Diputadas de oposición creen que el proyecto gubernamental de nueva Ley de desarrollo social, que busca reemplazar una ley de 2014 pero sin la mención expresa de 14 programas sociales, podría ser “letra muerta” o dejar sin una obligación legal al Estado.
La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, mostró su preocupación por que el nuevo proyecto propuesto por la ministra de Desarrollo Local, María Ofelia Navarrete, haya excluido la mención de 14 programas sociales y expresó su interés por conocer cuáles serán incluidos.
Mientras, la diputada Marcela Villatoro, de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), aseguró que la ley “crea una entidad sin propósito” porque no establece “con claridad los programas sociales” y “se deja al arbitrio de unos pocos la decisión”. “Probablemente será una ley muerta”, afirmó este martes, cuando fue consultada al respecto.
La propuesta de ley no ha sido aprobada. Para recibir una explicación del proyecto, la Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno citó al presidente del Instituto Administrador de los Beneficios de los Veteranos y Excombatientes (Inabve), Juan Alberto Ortiz.
Ortiz: “Quita la obligación”
La diputada Claudia Ortiz, del partido Vamos, aseguró que el Estado salvadoreño debe hacer una estrategia de protección social “muy contundente”, en educación, madres solteras y pensiones de adultos mayores.
Ortiz aseguró que en la propuesta “se quita la obligación” del Estado para realizar más cobertura social y “quita los programas sociales”.
“Nos preocupa que esta propuesta de ley quita la obligación, quiero ver cuáles son los programas que se van a agregar. Al no estar como ley, quiere decir que ya no es obligación del Órgano Ejecutivo de brindarlos a la población”.
Claudia Ortiz (Vamos).
La normativa suprime 14 nombres programas que habían sido creados por gobiernos anteriores, como vaso de leche, Programa de Apoyo Temporal al Ingreso (Pati), Ciudad Mujer, Pensión Básica Universal, pero no los sustituye por nombres de nuevos programas.
La legisladora aseguró que los derechos económicos, sociales y culturales deben cumplir con el principio de progresividad, es decir, los derechos ganados ya no pueden retroceder. Exhortó a no usar la recaudación tributaria únicamente para pago de deuda o publicidad son también “para proteger a la población vulnerable con estos programas sociales”.
“Será una ley muerta”
La diputada Marcela Villatoro, de Arena, señaló que la ley probablemente será una “ley muerte” porque no establece “con claridad los programas sociales a ejecutar se deja al arbitrio de unos pocos la decisión de hacer o no hacer”.
La diputada criticó que “en ningún artículo de la nueva normativa propuesta aparecen citados con nombre los programas sociales del actual gobierno” y que deroga el artículo 30 en donde se detallan 14 programas sociales.
“Es un grave retroceso para los ciudadanos que se veían beneficiados con programas como alimentación escolar, uniformes, pensión básica, paquetes agrícolas, los programas de Ciudad Mujer, entre otros, que poco a poco se han venido deteriorando y al parecer hoy los desaparecerán”.
Marcela Villatoro (Arena).
La legisladora duda de la ejecución de los programas por las “enormes deudas con los proveedores” y la falta de un plazo para su ejecución.
Rechaza eliminación de consultas
La diputada Villatoro rechazó también que se elimine de la nueva normativa los mecanismos de consulta que establecía la ley de 2014 para formular un “Plan de desarrollo” que contendría los problemas y las alternativas de solución.
“Se eliminan todos los artículos sobre la participación ciudadana, que establecía que debían realizarse consultas en municipios y departamentos como parte de la planificación y evaluación de la ejecución de los programas”, señaló.
También, advirtió que la nueva ley ordena evaluaciones pero sin definir plazos cuando en la normativa de 2014 se establecía que serían anuales.
La nueva normativa crea la nueva Dirección Nacional de Desarrollo y Protección Social (DPS), crea un “Registro Social” para recoger datos sobre las condiciones de vida y los ingresos de las familias beneficiarias de programas sociales y se elimina el carácter público y transparente de la medición multidimensional de la pobreza que establecía en la ley de 2014.
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