santa Ana, dijo que “lo impresionante” es que no vio a ninguna de las privadas de libertad “con esposas”, las celdas estaban vacías y todas estaban en distintas actividades.
“Otra de las cosas que me impactaron”, dijo, “es la autosostenibilidad”. Indicó que “todos” los 3,700 privados de libertad en el penal de Quezaltepeque “reciben atención médica” y en donde, reveló, “hay pacientes renales 1, 2, 3 y 4. Comentó posteriormente que encontraron a un privado de libertad que “él solo se estaba haciendo la diálisis”.
Agregó que “una de las cosas bastante impresionantes” es la fábrica del centro industrial penitenciario en donde 3,000 privados de libertad confeccionan uniformes para distintas instituciones.
“No hay motines. Ahora la situación es completamente diferente”, indicó.
“Vulneración sistemática” del Estado
La diputada Cesia Rivas, de Vamos, le respondió que desde el acuerdo de paz de 1992 no había habido una vulneración sistemática por parte del Estado como la que se está viviendo ahora con el régimen de excepción.
Le dijo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH reportó 4,825 detenciones arbitrarias, 402 casos de tortura, 193 desapariciones forzadas y más de 300 muertes bajo custodia estatal en 2024.
Le dijo también que el Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (Conapina) reportó entre marzo de 2022 a 2023 que hubo 3,319 menores detenidos de los cuales fueron entrevistados 66 liberados y muchos reportaron maltratos, hacinamiento, hambre, abuso sexual, tortura y fueron obligados a realizar confesiones falsas.
Rivas le aclaró que se refería a las vulneraciones por parte del Estado, ya que todos saben la violencia que provocaron las pandillas.
“Yo tengo otra versión de los hechos”
“Yo tengo otra versión de los hechos. Cuando el Estado permite que en el año 2015 haya muchos asesinatos, incluso más de 3,000 asesinatos al mes, es un Estado fallido, venimos de situaciones realmente graves”, le respondió la procuradora.
Guevara dijo que el gobierno actual ha implementado el régimen de excepción que tiene “rango constitucional”.
Indicó que si hay alguna situación en los centros de resguardo de menores “hay procesos que se han impulsado para investigar esos casos”.
Le piden levantar reserva a viajes a la procuradora
La diputada Marcela Villatoro, de Alianza Republicana Nacionalista, le preguntó sobre qué protección realiza sobre los despidos en la institución, las acciones sobre las desapariciones denunciadas y los avances sobre el caso del fraude de la Cooperativa de Santa Victoria (Cosavi).
La diputada también le preguntó sobre la reserva de información de los viajes realizados en la PDDH. “Quiten esas reservas”, le sugirió.
“Varias personas nos decían qué está haciendo la PDDH para ayudarles a que se respeten sus derechos”, indicó.
Guevara respondió que está tratando “de optimizar recursos, ya tenemos la seguridad” en el país, “es importante que optimicemos esos recursos”.
También, le preguntó que si era cierto que había cometido nepotismo y que le había dado plaza a una hijastra suya. Indicó que fue doblemente juzgada por ello y que el ascenso que aprobó era de una persona que ya había sido contratada.
“Le aseguro mil por mil que no me fui a ningún estadio”, indicó en la comisión sobre sus viajes bajo reserva, también cuestionamiento realizado por la diputada de Vamos. La procuradora justificó la reserva en que la PDDH había recibido «demasiadas solicitudes» de información.