Un total de 40 reformas aprobadas desde enero hasta el 5 de noviembre pasado por la Asamblea Legislativa han agregado un total de $1,051.1 millones de nuevos recursos a la Ley de presupuesto general del Estado 2025.
Una revisión de los 40 decretos legislativos realizada permite ver que un total de $578.6 millones incorporados provienen de préstamos, cinco de los cuales fueron aprobados en 2025, y $80 millones provino de títulos valores emitidos por la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL).
Un total de 13 decretos de reforma presupuestaria inyectaron $348.8 millones al presupuesto estableciendo que los fondos “serán tomados de las asignaciones disponibles del presupuesto vigente del Ramo de Hacienda, con cargo al Fondo General”.
De esta manera fueron incorporados $113.2 millones para 13 instituciones el 7 de octubre, $1.3 millones para la Dirección de Mercados Nacionales, $10 millones para el sistema penitenciario, $15 millones para la Presidencia de la República, $13 millones para digitalización y manufactura tecnológica, $20 millones para agromercados, $2.3 millones para la Autoridad Nacional de Residuos Sólidos (ANDRES), $1.1 millones para el Consejo Nacional de las Especialidades Médicas (Conadem), $53.9 millones para seis ministerios y la Presidencia, $43 millones para paquetes agrícolas, agromercados y derechos de vía, $12 millones para la Agencia de Ciberseguridad del Estado, $24 millones para seguridad hídrica y $40 millones para centros educativos y agromercados.
Otros cinco decretos, cuya reforma sumó $38.7 millones, establecen que los fondos provienen de recursos propios.
De los préstamos incorporados, $250 millones se dirigen a sostenibilidad fiscal y el resto para apoyo a jóvenes, Surf City I, atención de salud, infraestructura de datos, agua, sistema penitenciario, emergencias, transporte, aeropuerto, salud inteligente, cable submarino y modernización del sistema educativo.
Consultado al respecto, un economista salvadoreño aseguró que la norma debería identificar claramente la fuente y el destino de los recursos pero que el término de “asignaciones” se refiere “por el lado del gasto”.
“Como son asignaciones, debería ser por el lado del gasto, al decir disponibles, uno incluiría que fueron asignaciones que se hicieron y no se ejecutaron o no se ejecutaron en la cuantía que se requería”, sostuvo.
Sin embargo, no lo dice claramente. “Hubo una sentencia en 2020 que se pedía que fuera lo más preciso posible pero sí a nivel de dos o tres dígitos cuál sería la fuente y el destino posible”, recordó.