La procuradora adjunta para la defensa de los derechos humanos, Mireya Tobar Navarrete, anunció a los diputados que la procuradora, Raquel de Guevara, ha dado instrucciones para “deshacerse” de un edificio de la institución debido al recorte presupuestario que enfrenta hacia el año 2026.
“Hoy la procuradora dio instrucciones al secretario general para tomar medidas sobre un edificio en el cual la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) se va a deshacer para irnos acomodando por el recorte presupuestario, el cual nos va a impactar”, anunció.
La funcionaria, quien asistió en lugar de la titular de la institución, advirtió que tendrán una “reducción bastante significativa” en el presupuesto.
“El presupuesto de este año, que correspondía de $10,765,707 tiene una disminución de $1,926,951, que impacta en un 18 % de disminución, quedando un monto presupuestario para 2026, de $8,838,756”, observó a los diputados.
Sin embargo, mencionó que la procuradora ha tenido la iniciativa de “contar con un edificio propio”. “Ese es parte de los sueños”, dijo. Los legisladores no hicieron preguntas ni comentarios.
Recortarán un 10 % del presupuesto equivalentes a $393,856 al área de monitoreo y protección de derechos humanos y recortarán un 12 % equivalentes a $60,170 a educación, promoción e investigación de derechos humanos. Disminuirán las remuneraciones en un 20 % y los bienes y servicios en un 12 %.
El papel de la PDDH ha sido cuestionado por organizaciones no gubernamentales debido a su pasividad ante denuncias de violaciones a derechos humanos durante el régimen de excepción. Organizaciones como Cristosal y Socorro Jurídico Humanitario (SJH) reportan más de 6,500 denuncias, en su mayoría de capturas arbitrarias.